Energía nuclear en España

Primeros años

En 1945, el gobierno franquista de la época reservó en favor del Estado los yacimientos de uranio ante la presunción de la existencia de dichos minerales, declarándolos posteriormente de interés nacional.^[14] Tres años más tarde se formaba el primer embrión de investigación nuclear: la Junta de Investigaciones Atómicas, presidida por Otero de Navascués. