Carlos Manzo

Respuesta gubernamental

La concejala Hilda Flor del Campo Maldonado Medina fue nombrada sucesora interina de Manzo, mientras que sus partidarios solicitaban que su viuda, Grecia Quiroz, fuera designada para completar su mandato. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que el reemplazo de Manzo sería determinado por su propio movimiento independiente, y se presentó una propuesta formal al respecto ante el Congreso estatal. Quiroz juró como presidenta municipal el 5 de noviembre de 2025, para completar el resto del mandato de su esposo. Prometió continuar con su postura contra el crimen organizado.^{[21][22][23][24]}

Quiroz se reunió con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, Ciudad de México, el 3 de noviembre. Al día siguiente, Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán de Paz y Justicia”, un plan de seguridad para el estado que incluye el despliegue de la Guardia Nacional, mayor personal federal y la creación de una unidad especial en la Fiscalía General del Estado. El plan abarca tres grandes áreas temáticas: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. Se celebrarán reuniones con el gabinete de seguridad federal cada dos semanas y se implementará un sistema de alerta para los alcaldes del estado.^[22][25][26]

Reacciones públicas

Manzo fue el séptimo presidente municipal asesinado en Michoacán durante la gobernación de Alfredo Ramírez Bedolla y el séptimo presidente municipal asesinado en el país en el 2025.^[27][28]

En el funeral de Manzo en Uruapan, el 2 de noviembre, el gobernador Ramírez Bedolla fue recibido con indignación por una multitud de cientos de habitantes. La gente lo tildó de asesino y exigió justicia por el asesinato del alcalde. Su equipo de seguridad le recomendó retirarse tras menos de cinco minutos en la funeraria. Miles de personas marcharon por las calles de Uruapan para acompañar el féretro de Manzo hasta su última morada. Dirigiéndose a la multitud en la plaza principal de la ciudad.^[29][30]

Ese mismo día, se organizó una marcha de protesta en Morelia. Posteriormente, un contingente de cientos de personas irrumpió en el Palacio de Gobierno estatal con bombas molotov, palos y piedras, forzaron la entrada principal del edificio y accedieron a las oficinas gubernamentales. Prendieron fuego a algunos muebles, arrojaron otros a la calle y pintaron consignas en las paredes interiores y exteriores. La policía lanzó gases lacrimógenos dentro del complejo para dispersar a los manifestantes, y el edificio quedó bajo custodia policial; ocho personas fueron detenidas.^{[31][32][33][34]}

Manifestantes de la marcha de Carlos Manzo frente a la presidencia de Zitácuaro.

Marcha de Carlos Manzo cercana al centro de Zitácuaro.

Una segunda marcha en Morelia, organizada por estudiantes el 3 de noviembre, tuvo lugar durante la cual un estudiante de derecho resultó herido en el ojo por una bala de goma. Posteriormente, se realizaron manifestaciones en los municipios michoacanos de Pátzcuaro, Zitácuaro y Apatzingán, con nuevas protestas que condenaban el asesinato de Bernardo Bravo, ocurrido dos semanas antes. En Apatzingán, la cuarta ciudad más grande del estado, los manifestantes irrumpieron en el palacio municipal y prendieron fuego a los muebles. Grecia Quiroz exhortó a la población a evitar manifestaciones violentas, afirmando que no era lo que su esposo hubiera querido.^[35][36][37]

El 7 de noviembre de 2025, al menos 70 mil personas realizaron una marcha de forma pacífica en la ciudad de Uruapan, en donde también hubo paro general de actividades. Los manifestantes iban vestidos de blanco y con sombrero, exigiendo seguridad para la ciudad y justicia para Carlos Manzo.^[38][39] Asi mismo, la Banda Perla de Michoacán propuso renombrar la canción "Ilusión 98", como un homenaje póstumo.

Diversas voces han criticado al Partido Acción Nacional (PAN) por utilizar políticamente la muerte de Carlos Manzo para atacar al gobierno y posicionarse públicamente. De acuerdo con estos señalamientos, el PAN transformó una tragedia que exigía prudencia, solidaridad y rigor institucional en una oportunidad para reforzar su narrativa de confrontación, sin esperar a que las investigaciones avanzaran ni a que se aclararan los hechos. Esta postura fue vista por muchos como una estrategia oportunista más que como un genuino compromiso con la verdad o con la seguridad del país.

También se cuestionó que la dirigencia panista emitiera mensajes y ruedas de prensa enfatizando la supuesta responsabilidad directa del gobierno federal sin aportar evidencia concluyente. Analistas apuntaron que este enfoque parecía estar más orientado a capitalizar el ambiente de indignación que a contribuir a un debate serio sobre la violencia y la protección de autoridades locales. Para ciertos sectores de la opinión pública, esto restó credibilidad a las denuncias del partido y alimentó la percepción de un uso instrumental de la tragedia.^[40]