La atimia puede ser infligida como una pena por los tribunales, pero es también automática — al menos en teoría — aplicada por un cierto número de actos, algunos públicos y otros privados.
Es afectado de atimia el que no puede pagar una deuda con el Estado, por ejemplo una multa. No existe ningún límite superior para las multas que los tribunales puedan imponer: pueden pues exceder con mucho la fortuna entera de una persona. Y puesto que esta deuda se transmite por herencia, el estatus se transmite también. Por ejemplo, un hijo puede defender a su padre privado del derecho electoral antes de la muerte de éste, pero pierde sus derechos después de su muerte. Los desertores, los hijos indignos (que han pegado a sus padres o que no han querido asegurar su subsistencia), los que han dilapidado su fortuna (por prodigalidad o negligencia) o que se han prostituido se convierten automáticamente en atimoi.
Es igualmente afectado con la atimia parcial el acusador que no haya obtenido un quinto de los votos en una acción judicial: se trata de limitar los abusos de los sicofantas, o delatores profesionales.
El no respeto a la atimia es considerado como un ataque contra el poder del pueblo y puede, si alguien arrastra al culpable ante los tribunales, costarle la pena de muerte.
