Agua y Saneamientos Argentinos

Primeras epidemias

La primera epidemia documentada en la Ciudad de Buenos Aires fue un brote de sarampión en 1685, introducido por vía marítima en el contexto de la colonización europea. En aquel entonces, la ciudad estaba surcada por numerosos arroyos y carecía por completo de infraestructura sanitaria. Las condiciones de higiene eran sumamente deficientes, lo que convertía al área urbana en un entorno propicio para la proliferación de enfermedades, plagas e infecciones. Este escenario redundó en un notable incremento de la mortalidad, una situación que las propias autoridades del Cabildo reconocieron como alarmante.^[16][17][18]

El puerto también fue la puerta de entrada de epidemias que se propagaron hacia el interior del territorio causando estragos. Esta situación se vio favorecida por la precariedad de los asentamientos urbanos, especialmente el de Buenos Aires, que no sólo no disponía de un abastecimiento regular de agua potable sino que además se destacaba por la proverbial suciedad de sus calles, donde se multiplicaban alegremente todo tipo de insectos y alimañas. La viruela, el tifus, la fiebre tifoidea, la difteria y la tuberculosis —por sólo nombrar las más conocidas— merodearon periódicamente por estas tierras y alcanzaron el rango de epidemias en numerosas oportunidades a lo largo de todo el siglo xᴠɪɪ y aún bien entrado el siglo xᴠɪɪɪ.^[19]

Durante la etapa colonial, la viruela y el tifus fueron las enfermedades que mayor daño causaron a la población del Río de la Plata. La trata de esclavos contribuyó además a la introducción de la peste bubónica y el cólera a lo largo del siglo XVIII. En 1867, el regreso de combatientes de la Guerra del Paraguay habría sido el vector de un brote colérico que se desató en Buenos Aires y provocó en pocas semanas la muerte de casi 8.920 habitantes, entre ellos numerosos médicos que perdieron la vida en el ejercicio de su labor. Con todo, la epidemia que dejó las consecuencias más graves fue la de fiebre amarilla, particularmente durante los años 1870 y 1871, cuando la ciudad llegó a registrar más de 500 fallecimientos en un solo día, con un saldo total que superó los 13.600 muertos. La ausencia de redes de agua corriente y sistemas de desagüe cloacal agravó sensiblemente la situación.^{[16][20][21][22]}

El cólera hizo su primera aparición en el territorio argentino en 1856, cuando un brote inicial —que no generó mayor alarma— afectó a la ciudad de Bahía Blanca. Sin embargo, fue la epidemia de 1858 la que expuso con crudeza las precarias condiciones sanitarias que imperaban en Buenos Aires. Hacia 1867, la enfermedad registró más de 5.000 casos en una ciudad cuya población no superaba los 180.000 habitantes, una proporción que da cuenta de la magnitud del impacto. El ciclo epidémico de 1867 a 1869 resultó aún más devastador, tanto por su extensión geográfica como por el número de víctimas que dejó. El Dr. José María Penna, al referirse a aquellos años, sostuvo que las pérdidas humanas provocadas por la enfermedad superaron ampliamente las bajas militares sufridas durante los cinco años de la Guerra del Paraguay, una comparación que ilustra la gravedad del fenómeno.^[23][24]

En octubre de 1867, la epidemia trascendió los límites de la capital y se propago hacia las provincias de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, San Luis y Santiago del Estero. Desde Buenos Aires, el avance de la enfermedad alcanzó también a los partidos de la provincia homónima y llegó incluso a las comunidades de los indios Pampa. En la ciudad capital, este segundo brote cobro la vida de más de 15.000 personas, unas 3.000 de ellas dentro del ejido urbano, y quedó asociado directamente a la ausencia de condiciones mínimas de higiene y a la carencia de una red de agua corriente.^[23]

Las epidemias de cólera y fiebre amarilla, que causaron una alta mortalidad en Buenos Aires, impulsaron hacia fines de 1867 la puesta en marcha de obras destinadas a mejorar las condiciones sanitarias de la ciudad.^[25]

Obras de John Coghlan

A pedido del gobierno local, tras el brote de cólera, se decidió ejecutar el plan de saneamiento elaborado por el ingeniero irlandés John Coghlan. El 23 de diciembre de 1867, se creó la Comisión de Obras de Salubridad. Este nuevo organismo fue el encargado de dirigir las obras de aprovisionamiento de agua. Las obras consistían en captar un importante caudal de agua del Río de la Plata hacia Recoleta mediante dos conductos que se adentraban alrededor de 600 metros al río, el agua era posteriormente tratada y distribuida a la población.^[25]

La importancia de la provisión de agua para la salubridad pública era declarada por el propio John Coghlan en uno de sus informes:^[17][26]

"Sin abundante provisión de agua, cloacas y desagües, y con focos permanentes de gases malsanos en cada casa y lodazales en cada calle, debe siquiera haber esperanza de que esta ciudad, por mayores esfuerzos que hagan sus habitantes y autoridades, se encuentre en condiciones de salubridad satisfactoria".

Las obras comenzaron para 1868 y un año después, un 4 de abril de 1869, el nuevo sistema público de agua se inauguraba. Con aproximadamente 20 kilómetros de tuberías, este servicio proveía a menos del 10% de los habitantes de la ciudad.^[25]

El diseño del sistema de agua y saneamiento diseñado por Coghlan tomó como referencia las soluciones aplicadas en las principales ciudades europeas de la época. El proyecto contemplaba la provisión de agua corriente o filtrada, la creación de una red de alcantarillas y la pavimentación de las vías urbanas.^[26]

Esto preveía la recolección conjunta de aguas residuales, pluviales y desechos humanos mediante conductos ubicados bajo las calles, con la idea de reutilizar parte de esos caudales para el riego (actualmente los desagües pluviales están a cargo de cada municipio). El excedente de aguas de lluvia debía canalizarse hacia cursos naturales cercanos. La red subterránea se completaba con bocas de tormenta ubicadas en cada cruce de calles y con cámaras que facilitaban la ventilación y el mantenimiento. El tratamiento y la disposición final de los efluentes fue, desde el inicio, un punto de debate entre los técnicos involucrados.^[27][26]

Obras de Frederick Bateman

En pocos años, las instalaciones diseñadas por Coghlan quedaron limitadas frente al crecimiento poblacional de la capital. Por tal motivo, hacia fines de 1870, durante el gobierno de Domingo F. Sarmiento, se convocó al ingeniero inglés John Frederick Bateman, especialista en obras hidráulicas, para desarrollar y supervisar un nuevo plan integral de abastecimiento y saneamiento urbano.^[5][28]

En 1871, el ingeniero Bateman amplió el área abastecida por el sistema y estableció los puntos de descarga de los efluentes en el Río de la Plata. Al año siguiente, se creó la Oficina Meteorológica Argentina, la institución de este tipo más antigua a nivel mundial, antecedente directo del actual Servicio Meteorológico Nacional.^[27]

La Comisión de Obras de Salubridad mas adelante enfrentó una crítica escasez de recursos económicos. Para 1888, la nueva administración del presidente Miguel Juárez Celman, resolvió ceder la gestión de las obras a una compañía de capitales británicos conocida como The Buenos Ayres Water Supply and Drainage Company. Sin embargo, el deterioro de las condiciones económicas del país, agravado por la grave crisis financiera de 1890 y el derrumbe en noviembre de ese año de la Casa Baring —entidad que avalaba dicha operación— llevaron a que la empresa obtuviera la rescisión del contrato en 1891.^[5][10]

Fue así que, en 1892, el Estado nacional retomó la responsabilidad sobre el saneamiento urbano a través de la promulgación de la Ley N.º 2927, del 30 de diciembre de ese año. La administración del servicio recayó nuevamente en la Comisión de Obras de Salubridad, cuyos ingenieros asumieron además la conducción técnica directa de los trabajos.^[10][5]

La comisión fue ampliando y mejorando la infraestructura y como resultado en todo el área céntrica —unas 2.500 hectáreas— quedó consolidada la provisión de agua potable y desagüe cloacal, gracias al cual se redujo la tasa mortalidad según estimaciones municipales. Las principales infraestructuras eran la planta potabilizadora del barrio de Recoleta —inaugurada en 1869, actualmente sede del Museo Nacional de Bellas Artes— y el depósito distribuidor sobre la Av. Córdoba.^[25][29]

Para el año 1905, el proyecto de Bateman correspondiente al llamado “Radio Antiguo” (zona en la que se hicieron las obras) estaba finalizado, con la colaboración del ing. Guillermo Villanueva. La propuesta original había sido pensada para una población de 400.000 habitantes, pero la ciudad ya superaba el millón. Entre las obras concluidas figuraban el Establecimiento de Aguas Corrientes en Recoleta, el Gran Depósito de Avenida Córdoba (hoy como Palacio de Aguas Corrientes), las redes principales de cañerías, los desagües cloacales externos, el sifón bajo el Riachuelo y cinco grandes conductos pluviales.^[25][30][31]

Cuando se proyectaron esas obras, Buenos Aires contaba con unos 180.000 habitantes, se estimó improbable que superara los 400.000 en las décadas siguientes. Sin embargo, hacia 1908 la población había rebasado el millón, convirtiendo a la ciudad en un centro comercial y portuario clave del Atlántico Sur. El crecimiento económico y la fuerte inmigración generaron una expansión urbana mucho mayor a la prevista.^[25]

Plan nacional de saneamiento y conformación de Obras Sanitarias de la Nación

En 1898, la Comisión de Obras de Salubridad atravesó una reestructuración institucional que la transformó en la Dirección General de Obras de Salubridad, quedando incorporada como una de las cuatro divisiones del recientemente establecido Ministerio de Obras Públicas. Este cambio amplió su alcance al ámbito nacional, permitiéndole participar en el diseño y construcción de infraestructura sanitaria en distintas capitales provinciales del país. Dicha expansión fue respaldada legalmente por las leyes 3.967 y 4.158, promulgadas en 1900 y 1903 respectivamente, las cuales definieron los criterios y esquemas de financiamiento para las nuevas obras.^[5][10]

En ese contexto se elaboró un ambicioso plan para extender la red de agua potable y saneamiento a la totalidad de los barrios de la ciudad , abarcando unas 19.000 hectáreas. El objetivo era garantizar el suministro de agua a unos 300 litros diarios por habitante, proyectando abastecer a una población que, en un horizonte de cuatro décadas, podría llegar a los seis millones de personas. Esta obra fue elevado al Ministerio de Obras Públicas en agosto de 1908 y obtuvo aprobación en breve tiempo.^[5]

A finales de 1911, el Poder Ejecutivo impulsó una propuesta para convertir la Dirección General de Obras de Salubridad en un organismo con autonomía propia, con el fin de habilitarla para gestionar operaciones de crédito de manera independiente. Sin embargo, la aprobación legislativa no se concretó sino hasta julio de 1912, y con limitaciones considerables respecto a los niveles de endeudamiento permitidos. De este modo, mediante la sanción de la Ley N.º 8889 del 18 de julio de 1912, quedó formalmente constituida Obras Sanitarias de la Nación, entidad creada para estudiar, construir y administrar las obras de provisión de agua potable para uso doméstico en ciudades, pueblos y colonias del territorio nacional, convirtiéndose en una de las primeras empresas públicas de escala nacional en la historia del país.^[5]

Esta nueva entidad, autónoma en su gestión, integró las experiencias previas de la Dirección General de Obras de Salubridad y formalizó institucionalmente el esfuerzo iniciado décadas antes: un sistema de saneamiento y aguas corrientes.

Crecimiento

En este contexto de creciente actividad, en 1939 se creó el Área Sanitaria Metropolitana, que aglomeraba a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en una sola unidad administrativa. En 1940, se empezaron a prestar servicios en 14 partidos de la Provincia de Buenos Aires, marcando por un lado la máxima expansión de la red en el área metropolitana y por otro la época de mayor actividad de Obras Sanitarias de la Nación.

En 1943, la empresa fue renombrada a Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. Al año siguiente el Poder Ejecutivo institucionalizó el Área Sanitaria Metropolitana, que existió en tal carácter hasta la disolución de OSN, hecho que tendría lugar casi cinco décadas más tarde.

Década del '40

En 1949, la Ley 13577 lanzada durante la presidencia de Perón volvió a definir los objetivos de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, descritos como «el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de obras de provisión de agua, saneamiento urbano en la Capital Federal y ciudades y pueblos de la República y la exploración, alumbramiento y utilización de aguas subterráneas». Para ese momento, OSN abarcaba aproximadamente el 85 % del sector, desarrollando actividades en todo el territorio argentino. Durante esa presidencia, se llevaron a cabo un programa de obras, para el periodo 1947-51. En 1942, unos 6,5 millones de habitantes tenían provisión de agua corriente y 4 millones poseían servicios de cloacas. En 1955, los beneficiarios se ampliaron a 10 millones y 5,5 millones respectivamente.^[34]

Décadas del '50 y '60

En 1955, tras instalarse la dictadura autodenominada Revolución Libertadora el crecimiento de la empresa se desaceleró y comenzó a sufrir la economía a partir del régimen militar^{[cita requerida]}.

Décadas del '70 y '80

A partir de la década del '60, Obras Sanitarias nuevamente comenzó a realizar importantes inversiones a través de las cooperativas de agua y saneamiento que se crearon durante las décadas del '60 y '70 que eran responsables del suministro de agua en la mayoría de las localidades de menos de 50 000 habitantes, prestando servicios a más de 4 millones de habitantes. Gracias a estas cooperativas, asociadas con la empresa, se logró llegar a cientos de localidades medianas y pequeñas.

