Ley Calles

Desde el inicio de la Revolución Mexicana, diversos líderes políticos y revolucionarios incorporaron en sus discursos un marcado énfasis laicista, que en algunos casos derivó en posturas anticlericales, y en casos particulares hasta antirreligiosas. Estas ideas tenían antecedentes en el liberalismo del siglo XIX —especialmente en las Leyes de Reforma—, pero adquirieron una nueva intensidad en el contexto revolucionario, al asociarse a proyectos de transformación social, educativa y política del Estado mexicano.

La ley Calles tenía por objetivo mantener regular las actividades de la iglesia, aplicando una política laicista y establecer las correspondientes sanciones. Entre sus normas estaban:^[2]

• Art. 1° Para ejercer dentro del territorio de la República Mexicana el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento. El infractor de esta prevención será castigado administrativamente con multa hasta de quinientos pesos, o, en su defecto, con arresto que nunca excederá de quince días. Además, el Ejecutivo Federal, si así lo juzga conveniente, podrá expulsar desde luego al sacerdote o ministro extranjero infractos, usando para ello de la facultad que le concede el artículo 33 constitucional.
• Art. 4° Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Los responsables de la infracción a este precepto, serán castigados con multa hasta de quinientos pesos, o, en su defecto, arresto no mayor de quince días, sin perjuicio de que la autoridad ordene la inmediata clausura del establecimiento de enseñanza.
• Art. 6° El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso; la ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. Las órdenes monásticas o conventos establecidos serán disueltos por la autoridad, previa identificación y filiación de las personas exclaustradas.
• Art. 8° El individuo que, en ejercicio del ministerio o sacerdocio de un culto religioso cualquiera, incite públicamente, por medio de declaraciones escritas, o prédicas o sermones, a sus lectores, o a sus oyentes al desconocimiento de las instituciones políticas o a la desobediencia de las leyes, de las autoridades o de sus mandatos, será castigado con la pena de seis años de prisión y multa de segunda clase.
• Art. 10. Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta, y en actos de culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del Gobierno. Los infractores serán castigados con la pena de uno a cinco años de prisión.
• Art. 11. Los ministros de los cultos no podrán asociarse con fines políticos. Los infractores de esta disposición serán castigados con arresto menor y multa de primera clase, sin perjuicio de que la reunión sea inmediatamente disuelta por la autoridad.
• Art. 13. Las publicaciones periódicas religiosas o simplemente de tendencias marcadas en favor de determinada creencia religiosa, ya sea por su programa o por su título, no podrán comentar asuntos políticos nacionales ni informar sobre actos de las autoridades del país, o de particulares, que se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas. El director de la publicación periódica, en caso de este mandato, será castigado con la pena de arresto mayor y multa de segunda clase.
• Art. 15. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas, cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que las relacione con alguna confesión religiosa. Cuando se viole este proyecto, las personas que integren la mesa directiva, o quienes encabecen el grupo, serán castigadas con arresto mayor y multa de segunda clase.
• Art. 17. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. La celebración del acto religioso de culto público fuera del recinto de los templos, trae consigo responsabilidad penal para los organizadores y los ministros celebrantes, quienes serán castigados con arresto mayor y multa de segunda clase.
• Art. 18. Fuera de los templos tampoco podrán los ministros de los cultos, ni los individuos de uno u otro sexo que los profesen, usar de trajes especiales ni distintivos que los caractericen, bajo la pena gubernativa de quinientos pesos de multa, o, en su defecto, arresto que nunca exceda de quince días.
• Art. 21. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán, en ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallen en tal caso. Las personas que oculten los bienes y capitales a que se refiere este artículo, serán castigadas con la pena de uno a dos años de prisión. Las que sirvan de interpósita persona serán castigadas con la misma pena.
• Art. 22. Los templos destinados al culto público son propiedad de la nación, representada por el Gobierno Federal, quien determinará los que deben continuar destinados a su objeto. Las personas que destruyan, menoscaben o causen perjuicios a los referidos edificios, serán castigadas con la pena de uno a dos años de prisión, y quedarán sujetas a la responsabilidad civil en que incurran.

El 4 de febrero de 1926, los obispos protestaron, con el apoyo del papa Pío XI, contra la ley pidiendo la suspensión del culto religioso, en voz de José Mora y del Río arzobispo de México, publicado en el periódico El Universal que declaraba^[6]

“La doctrina de la Iglesia es invariable porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos, se mantiene firme. No ha sido modificada sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la iglesia, que es invariable, pues es la Verdad divinamente revelada; en ese sentido se emprenderá una campaña contra las leyes injustas y contrarias al derecho natural es perfectamente cierta. El Episcopado, clero y católicos no reconocemos y combatiremos los artículos 3°, 5°, 27 y 130 de la Constitución vigente, este criterio no podemos por ningún motivo variarlo sin hacer traición a nuestra Fe y a nuestra Religión. El código de 1917, hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia Católica, de la sociedad mexicana y los individuales de los cristianos, proclama principios contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo la cual forma el tesoro de la Iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad y arranca de cuajo los pocos derechos de la Constitución de 1857.”    José Mora y del Río.^[7]

El presidente Calles ordenó la detención del obispo. A partir de su entrada en vigor, hecho que ocurrió el 31 de julio del mismo año. Calles ordenó, la clausura de templos y centros religiosos, clausura de escuelas, hospitales, orfanatos, leprosarios, conventos, asilos y todo lo que dependiera de la Iglesia, expulsión de sacerdotes extranjeros y del delegado apostólico. Aprehensión de sacerdotes, encarcelamiento de los líderes de la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas por convocar a la paralización de la vida social y económica, expedición de la ley de cultos, suspensión de cultos. Se limitaba el número de sacerdotes nacionales a 1por cada 6,000 habitantes, mismos que deberían registrarse ante las autoridades municipales. Se sancionaba toda educación religiosa.

La Liga Nacional para defensa de las Libertades Religiosas inició un boicot contra el gobierno, pidiendo la abstención en el pago de impuestos y en el consumo de productos creados por el Estado, causando grandes pérdidas económicas al país.^[2]

Posteriormente Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas decidió organizar un levantamiento armado, mismo que se inició el 1 de enero de 1927 en Jalisco, expandiéndose por todo el país y dando comienzo a la Guerra cristera.^[8]

• Guerra cristera
• Plutarco Elías Calles
• Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas