Perro comunitario

tipo de perro suelto que es cuidado por una comunidad From Wikipedia, the free encyclopedia

Un perro comunitario es, de acuerdo a la legislación chilena, una categoría de perro suelto que a diferencia del perro callejero (o abandonado), una comunidad de vecinos se hace responsable de sus cuidados básicos.[1] En la práctica, el perro comunitario se encuentra en una situación de liminalidad (o intermedia) entre el abandono y la tenencia individual con un dueño responsable, que constituye el ideal promovido por la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como Ley Cholito.[2] Con esta figura se busca ofrecer una solución que permita resguardar el bienestar animal, al mismo tiempo que se reconoce y regula el rol de responsabilidad social de la comunidad en su cuidado. En algunas comunidades, el perro comunitario es mantenido en espacios semicerrados, como áreas comunes de un condominio, mientras que en otras circula libremente por el barrio, siendo cuidado de manera colectiva por los vecinos.[3]

Un estudio realizado por la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2022, reveló que en aquel entonces existían 12 millones de perros y gatos con dueños conocidos en Chile, mientras que alrededor de 4 millones no tenían dueño.[4] La figura del perro comunitario ayuda a mitigar esta cifra, evitando que se conviertan en perros silvestres, su salud e higiene se mantenga controlada y reciban la atención requerida por la sociedad civil organizada.[5]

Las disposiciones legales de la definición de perro comunitario y de las responsabilidades asociadas se encuentran en la Ley N.º 21.020, conocida como Ley de Tenencia Responsable de Mascotas o Ley Cholito. De acuerdo con esta normativa, un perro comunitario es aquel que no posee un dueño único, pero que recibe cuidados de parte de una o varias personas de la comunidad. Estas personas, sean naturales o jurídicas, tienen la obligación de registrarlo en el Registro Nacional de Mascotas y asegurar su bienestar, lo que incluye alimentación, esterilización, vacunación, colocación de chip subcutáneo u otro mecanismo de identificación, atención veterinaria y protección frente a situaciones de maltrato y crueldad animal. Asimismo, quienes lo inscriben asumen responsabilidades legales por eventuales daños que el animal pueda causar a terceros.[1] En esa línea, la legislación también contempla una lista de razas de animales, y para este caso, nueve razas de perros potencialmente peligrosas, lo que obliga a sus dueños a implementar medidas de seguridad para evitar daños a terceros.[6]

Para el caso de comunidades en espacios cerrados o semicerrados, la Nueva Ley de Copropiedad promulgada en abril de 2022, establece que ninguna comunidad de vecinos puede prohibir la tenencia de mascotas si se encuentran debidamente inscritas bajo la normativa legal vigente (Ley Cholito) y cumplen las normativas sanitarias, es decir, que el dueño de la mascota es responsable en su tenencia.[7]

Referencias

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