Agua y Saneamientos Argentinos

Primeras epidemias

La primera epidemia documentada en la Ciudad de Buenos Aires fue un brote de sarampión en 1685, introducido por vía marítima en el contexto de la colonización europea. En aquel entonces, la ciudad estaba surcada por numerosos arroyos y carecía por completo de infraestructura sanitaria. Las condiciones de higiene eran sumamente deficientes, lo que convertía al área urbana en un entorno propicio para la proliferación de enfermedades, plagas e infecciones. Este escenario redundó en un notable incremento de la mortalidad, una situación que las propias autoridades del Cabildo reconocieron como alarmante.^[16][17][18]

El puerto también fue la puerta de entrada de epidemias que se propagaron hacia el interior del territorio causando estragos. Esta situación se vio favorecida por la precariedad de los asentamientos urbanos, especialmente el de Buenos Aires, que no sólo no disponía de un abastecimiento regular de agua potable sino que además se destacaba por la proverbial suciedad de sus calles, donde se multiplicaban alegremente todo tipo de insectos y alimañas. La viruela, el tifus, la fiebre tifoidea, la difteria y la tuberculosis —por sólo nombrar las más conocidas— merodearon periódicamente por estas tierras y alcanzaron el rango de epidemias en numerosas oportunidades a lo largo de todo el siglo xᴠɪɪ y aún bien entrado el siglo xᴠɪɪɪ.^[19] Durante la etapa colonial, la viruela y el tifus fueron las enfermedades que mayor daño causaron a la población del Río de la Plata. La trata de esclavos contribuyó además a la introducción de la peste bubónica y el cólera a lo largo del siglo XVIII. En 1867, el regreso de combatientes de la Guerra del Paraguay habría sido el vector de un brote colérico que se desató en Buenos Aires y provocó en pocas semanas la muerte de casi 8.920 habitantes, entre ellos numerosos médicos que perdieron la vida en el ejercicio de su labor. Con todo, la epidemia que dejó las consecuencias más graves fue la de fiebre amarilla, particularmente durante los años 1870 y 1871, cuando la ciudad llegó a registrar más de 500 fallecimientos en un solo día, con un saldo total de 14.000 víctimas. El origen fue atribuida a una gran cantidad de lluvias producidas, que fue del 300% mayor a la media anual. Esto generó anegamientos dentro del radio urbano y sus alrededores, lo que a su vez hizo que las aguas servidas de los pozos de las casas comenzaran a diseminarse por la ciudad esparciendo los gérmenes y bacterias de las mismas. La ausencia de redes de agua corriente y sistemas de desagüe cloacal agravó sensiblemente la situación.^{[16][20][21][22][23]}

El cólera hizo su primera aparición en el territorio argentino en 1856, cuando un brote inicial —que no generó mayor alarma— afectó a la ciudad de Bahía Blanca. Sin embargo, fue la epidemia de 1858 la que expuso con crudeza las precarias condiciones sanitarias que imperaban en Buenos Aires. Hacia 1867, la enfermedad registró más de 5.000 casos en una ciudad cuya población no superaba los 180.000 habitantes, una proporción que da cuenta de la magnitud del impacto. El ciclo epidémico de 1867 a 1869 resultó aún más devastador, tanto por su extensión geográfica como por el número de víctimas que dejó. El Dr. José María Penna, al referirse a aquellos años, sostuvo que las pérdidas humanas provocadas por la enfermedad superaron ampliamente las bajas militares sufridas durante los cinco años de la Guerra del Paraguay, una comparación que ilustra la gravedad del fenómeno.^[24][25]

En octubre de 1867, la epidemia trascendió los límites de la capital y se propago hacia las provincias de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, San Luis y Santiago del Estero. Desde Buenos Aires, el avance de la enfermedad alcanzó también a los partidos de la provincia homónima y llegó incluso a las comunidades de los indios Pampa. En la ciudad capital, este segundo brote cobro la vida de más de 15.000 personas, unas 3.000 de ellas dentro del ejido urbano, y quedó asociado directamente a la ausencia de condiciones mínimas de higiene y a la carencia de una red de agua corriente.^[24]

Las epidemias de cólera y fiebre amarilla, que causaron una alta mortalidad en Buenos Aires, impulsaron hacia fines de 1867 la puesta en marcha de las operaciones destinadas a mejorar las condiciones sanitarias de la ciudad.^[26]

Obras de John M. Coghlan

Un informe de John Coghlan indicaba:

"Sin abundante provisión de agua, cloacas y desagües, y con focos permanentes de gases malsanos en cada casa y lodazales en cada calle, debe siquiera haber esperanza de que esta ciudad, por mayores esfuerzos que hagan sus habitantes y autoridades, se encuentre en condiciones de salubridad satisfactoria".^[27]

En marzo de 1868, por las razones anteriormente expuestas, se ejecuta el plan concebido por el Ing. Juan M. Coghlan a pedido del gobierno local. Para la instalación y dirección de las obras de agua corrientes se creó la Comisión de Obras de Salubridad el 23 de diciembre de 1867. Las obras se inauguraron con la construcción del Establecimiento de Recoleta.^[26][23]

Estas obras consistían en dos conductos de hierro fundido que se adentraban 600 metros en el río para captar agua, la cual era filtrada y luego impulsada hacia la red de distribución mediante bombas a través de surtidores públicos de 20km de cañerías. La tarifa se fijó en 3% sobre el alquiler comprobado o calculado de cada vivienda y la administración del servicio estuvo a cargo de la Comisión de Obras de Salubridad.^[26][23]

Este sistema de abastecimiento diseñado por Coghlan tenía antecedentes directos a los instalados en Londres en 1829, los cuales precedieron en varios años a la instalación de los mismos en la ciudad de Nueva York. El sistema preveía la recolección integral de aguas residuales, pluviales y desechos humanos mediante conductos ubicados bajo las calles (actualmente los desagües pluviales están a cargo de cada municipio). El excedente de aguas de lluvia debía canalizarse hacia cursos naturales cercanos. La red subterránea se completaba con bocas de tormenta ubicadas en cada cruce de calles y con cámaras que facilitaban la ventilación y el mantenimiento. El tratamiento y la disposición final de los efluentes fue, desde el inicio, un punto de debate entre los técnicos involucrados.^[27][28]

Obras de Frederick Bateman

Poco después, las instalaciones diseñadas por John Coghlan quedaron limitadas frente al crecimiento poblacional de la capital. Por tal motivo, hacia fines de 1870, durante el gobierno de Domingo F. Sarmiento, se convocó al ingeniero inglés John Frederick Bateman, especialista en obras hidráulicas, para desarrollar y supervisar un nuevo plan integral de abastecimiento y saneamiento urbano en el denominado "Radio Antiguo", cual es la delimitada actualmente por las calles Billinghurst, Bustamante, Sarmiento, Medrano, Castro Barros, México, Boedo, Carlos Calvo, La Rioja, San Juan, Alberti, Caseros, Brasil, Paseo Colón y L. N. Alem.^[5][29][23]

En 1871, el ingeniero Bateman amplió el área abastecida por el sistema y estableció los puntos de descarga de los efluentes en el Río de la Plata. A pesar de esto, la insuficiente red de alcantarillas se hacen sentir con la rápida expansión territorial de Buenos Aires. El retardo de las obras de infraestructura, sumado a la oleada de inmigración producen un enorme problema, un sistema pensado para 400.000 habitantes se encuentra con más de un millón de habitantes para la finalización de las obras en 1905, con la colaboración del ing. Guillermo Villanueva. Entre las obras concluidas figuraban el establecimiento de Aguas Corrientes en Recoleta, el Gran Depósito de Avenida Córdoba (hoy como Palacio de Aguas Corrientes), las redes principales de cañerías, los desagües cloacales externos, el sifón bajo el Riachuelo y cinco grandes conductos pluviales.^{[30] [26][31][23]}

Esto implicó cambiar la concepción de un sistema unitario —recolección de aguas residuales, pluviales y desechos humanos mediante los mismos conductos— a uno separatista que, para 1908 ya era definitivo mediante la promulgación de la ley que establecía el régimen de alcantarillado para todo el territorio nacional. Este nuevo sistema no captaría el agua de lluvia hacia los conductos cloacales, sino que se redireccionaría hacia un cordón-cuneta hacia el Río de La Plata o a sus afluentes más cercanos.

Las demoras en las obras se produjeron principalmente por la crítica escasez de recursos económicos. Para 1888, la nueva administración del presidente Miguel Juárez Celman, resolvió ceder la gestión de las obras a una compañía de capitales británicos conocida como The Buenos Ayres Water Supply and Drainage Company. Sin embargo, el deterioro de las condiciones económicas del país, agravado por la grave crisis financiera de 1890 y el derrumbe en noviembre de ese año de la Casa Baring —entidad que avalaba dicha operación— llevaron a que la empresa obtuviera la rescisión del contrato en 1891.^[5][10]

Fue así que, en 1892, el Estado nacional retomó la responsabilidad sobre el saneamiento urbano a través de la promulgación de la Ley N.º 2927, del 30 de diciembre de ese año. La administración del servicio recayó nuevamente en la Comisión de Obras de Salubridad, cuyos ingenieros asumieron además la conducción técnica directa de los trabajos, finalizados en 1905.^[10][5]

La comisión fue ampliando y mejorando la infraestructura y como resultado en todo el área céntrica —unas 2.500 hectáreas— quedó consolidada la provisión de agua potable y desagüe cloacal, gracias al cual se redujo la tasa mortalidad según estimaciones municipales. Las principales infraestructuras eran la planta potabilizadora del barrio de Recoleta —inaugurada en 1869, actualmente sede del Museo Nacional de Bellas Artes— y el depósito distribuidor sobre la Av. Córdoba.^[26][32]

Plan nacional de saneamiento y conformación de Obras Sanitarias de la Nación

En 1898, la Comisión de Obras de Salubridad atravesó una reestructuración institucional que la transformó en la Dirección General de Obras de Salubridad, quedando incorporada como una de las cuatro divisiones del recientemente establecido Ministerio de Obras Públicas. Este cambio amplió su alcance al ámbito nacional, permitiéndole participar en el diseño y construcción de infraestructura sanitaria en distintas capitales provinciales del país. Dicha expansión fue respaldada legalmente por las leyes 3.967 y 4.158, promulgadas en 1900 y 1903 respectivamente, las cuales definieron los criterios y esquemas de financiamiento para las nuevas obras.^[5][10]

En ese contexto se elaboró un ambicioso plan para extender la red de agua potable y saneamiento a la totalidad de los barrios de la ciudad , abarcando unas 19.000 hectáreas. El objetivo era garantizar el suministro de agua a unos 300 litros diarios por habitante, proyectando abastecer a una población que, en un horizonte de cuatro décadas, podría llegar a los seis millones de personas. Esta obra fue elevado al Ministerio de Obras Públicas en agosto de 1908 y obtuvo aprobación en breve tiempo.^[5]

A finales de 1911, el Poder Ejecutivo impulsó una propuesta para convertir la Dirección General de Obras de Salubridad en un organismo con autonomía propia, con el fin de habilitarla para gestionar operaciones de crédito de manera independiente. Sin embargo, la aprobación legislativa no se concretó sino hasta julio de 1912, y con limitaciones considerables respecto a los niveles de endeudamiento permitidos. De este modo, mediante la sanción de la Ley N.º 8889 del 18 de julio de 1912, quedó formalmente constituida Obras Sanitarias de la Nación, entidad creada para estudiar, construir y administrar las obras de provisión de agua potable para uso doméstico en ciudades, pueblos y colonias del territorio nacional, convirtiéndose en una de las primeras empresas públicas de escala nacional en la historia del país.^[5]

Esta nueva entidad, autónoma en su gestión, integró las experiencias previas de la Dirección General de Obras de Salubridad y formalizó institucionalmente el esfuerzo iniciado décadas antes: un sistema de saneamiento y aguas corrientes.

Crecimiento y desarrollo

El directorio de Obras Sanitarias de la Nación (derivación casi directa de la reorganización de su antecesora inmediata, la Dirección General de Obras de Salubridad) estaba facultado para tramitar un empréstito por la suma de 50 millones pesos oro para la realización de las obras de los principales proyectos aún sin iniciar coordinados por el Ing. Agustín Gonzáles. Sin embargo, producto del estallido de la 1ª Guerra Mundial, disminuyó la capacidad de trabajo de los contratistas un 50% al provocar la restricción de importación de materiales y empréstitos del exterior. Este margen de crédito en 1914 se amplió a 80 millones de pesos, tomando una hipoteca sobre las antiguas obras.^[26]

Los gastos operativos de Obras Sanitarias de la Nación fue cubierto con actividades auxiliares que brindaba la propia empresa, como industriales y talleres.

El Establecimiento Potabilizador Palermo fue pensado en 1908 para alcanzar una capacidad de 250.000m³/día que sumados a los 200.000m³/día del Establecimiento de Recoleta permitían en conjunto alcanzar 450.000m³/día En 1922 la demanda ascendía a aproximadamente en 600.000m³/día. Esto mantuvo al límite la infraestructura y la producción. Ese mismo año, se incorporó en el Establecimiento de Recoleta la desinfección por cloro, cuyo antecedente había sido en Chicago, una década atrás. El país alcanzaba los 10 millones de habitantes —1,7 millones vivía en la Capital—. ^[23][26]

En 1923, dado el rápido crecimiento poblacional y la necesidad de expansión del sistema, se creó el "Proyecto de Ampliación de los Servicios de Agua y Cloaca para una población de 6 millones de habitantes". También se implementaría una nueva toma de mil metros dentro del Río de la Plata. Parte del plan también pretendía la construcción de depósitos en Constitución, Coghlan y Rawson y un cuarto depósito en Flores. El renovado Establecimiento Potabilizador de Palermo habilitado en 1928 contaba con una capacidad de producción de 1.000.000m³/día y paralelamente se dio la baja del servicio del Establecimiento Recoleta.^[23][34]

En la década de 1940 se inició la construcción de los primeros ríos subterráneos, conductos que transportaban agua desde el Establecimiento Palermo hacia los grandes depósitos de Córdoba, Caballito y Devoto. En paralelo, la administración del servicio en el área metropolitana fue unificada bajo la nueva Área Sanitaria Metropolitana, que agrupó bajo una misma conducción a la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires. Esta estructura —formalizada por el Poder Ejecutivo en 1944—, se mantendría vigente hasta la disolución de la empresa en 1993. Durante el mismo período, O.S.N. extendió su cobertura a 14 partidos bonaerenses, alcanzando así la mayor expansión territorial que registraría la red metropolitana a lo largo de su historia.^[23][33]

En 1942 unos 6,5 millones de habitantes tenían provisión de agua corriente y 4 millones, servicios cloacales, y en 1955 los beneficiarios se ampliaron a 10 millones y 5,5 millones respectivamente.^[35]

Deterioro y provincialización de los servicios

El 14 de julio de 1943, O.S.N. se transforma jurídicamente por el Decreto N° 2743 convirtiéndose en la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación y de esta forma perdiendo autarquía administrativa.^[4]

En 1949 bajo la Ley Orgánica N° 13.557 se volvería a determinar el carácter autárquico de la institución, aunque con superintendencia —control— del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, en la práctica la autarquía real no se ejerció efectivamente.^[36]

Esto incurrió en que el mantenimiento preventivo se hizo a un lado y en su lugar se empezó a reparar los equipos, de forma precaria, cuando lo requerían. Los elementos o instrumentos dejaron de reponerse y los procedimientos estandarizados de operación dejaron de seguirse. Este conjunto de acciones fue el que aceleró el deterioro de la provisión de aguas corrientes y desagües. Esto se trató de solventar implementando una activa participación ciudadana en donde los propios clientes asumieran la responsabilidad —parcial— del costo de las instalaciones. También se sumaron créditos con entes extranacionales para asegurar financiamiento básico.^[10]

En 1962 fracasó el primer intento de descentralizar los servicios a las provincias —para aliviar la carga fiscal— al no consultar previamente con las mismas los costos operativos de explotación de servicios.

Como obras destacadas de esa época pueden citarse el Establecimiento Potabilizador Alto Reyes (Jujuy), el Establecimiento Potabilizador El Cadillal (Tucumán), Acueducto Barranqueras–Presidencia R. S. Peña (Chaco), Segundo Acueducto Villa María – San Francisco y el Establecimiento Depurador Bajo Grande (Córdoba), Acueducto Trelew – Puerto Madryn (Chubut). En el Área Metropolitana se realizó tramo Wilde–Berazategui de la 4a Cloaca Máxima, el nuevo emisario subfluvial Berazategui, el Establecimiento Depurador Sud Oeste, el Río Subterráneo Constitución–Lanús, el Establecimiento Potabilización General Belgrano (Bernal) y el módulo de Decantación Establecimiento Gral. San Martín (que incrementó la capacidad a 3.000.000m³/día).^[23]

El 27 de abril de 1973 con la Ley 20.234 cambió el tipo societario de la entonces Administración de Obras Sanitarias de la Nación, que pasó a llamarse oficialmente «Empresa Obras Sanitarias de la Nación» recuperando efectivamente el carácter de organismo autárquico, pasando a ser una empresa pública y dejando de ser una administración general.^[37]

Al año siguiente se unió, junto a todas las empresas públicas, a la Corporación de Empresas Nacionales (CEN) —disuelta en 1978—. También se lanzó la construcción de la Planta Gral. Belgrano (Bernal). La potabilización del agua superficial para el área de servicio del sur del Gran Buenos Aires contaba con una producción de 1.600.000/día. Ese mismo año, se incorporaron, bajo la orbita de la empresa, distintas localidades del interior de la provincia, entre ellas Carmen de Patagones, General Villegas, Pehuajó, Sierras Bayas, Arrecifes, Campana, Tres Arroyos, Olavarría, Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Berisso, General Madariaga, entre otras localidades. Para 1975 la empresa servía a un total de 8.972.611 habitantes.^[26][38][39]

Durante la década de 1980, la postergación sistemática de las inversiones en infraestructura y el congelamiento tarifario no impidieron que la cantidad de usuarios conectados a la red continuara en aumento. La combinación de ambos factores llevó a que, entre 1980 y 1990, la capacidad instalada de producción de agua potable y de tratamiento de efluentes resultara insuficiente para atender la demanda real. Esto empeoró el deterioro que ya se venía gestando desde la transformación jurídica de 1943. La calidad del agua distribuida disminuyó de manera sostenida y las plantas depuradoras, superadas en su capacidad, comenzaron a volcar efluentes sin tratar, agravando la contaminación del Río de la Plata y sus afluentes.^[6][10]

Según las estadísticas de cobertura de servicios de agua potable y saneamiento de la Organización Mundial de la Salud, Argentina pasó de ocupar el 2° puesto al 19° estando solo por encima de dos países de América Latina.^[23]

Privatización de Obras Sanitarias de la Nación

Con la asunción de una nueva administración nacional en 1989, Argentina estaba en medio de un episodio agudo de hiperinflación. El gobierno recién designado lanzó un programa de privatización en Argentina. El objetivo principal del programa privatizador, al menos al principio, era resolver los problemas fiscales. Tras un largo período de inversión neta negativa, las empresas necesitaban altos niveles de inversión de capital para mejorar tanto la calidad como el acceso a sus servicios. El sector público no contaba con los medios para financiar esas inversiones.^[40][41]

Ante la crisis fiscal que atravesaba el país, el gobierno nacional sancionó en 1989 las Leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica (N° 23.696 y N° 23.697). La primera contemplaba, entre sus disposiciones, la transformación de las empresas estatales prestadoras de bienes y servicios —entre ellas O.S.N.— a través de tres mecanismos principales: (a) la constitución de un ente interjurisdiccional, (b) la transferencia de servicios a los municipios, y (c) la concesión de las actividades de comercialización y distribución a operadores privados.^[10]

En octubre de 1990 el Poder Ejecutivo ordenó, a través del decreto 2074/90 firmado por el presidente Carlos Menem —en aplicación de la Leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica del año anterior—, la concesión de los servicios prestados por Obras Sanitarias de la Nación. Al año siguiente, por decreto 1496/91, O.S.N. pasó bajo la órbita del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.^[42][43]

En abril de 1991, mediante la Resolución N° 97/91, se constituyó la Comisión Técnica de Privatización de Obras Sanitarias de la Nación, bajo la órbita de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos. Dos años después, en abril de 1993, se aprobó la adjudicación de la concesión de los servicios de agua potable y desagües cloacales prestados por la Obras Sanitarias de la Nación y en mayo, un mes después, se concesionó los servicios que prestaba Obras Sanitarias de la Nación siendo entregados a un consorcio liderado por el grupo Francés Suez, denominando la nueva compañía privada como Aguas Argentinas S.A. (1993-2006). El 23 de agosto de 1993, a través de la resolución N° 906, se declaró la disolución y estado de liquidación de Obras Sanitarias de la Nación. El pasivo y las deudas de Obras Sanitarias no fueron asumidos por la empresa, quedando en manos del Estado nacional, además, las empresas privatizadas, incluyendo O.S.N., disfrutaron de una considerable “libertad regulatoria” al inicio del programa. La creación de los organismos regulatorios correspondientes se retrasó o se descuidó durante los primeros años del programa de privatización.^{[10][8][9][40]}

Problemas económicos

Tras la Crisis de diciembre de 2001 en Argentina, la empresa quedó con un descalce entre su deuda y sus ingresos, incurriendo en suspensión de pagos (o «default») y en incumplimiento. En 1998, la compañía reestructura sus costos. Se realizaron intentos de transferir la titularidad de la compañía a otros grupos empresarios. Al mismo tiempo, para 2002, la empresa privada acumulaba 57 millones de dólares de deudas a proveedores, 102 millones de dólares en deudas al Estado Argentino y más de 97 millones de pesos -casi 32 millones de dólares- en multas impagas al Estado Nacional.^[55]

Ese año, la comisión legislativa rechazó pedidos de aumentos por el incumplimiento por parte de Suez de los compromisos pactados, informando que podían reducir en 23 millones de pesos sus costos, mediante reducción de honorarios y viáticos de los miembros del directorio, así como en la contratación de agentes externos.^[56] con denuncias sobre la concesión que resaltaban que el concesionario no cumplió con sus obligaciones previstas en el contrato. Cuando el gobierno rescindió el contrato en 2006, argumentó que Aguas Argentinas falló en ejecutar sus funciones en cuanto a expansión de cobertura y calidad. El agua distribuida contenía altos niveles de nitrato y el concesionario no cumplió ni con las normas de presión ni con la construcción de centrales de abastecimiento de agua.^[57]

Revisión de la concesión

En el año 2000 se detectó en diversos puntos del AMBA contaminación por arsénico en el agua con implicancias directas para la salud pública. El consumo prolongado de agua con niveles elevados de arsénico está relacionado con el desarrollo de graves enfermedades, como el cáncer de piel, vejiga y pulmón, malformaciones congénitas, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y daños renales

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires realizó diversas mediciones sobre municipios abastecidos por A.A detecto en más de 13.000 muestras tomadas durante cinco años en 21 municipios niveles de entre 90 y 230 10 μg/L. La Organización Mundial de la Salud definió un valor límite máximo para el arsénico en aguas de 10 μg/L. Hacia el año 2004 la empresa francesa Suez acumulaba 890 millones de dólares en deudas emitidas, más 130 millones de dólares impagos a proveedores y otros 407 millones de dólares en impuestos y tasas adeudadas al Estado.^[58]

En 2021 comienza una nueva etapa de obras durante la administración de Galmarini a través de la inversión estatal en el Gran Buenos Aires 1.8 millones de personas accedieron al agua potable y 1.3 millones a cloacas, se finalizaron 1.800 obras entre ellas Sistema Riachuelo, el Sistema Berazategui, el Sistema Agua Norte y el Agua Sur.^[59]

Gestión estatal

La cobertura de agua potable que en 2003 era del 71,1 % de la población pasó al 82 % en 2015, incorporando 3 881 047 habitantes. Mientras que la cobertura de cloacas pasó del 43,1 % en 2003, al 54,4 % en 2015, incorporando al servicio a 3 130 225 habitantes.^[60]

Desde que la empresa fue recuperada por el Estado nacional, lleva ejecutadas obras por $ 26 714 millones, 727 obras terminadas, más de 8 millones de beneficiarios.^[61] Desde 2003 fueron incorporadas 9 millones de personas al servicio de agua potable, construyéndose a través de AySA, la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas en Tigre, la Depuradora del Bicentenario en Berazategui.^[62] Hasta 2013 la empresa estatal llevaba invertidos 11 500 millones de pesos en ampliaciones y mantenimiento de los sistemas.^[63][64]

El gobierno ha adoptado un programa para ampliar los servicios de agua potable en La Matanza, mediante el proyecto “Agua más Trabajo”, basado en la participación de pequeñas cooperativas de trabajadores locales para la ejecución de las obras para AySA.^[65] Hasta el junio de 2007 se invirtieron $ 101 000 para el beneficio de 741 000 habitantes.^[66]

Desde marzo de 2006, con la reestatización, se inició un plan de obras de gran envergadura tendientes tanto a la depuración del curso de agua como al saneamiento del río La matanza-Riachuelo destacándose la Planta de Tratamiento de Lanús, la Planta de Tratamiento Fiorito, Lomas de Zamora, Emisario Berazategui, Colector Margen Izquierdo, Planta de Tratamiento de Dock Sud, Planta de Tratamiento de Barrios en La Matanza, Planta de Ósmosis Inversa en Ezeiza.^[67]

Tras más de una década en 2016 las tarifas de los servicios de agua potable y cloacas registraron subas bimestrales que oscilaron entre el 170 % y 406 %, incrementándose las tarifas y reduciendo la intervención del Estado a través de subsidios.^[68] En mayo de 2018, hubo otro aumento del 26 %.^[69] Después de 2018, las tarifas siguieron subiendo constantemente hasta la actualidad.

Obras realizadas

A partir de la recuperación, AySA llevó el suministro de agua potable a 2 millones de habitantes y el servicio de cloacas a un millón y medio de ciudadanos, en el marco del plan de la empresa que incluye llegar al 100 % de alcance del servicio de agua potable y de cloacas en el año 2015 y 2018, respectivamente.^[70][71]

En los primeros siete años tras su creación, la empresa invirtió 11 560 millones de pesos en el mantenimiento y en la expansión de los servicios al público en general. Estos servicios incluyeron la instalación de 302 645 conexiones de agua y 221 130 conexiones de cloacas en el período 2006-2012. La empresa también inauguró el primer módulo de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas en Tigre, sobre el Río Paraná y la Depuradora de Líquidos de cloaca del Bicentenario en Berazategui. Ambas obras demandan una inversión de 3300 millones de pesos, permitirán ampliar los servicios de agua a otros 2 000 000 de personas y tratar los líquidos cloacales producidos por 4 000 000 de habitantes, respectivamente. Las obras de ampliación de las plantas depuradoras El Jagüel, Norte y Sudoeste, que en conjunto sumarán 750 000 personas más a los servicios de desagües de cloaca.^[71][72]

De las empresas estatizadas en el periodo 2003-2013, AySA es la que presenta con más claridad el aumento en la calidad del servicio brindado con relación a la anterior gestión privada. La gestión estatal también ocasionó un cambio radical en el nivel de inversión en nuevas obras y renovación de instalaciones. Aunque la multinacional Suez, sostenía que con el precio de las tarifas no podía realizar las inversiones a las que estaba comprometida por contrato, el Estado nacional pudo hacerlo sin aumentar las tarifas al consumidor final.^[71] No obstante a esto, cabe recalcar que la inversiones fueron posibles por la gran subvención que recibió la nueva empresa de parte del estado nacional.

El gobierno ha adoptado un programa para ampliar los servicios e agua potable en La Matanza, provincia de Buenos Aires, mediante el proyecto “Agua más trabajo”, basado en la participación de pequeñas cooperativas de trabajadores locales para la ejecución de las obras para AySA.^[73] Hasta junio de 2007, se invirtieron $101m para el beneficio de 741 000 habitantes.^[74]

En 2007, fue inaugurada la Planta Hurlingham se encuentra ubicada el Camino del Buen Ayre y la calle Gorriti, en el partido de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, sobre un predio de 35 hectáreas, que cuenta con una capacidad de tratamiento para 135 000 habitantes.^[75]

En el año 2013, empezó a construirse la planta depuradora Del Bicentenario, en el Partido de Berazategui, en el Gran Buenos Aires, que se estima beneficiará a unos 4 millones de habitantes. Con una inversión de 482 millones de pesos y el empleo de 400 trabajadores directos, la obra se destina a tratar las aguas residuales de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, aportando mayor flexibilidad al sistema de saneamiento existente y continuando con la expansión de la red de desagües de cloacas.^[76]

En 2013, fue inaugurada la Planta Sudoeste II está ubicada en la localidad de Aldo Bonzi, que puede tratar un caudal medio de 78 000 m³/día (metros cúbicos por día), representado el servicio para una población equivalente de 300 000 habitantes.^[77]

En 2014, se terminó, en el marco del Plan de Saneamiento Integral del Riachuelo, una de las mayores obras de infraestructura Hidríca de América Latina, incorporando 1 500 000 personas a la red de agua potabilizada y 895 000 personas fueron incorporadas a la red de saneamiento de cloacas.^[78]

Gracias a las fuertes inversiones desde su nacionalización durante la gestión de Férnandez la Argentina logró alcanzar un 96 % de cobertura en agua potable, constituyéndose con Uruguay en los países líderes en toda América Latina y el Caribe, mientras que América Latina tiene un 91 % de acceso a agua segura.^[79] En cuanto a la expansión de servicios efectuada por Aysa, más de 16 000 millones invertidos; más de 600 obras ejecutadas; más de 2 500 000 usuarios incorporados al servicio de agua potable y 1 800 000 al de cloacas entre 2006-2013.^[62]

Ampliación Planta de Tratamiento Depuradora de Efluentes Cloacales Sudoeste, se ha previsto tratar un caudal medio de 0,9 m³/seg (metros cúbicos por segundo). El tratamiento de los líquidos cloacales, se realizará mediante la tecnología de lodos activados, precedidos por pretratamiento y decantación primaria. Los trabajos realizados comprenden el proyecto ejecutivo, construcción de las obras civiles, montaje y puesta en marcha de las obras electromecánicas y puesta en régimen del proceso. Cuenta con una capacidad de tratamiento: 77 760 m³/día (metros cúbicos por día), para beneficiar a 330 000 habitantes.^[80]

En 2016, se sumaron a AySA los partidos de Escobar, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Merlo, Presidente Perón y Moreno. En 2017, se sumó el partido de Florencio Varela. En 2018, también se sumó Pilar.^[81][82][83] Desde 2020 comenzó un nuevo ciclo de expansión incorporado a su territorio seis nuevos partidos.^[84]