La Ley 20324 del 27 de abril de 1973 cambió el tipo societario de la entonces Administración de Obras Sanitarias de la Nación, que pasó a llamarse oficialmente Empresa Obras Sanitarias de la Nación. Al año siguiente pasó a conformar, junto con todas las empresas públicas, la Corporación de Empresas Nacionales, en 1973 el gobierno de Héctor José Cámpora lanza la construcción de la planta de General Belgrano, destinada a potabilizar el agua superficial proveniente principalmente del Río de la Plata y, en proporción inferior, mediante agua subterránea del Acuífero Puelche. La potabilización del agua superficial para el área de servicio del sur del Gran Buenos Aires,^[35] con una capacidad de producción 1,6 millones m³ (metros cúbicos) por día, muy avanzado para su época. La central fue inaugurada en 1975.^[36] A partir de 1973 el gobierno nacional incorpora el interior de la provincia de Buenos Aires bajo la órbita de la empresaDistintas localidades de la provincia fueron beneficiadas con obras de sanidad, entre ellas se encuentran: Carmen de Patagones, General Villegas, Pehuajó, Sierras Bayas, Arrecifes, Campana, Tres Arroyos, Olavarría, Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Berisso, General Madariaga, entre otras localidades, para 1975 la empresa servía a un total de 8.972.611 habitantes. recibió el carácter de empresa autárquica^[37] bajo la presidencia de Héctor Cámpora .^[38]

Cuatro años más tarde, en 1980, durante la dictadura militar pasaron a la órbita de las provincias los servicios de agua corriente y desagües, a excepción del Área Sanitaria Metropolitana que su operación siguió a cargo de Obras Sanitarias.

Privatización

En mayo de 1993, el gobierno de Carlos Saúl Menem privatizó Obras Sanitarias de la Nación ^[39] siendo entregadas al grupo francés Suez estipulaba que para el final del contrato el 100 % de los hogares en el área de concesión debían tener acceso a agua potable y el 95 % de los hogares acceso a cloacas. Este contrato fue extendido por otros 10 años más durante el gobierno de Fernando de la Rúa.^[40] El pasivo y las deudas de Obras Sanitarias no fueron asumidos por la empresa, quedando en manos del Estado nacional. Obras Sanitarias fue declarada en disolución y liquidada en agosto de 1993.

Para el año 1997 se corroboraron las recurrentes renegociaciones contractuales con ciertos denominados comunes: el incremento real de las tarifas (sobre todo para los sectores de más bajos ingresos, dada la creciente incorporación de cargos fijos sobre la tarifa básica); la condonación de multas e incumplimientos en materia de metas de expansión e inversiones a Suez; la postergación de obras, etc. A esto se le adicionó la introducción de cambios sustantivos en la regulación tarifaria de forma de asegurarle a la concesionaria múltiples reaseguros normativos de garantía de un piso muy elevado a su tasa de ganancia, trasladando todo tipo de riesgo empresario a los usuarios del servicio.^[41]

En 1999 se abriría una investigación judicial por la privatización de Obras Sanitarias de la Nación, determinando se según la fiscalía que está había sido vendida a menos de una quinta parte de su valor real.^[42] La empresa, al año 2002, ha demostrado un incumplimiento del 24 % en cuanto al servicio de agua potable y del 31 % en el de saneamiento. Los reiterados incumplimientos contractuales y los desvíos en las metas de calidad, como la presencia de nitratos en varias localidades y la falta de presión en muchas zonas, determinaron la rescisión del contrato y la creación de AySA en 2006.

La empresa francesa Suez entre mayo de 1993 y enero de 2002 las tarifas residenciales llegaron a incrementarse un 88,2 por ciento, mientras que los precios minoristas lo hicieron un 7,3 por ciento.^[43] Las recomposiciones tarifarias le permitieron a la empresa obtener hasta el 2001 una tasa de rentabilidad promedio del 12,9 por ciento con relación a la facturación y del 15,4 por ciento con relación al patrimonio.

Luego de ganar la concesión el regulador autorizó cambios en las tarifas. Hubo un incremento del 13,5 % en las tarifas por uso y un aumento significativo en el cargo de conexión del servicio. Este incremento fue muy controversial ya que el cargo de conexión era igual al ingreso mensual de una familia pobre.^[44] Fue finalmente reemplazado por un cargo fijo a todos los usuarios en lugar de un cargo de conexión. En 1998 la compañía reestructura sus costos y se produjo una paralización de la expansión de la red de agua potable.^[45]

Durante el primer año bajo administración privada se llevó a cabo un proceso para disminuir el número de empleados se redujo de 7 365 a 3 800, para el segundo año la cantidad de empleados no superaba los 1 200, recortando gastos en sectores clave como las cuadrillas de mantenimiento cuyo número se redujo un 77 % respecto al nivel de 1991 (véase Tabla).^[46] servidas.^[47] Suez llevó al cierre de numerosos pozos de bombeo en todo el conurbano bonaerense y provocó el ascenso de las napas inundando sótanos de casas y edificios, por lo que algunos municipios se vieron obligados a introducir bombas de achique para controlar el nivel de las napas. En 1999 se abriría una investigación judicial por la privatización de AySA, determinando se según la fiscalía que está había sido vendida a menos de una quinta parte de su valor real.^[42]

Mientras que otros autores y estudios afirman que al cuarto año de privatizado el servicio la inversión en mantenimiento representaba apenas el 43 por ciento de la inversión anual promedio bajo gestión estatal, mientras que las inversiones en ampliación de la red eran de 37 por ciento de lo invertido anualmente en la gestión estatal y en el tratamiento de aguas residuales apenas llegaba al 3.7 por ciento, mientras se observaba un fuerte deterioro del servicio durante su etapa privada.^[48] Durante la etapa privada la empresa pidió créditos que nunca utilizaron para inversión, no se amplió la red de saneamiento ni se mejoró el mantenimiento de la red de agua potable.^[49] Mientras que solo se ejecutaron obras por 837,50 millones de pesos (58 por ciento). Entre los incumplimientos figuraban obras esenciales como la Planta de Tratamiento de efluentes de Berazategui, la Cuarta Cloaca Máxima y las plantas depuradoras Norte y Sudoeste. En el segundo quinquenio la situación empeoró. Entre 1999 y 2002 se previeron obras por 752 millones de pesos y sólo se ejecutaron 428 millones (57 por ciento).^[50]

El precio del agua para uso doméstico se incrementó un 88,2% entre mayo de 1993 y mayo de 1994, aunque no hay ninguna relación entre ese aumento y el aumento de la inflación fue del 4,3% durante el mismo periodo. Ese aumento no supuso una mayor calidad o cantidad del servicio. En 1997, se descubrió que la empresa no había realizado el 45% de las inversiones acordadas en mejoras y ampliación de servicios, lo que condujo a una gran contaminación.^[51] Los bajos ingresos y las ineficiencias llevaron a una inversión tan baja niveles que ni siquiera fueron suficientes para reemplazar activos depreciados y mantener actuales suministro. La cobertura del agua como porcentaje de la población se estaba contrayendo, las tasas de agua derramada eran muy altas, la presión y la calidad del servicio eran bajas, y la escasez de verano fue frecuente. En 1997, se descubrió que la empresa no había realizado el 45 % de las inversiones acordadas en mejoras y ampliación de servicios, lo que condujo a una gran contaminación.^[51] La cobertura del agua como porcentaje de la población se estaba contrayendo, las tasas de agua derramada eran muy altas, la presión y la calidad del servicio eran bajas, y los cortes de suministro durante el verano frecuentes.

Algunos autores argumentaron que en pos de maximizar beneficios la infraestructura no habría tenido el mantenimiento necesario, y una parte de las cañerías que sufrían roturas no eran reparadas para ahorrar costes, en tanto el agua de las tomas del Río de la Plata no recibía el tratamiento adecuado.^[52]

Problemas económicos

Tras la Crisis de diciembre de 2001 en Argentina, la empresa quedó con un descalce entre su deuda y sus ingresos, incurriendo en suspensión de pagos (o «default») y en incumplimiento. En 1998, la compañía reestructura sus costos. Se realizaron intentos de transferir la titularidad de la compañía a otros grupos empresarios. Al mismo tiempo, para 2002, la empresa privada acumulaba 57 millones de dólares de deudas a proveedores, 102 millones de dólares en deudas al Estado Argentino y más de 97 millones de pesos -casi 32 millones de dólares- en multas impagas al Estado Nacional.^[53]

