Sección 8
Sección 8 de Ley de vivienda de Estados Unidos de 1937 conocida como Plan o sección 8 en base a los hogares de bajos ingresos enmendada repetidamente "Autoriza el pago de asistencia de vivienda en alquiler". Encargado: El Departamento de Vivienda
From Wikipedia, the free encyclopedia
La Sección 8 de la Ley de Vivienda de los Estados Unidos de 1937, a menudo conocida simplemente como Sección 8 o Plan 8, según enmendada repetidamente, autoriza el pago de asistencia de vivienda en alquiler a propietarios privados en nombre de aproximadamente tres millones de hogares de bajos ingresos. Funciona por varios programas, el más grande de los cuales, el programa de vales de elección de vivienda (en inglés Housing Choice Voucher program), paga una gran parte de los alquileres y servicios de alrededor de 2.1 millones de hogares. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano maneja los programas de Sección 8.
El programa de vales de elección de vivienda provee ayuda para alquiler a base de inquilinos, para que un inquilino asistido pueda mudarse con asistencia desde una unidad de vivienda con por lo menos mínima calidad de vivienda a otra. También permite que individuos apliquen su vale mensual para la compra de una casa, con más de 17 mil millones de dólares yendo a tales compras cada año. El vale máximo permitido es de 2200 dólares por mes.
Breves detalles
El programa básico de la Sección 8 incluye un programa de vales.[1][2] Un vale puede estar "basado en un proyecto", en el que su uso se limita a una urbanización específica (las agencias de vivienda pública (PHA) pueden reservar hasta el 20% de sus vales como tal), o "basado en el alquiler", en el que el inquilino es libre de elegir vivienda en el sector privado, no se limita a urbanizaciones específicas, y puede residir en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos (o Puerto Rico) donde la PHA opera un programa de la Sección 8.[3]
En el marco del programa de vales, las personas o familias con un vale encuentran y alquilan una vivienda (ya sea en un complejo concreto o en el sector privado) y pagan una parte del alquiler.[4][5] La mayoría de los hogares pagan el 30% de sus ingresos ajustados para la vivienda de la Sección 8.[6][7] Los ingresos ajustados son los ingresos brutos (totales) del hogar menos las deducciones por personas a cargo menores de 18 años, estudiantes a tiempo completo, discapacitados o ancianos y determinadas prestaciones por discapacidad y gastos médicos.[8][9]
Además de los ingresos procedentes del trabajo, existe una prueba de propiedad. Si el importe supera una cantidad determinada, el HUD añadirá los ingresos aunque el inquilino del artículo 8 no perciba ingresos por intereses, como por ejemplo de una cuenta bancaria.[10][11] El HUD denomina a esto "ingresos patrimoniales imputados" y, en el caso de una cuenta bancaria, establece una "tasa de ahorro" estándar para calcular los ingresos patrimoniales imputados.
La PHA paga el resto del alquiler al propietario. Cada año, el Gobierno federal estudia los alquileres de apartamentos privados en diferentes comunidades y el coste de los servicios públicos (calefacción, electricidad, etc.) en esas comunidades. El alquiler justo de mercado (FMR) es el importe (alquiler más servicios públicos) de los apartamentos de calidad media de distintos tamaños en una comunidad determinada.
Diversas guías informativas sobre programas de vivienda en los Estados Unidos señalan que la Sección 8 forma parte del conjunto de iniciativas federales supervisadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), orientadas a ofrecer vivienda segura y asequible a hogares de ingresos bajos o moderados. Estas fuentes explican que, a diferencia de la vivienda pública tradicional administrada directamente por agencias locales, el programa de vales de elección de vivienda permite a los beneficiarios seleccionar unidades en el mercado privado, siempre que cumplan los estándares de calidad establecidos por HUD y que el propietario acepte el subsidio. También indican que la contribución del inquilino suele limitarse a alrededor del 30 % de sus ingresos, mientras que la gestión de listas de espera, criterios de elegibilidad y disponibilidad de unidades varía entre las agencias de vivienda pública (PHA), lo que genera diferencias importantes entre ciudades y condados.[12]
