Lidia Patty
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Lidia Patty Mullisaca (La Paz, 7 de junio de 1969) es una política boliviana, dirigente de la organización de mujeres "Bartolina Sisa" y exdiputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional por el partido político Movimiento al Socialismo.
La Paz, República de Bolivia
| Lidia Patty | ||
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Diputada plurinominal suplente de Bolivia por el departamento de La Paz | ||
| 1 de febrero de 2018-3 de noviembre de 2020 | ||
| Predecesor | Manuel Canelas (titular) | |
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| Información personal | ||
| Nombre completo | Lidia Patty Mullisaca | |
| Nacimiento |
7 de junio de 1969 (56 años) La Paz, República de Bolivia | |
| Residencia | Cárcel de Obrajes, La Paz, Bolivia | |
| Nacionalidad | Boliviana | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Política y dirigente | |
| Años activa | 1997-actualidad | |
| Predecesora | Felipa Huanca | |
| Partido político |
MIR-NM (¿1999?) MAS–IPSP (desde 1999) | |
| Información criminal | ||
| Situación penal | En prisión preventiva por 4 meses | |
| Firma | ||
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Reseña biográfica
Lidia Patty nació el 7 de junio de 1969 en La Paz y pertenece a la etnia kallawaya. Fue concejal del municipio de Charazani. Ha desempeñado una labor en la Federación de mujeres indígenas "Bartolina Sisa", siendo secretaria de dicha organización.[1]
Ejerció como diputada suplente de la Cámara de Diputados de Bolivia hasta 2018 en que asumió la titularidad representando a la formación Movimiento al Socialismo.[2] En 2020 le puso una demanda por «sedición, terrorismo y conspiración» a la exsenadora y expresidenta interina Jeanine Áñez por el caso "Golpe de Estado" y todas las irregularidades vividas en Bolivia entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, que ha derivado en el encarcelamiento de Áñez y de dos de sus exministros.[3] También ha denunciado la presunta implicación de autoridades judiciales como el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y de diversas personalidades políticas en el derrocamiento del gobierno de Evo Morales.[4][5][6]
En 2023 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia designó a Patty como cónsul del departamento de Puno, bajo territorio peruano, en pleno conflicto conflicto diplomático.[7]
A finales de 2025, fue detenida por el caso Ex-Fondo Indígena, con una pena preventiva de cuatro meses a cumplirse en el penal de Obrajes.[8]