Ese año, la comisión legislativa rechazó pedidos de aumentos por el incumplimiento por parte de Suez de los compromisos pactados, informando que podían reducir en 23 millones de pesos sus costos, mediante reducción de honorarios y viáticos de los miembros del directorio, así como en la contratación de agentes externos.^[54] con denuncias sobre la concesión que resaltaban que el concesionario no cumplió con sus obligaciones previstas en el contrato. Cuando el gobierno rescindió el contrato en 2006, argumentó que Aguas Argentinas falló en ejecutar sus funciones en cuanto a expansión de cobertura y calidad. El agua distribuida contenía altos niveles de nitrato y el concesionario no cumplió ni con las normas de presión ni con la construcción de centrales de abastecimiento de agua.^[55] En 1999 las inversiones en infraestructuras no alcanzan a la mitad del importe estipulado en el Plan de Mejoras y Expansión, y que el 88 % de los residuos de las cloacas de Buenos Aires no recibían tratamiento adecuado, mezclándose agua potable con agua contaminada por las napas, así mismo se observaba restos de materia fecal en el agua destinada a consumo humano bombeada por la empresa. Así mismo se detectaba niveles alarmantes para la salud humana de Arsénico, en diferentes muestras, se encontró un nivel de nitratos de 1400 ppm (partes por millón). Como parámetro, el Código Alimentario Argentino establece un máximo de 45 ppm. Además, el 48 % de las muestras presentó contaminación de tipo microbiano con presencia de escherichia coli.^[56]

Revisión de la concesión

En 1999, las inversiones en infraestructuras no alcanzaban a la mitad del importe estipulado en el Plan de Mejoras y Expansión, y que el 88 % de los residuos de las cloacas de Buenos Aires no recibían tratamiento adecuado, mezclándose agua potable con agua contaminada por las napas, así mismo se observaba restos de materia fecal en el agua destinada a consumo humano bombeada por la empresa. Así mismo, se detectaban niveles alarmantes para la salud humana de Arsénico, en diferentes muestras, se encontró un nivel de nitratos de 1400 ppm (partes por millón). Como parámetro, el Código Alimentario Argentino establece un máximo de 45 ppm. Además, el 48 % de las muestras presentó contaminación de tipo microbiano con presencia de escherichia coli.^[56] Para fines de 2001, la empresa privada estaba en quiebra. En los primeros años, tras la reestructuración del sector y pasados 5 años desde la privatización se observaban incumplimientos del 64 % de las inversiones anunciadas, una reducción de cobertura del 13 % y una caída del 77 % en la cantidad de aguas servidas, mientras las tarifas se habían incrementado 227 % de forma neta, ubicándose entre las 15 tarifas más altas del mundo- superando a las tarifas de Canadá y Suecia; y permaneciendo como la más alta de América Latina hasta su re estatización^[46] En el año 2000 se detectó en diversos puntos del AMBA contaminación por arsénico en el agua con implicancias directas para la salud pública. El consumo prolongado de agua con niveles elevados de arsénico está relacionado con el desarrollo de graves enfermedades, como el cáncer de piel, vejiga y pulmón, malformaciones congénitas, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y daños renales

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires realizó diversas mediciones sobre municipios abastecidos por A.A detecto en más de 13.000 muestras tomadas durante cinco años en 21 municipios niveles de entre 90 y 230 10 μg/L. La Organización Mundial de la Salud definió un valor límite máximo para el arsénico en aguas de 10 μg/L. Hacia el año 2004 la empresa francesa Suez acumulaba 890 millones de dólares en deudas emitidas, más 130 millones de dólares impagos a proveedores y otros 407 millones de dólares en impuestos y tasas adeudadas al Estado.^[57]

De acuerdo con un estudio de diciembre de 2003 del Auditor General de la Nación Argentina, Suez solo trataba el 12 % del total del agua, el resto se vertía al Río de la Plata en la zona de Berazategui.^[58] «El incumplimiento de la concesionaria que afecta garantías primarias de los usuarios», evidenciado la falta de inversión y expansión del servicio por parte de Suez, además de un mal manejo que puso en riesgo la salud de población, por el nivel de nitrato encontrado en algunas localidades como Llavallol.^[59] a finales de 2003 el gobierno informó que se enfrentaban a multas de 2,7 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Semanas antes, la empresa recibió una multa de un millón de dólares, por la interrupción del servicio, corta e impredecible, que afecto a 6 millones de personas en septiembre de 2003. En 2004, el juez Julio Speroni llevó adelante investigaciones contra la empresa, aún en manos privadas por el caso de las facturas falsas, donde la empresa utilizaba falsificadores de facturas por servicios inexistentes y domicilios apócrifos para pagar menos por Ganancias y por IVA.^[60]

El gobierno de Néstor Kirchner cuestionó a la empresa por las exageradas erogaciones a firmas vinculadas (consultoras, empresas constructoras, proveedores de repuestos, entre otras), por incumplir el contrato de concesión y las obras proyectadas. Varias napas de las que se extraía agua estaban contaminadas con nitrato y la mayor parte de los efluentes seguían vertiéndose en el Río de la Plata sin tratar.^[61]

En 2021 comienza una nueva etapa de obras durante la administración de Galmarini a través de la inversión estatal en el Gran Buenos Aires 1.8 millones de personas accedieron al agua potable y 1.3 millones a cloacas, se finalizaron 1.800 obras entre ellas Sistema Riachuelo, el Sistema Berazategui, el Sistema Agua Norte y el Agua Sur.^[62]

Gestión estatal

El 21 de marzo de 2006, el presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato y creó una empresa estatal, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), para el suministro de agua potable y servicio de cloacas. El 90 % de la nueva compañía quedó en manos del Estado nacional y el 10 % restante siguió en poder de los trabajadores, mientras el control operativo quedó a cargo de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS).^[59] A partir de la gestión estatal, 2 358 244 personas fueron incorporadas al servicio de agua desde 2006, mientras que 2 070 791 tienen cloacas desde entonces. En 2003, la cantidad de habitantes con agua potable era de 6 935 516 y en 2015 ascendió a un total de 9 293 760. En tanto, los habitantes que tenían cloacas eran 5 136 755 en 2003 y pasaron a 7 207 546 en 2015.^[63]

Desde 2003 hasta 2010, el Estado invirtió en ese sector 25 000 millones de pesos, «unos 5 000 millones de dólares, en agua potable, cloacas, saneamiento y obras hídricas». Esas obras llevaron agua potable a 2,3 millones de personas que antes no contaban con el servicio y cloacas a 1,87 millones de personas, en tanto las interrupciones de servicio se redujeron un 57 % promedio en cantidad y un 72 % en duración de las mismas respecto a la gestión privada.

Desde que el 21 de marzo de 2006, el Gobierno Nacional de Néstor Kirchner creó AySA,^[64] la misma fue ratificada por el Congreso pocos días después, dándole al decreto carácter y fuerza de ley.^[65][66] la empresa inició un programa integral para la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento para la población de la Ciudad de Buenos Aires y 17 municipios del primer cordón del conurbano bonaerense. El plan llevado adelante implicó entre los años 2006 y 2015 una inversión ejecutada de $ 26 174 millones, 727 obras terminadas que benefician a 8 millones de personas dentro del área de concesión de la empresa. La cobertura de agua potable que en 2003 era del 71,1 % de la población pasó al 82 % en 2015, incorporando 3 881 047 habitantes. Mientras que la cobertura de cloacas pasó del 43,1 % en 2003, al 54,4 % en 2015, incorporando al servicio a 3 130 225 habitantes.^[67]

Desde que la empresa fue recuperada por el Estado nacional, lleva ejecutadas obras por $ 26 714 millones, 727 obras terminadas, más de 8 millones de beneficiarios.^[68] Desde 2003 fueron incorporadas 9 millones de personas al servicio de agua potable, construyéndose a través de AySA, la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas en Tigre, la Depuradora del Bicentenario en Berazategui.^[69] Hasta 2013 la empresa estatal llevaba invertidos 11 500 millones de pesos en ampliaciones y mantenimiento de los sistemas.^[70][71]

El gobierno ha adoptado un programa para ampliar los servicios de agua potable en La Matanza, mediante el proyecto “Agua más Trabajo”, basado en la participación de pequeñas cooperativas de trabajadores locales para la ejecución de las obras para AySA.^[72] Hasta el junio de 2007 se invirtieron $ 101 000 para el beneficio de 741 000 habitantes.^[73]

Desde marzo de 2006, con la reestatizacion, se inició un plan de obras de gran envergadura tendientes tanto a la depuración del curso de agua como al saneamiento del río La matanza-Riachuelo destacándose la Planta de Tratamiento de Lanús, la Planta de Tratamiento Fiorito, Lomas de Zamora, Emisario Berazategui, Colector Margen Izquierdo, Planta de Tratamiento de Dock Sud, Planta de Tratamiento de Barrios en La Matanza, Planta de Ósmosis Inversa en Ezeiza.^[74]

Tras más de una década en 2016 las tarifas de los servicios de agua potable y cloacas registraron subas bimestrales que oscilaron entre el 170 % y 406 %, incrementándose las tarifas y reduciendo la intervención del Estado a través de subsidios.^[75] En mayo de 2018, hubo otro aumento del 26 %.^[76] Después de 2018, las tarifas siguieron subiendo constantemente hasta la actualidad.

Obras realizadas

A partir de la recuperación, AySA llevó el suministro de agua potable a 2 millones de habitantes y el servicio de cloacas a un millón y medio de ciudadanos, en el marco del plan de la empresa que incluye llegar al 100 % de alcance del servicio de agua potable y de cloacas en el año 2015 y 2018, respectivamente.^[77][78]

En los primeros siete años tras su creación, la empresa invirtió 11 560 millones de pesos en el mantenimiento y en la expansión de los servicios al público en general. Estos servicios incluyeron la instalación de 302 645 conexiones de agua y 221 130 conexiones de cloacas en el período 2006-2012. La empresa también inauguró el primer módulo de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas en Tigre, sobre el Río Paraná y la Depuradora de Líquidos de cloaca del Bicentenario en Berazategui. Ambas obras demandan una inversión de 3300 millones de pesos, permitirán ampliar los servicios de agua a otros 2 000 000 de personas y tratar los líquidos cloacales producidos por 4 000 000 de habitantes, respectivamente. Las obras de ampliación de las plantas depuradoras El Jagüel, Norte y Sudoeste, que en conjunto sumarán 750 000 personas más a los servicios de desagües de cloaca.^[78][79]

De las empresas estatizadas en el periodo 2003-2013, AySA es la que presenta con más claridad el aumento en la calidad del servicio brindado con relación a la anterior gestión privada. La gestión estatal también ocasionó un cambio radical en el nivel de inversión en nuevas obras y renovación de instalaciones. Aunque la multinacional Suez, sostenía que con el precio de las tarifas no podía realizar las inversiones a las que estaba comprometida por contrato, el Estado nacional pudo hacerlo sin aumentar las tarifas al consumidor final.^[78] No obstante a esto, cabe recalcar que la inversiones fueron posibles por la gran subvención que recibió la nueva empresa de parte del estado nacional.^[32]

El gobierno ha adoptado un programa para ampliar los servicios e agua potable en La Matanza, provincia de Buenos Aires, mediante el proyecto “Agua más trabajo”, basado en la participación de pequeñas cooperativas de trabajadores locales para la ejecución de las obras para AySA.^[80] Hasta junio de 2007, se invirtieron $101m para el beneficio de 741 000 habitantes.^[81]

En 2007, fue inaugurada la Planta Hurlingham se encuentra ubicada el Camino del Buen Ayre y la calle Gorriti, en el partido de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, sobre un predio de 35 hectáreas, que cuenta con una capacidad de tratamiento para 135 000 habitantes.^[82]

En el año 2013, empezó a construirse la planta depuradora Del Bicentenario, en el Partido de Berazategui, en el Gran Buenos Aires, que se estima beneficiará a unos 4 millones de habitantes. Con una inversión de 482 millones de pesos y el empleo de 400 trabajadores directos, la obra se destina a tratar las aguas residuales de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, aportando mayor flexibilidad al sistema de saneamiento existente y continuando con la expansión de la red de desagües de cloacas.^[83]

En 2013, fue inaugurada la Planta Sudoeste II está ubicada en la localidad de Aldo Bonzi, que puede tratar un caudal medio de 78 000 m³/día (metros cúbicos por día), representado el servicio para una población equivalente de 300 000 habitantes.^[84]

En 2014, se terminó, en el marco del Plan de Saneamiento Integral del Riachuelo, una de las mayores obras de infraestructura Hidríca de América Latina, incorporando 1 500 000 personas a la red de agua potabilizada y 895 000 personas fueron incorporadas a la red de saneamiento de cloacas.^[85]

Gracias a las fuertes inversiones desde su nacionalización durante la gestión de Férnandez la Argentina logró alcanzar un 96 % de cobertura en agua potable, constituyéndose con Uruguay en los países líderes en toda América Latina y el Caribe, mientras que América Latina tiene un 91 % de acceso a agua segura.^[86] En cuanto a la expansión de servicios efectuada por Aysa, más de 16 000 millones invertidos; más de 600 obras ejecutadas; más de 2 500 000 usuarios incorporados al servicio de agua potable y 1 800 000 al de cloacas entre 2006-2013.^[69]

Ampliación Planta de Tratamiento Depuradora de Efluentes Cloacales Sudoeste, se ha previsto tratar un caudal medio de 0,9 m³/seg (metros cúbicos por segundo). El tratamiento de los líquidos cloacales, se realizará mediante la tecnología de lodos activados, precedidos por pretratamiento y decantación primaria. Los trabajos realizados comprenden el proyecto ejecutivo, construcción de las obras civiles, montaje y puesta en marcha de las obras electromecánicas y puesta en régimen del proceso. Cuenta con una capacidad de tratamiento: 77 760 m³/día (metros cúbicos por día), para beneficiar a 330 000 habitantes.^[87]

En 2016, se sumaron a AySA los partidos de Escobar, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Merlo, Presidente Perón y Moreno. En 2017, se sumó el partido de Florencio Varela. En 2018, también se sumó Pilar.^[88][89][90] Desde 2020 comenzó un nuevo ciclo de expansión incorporado a su territorio seis nuevos partidos.^[91]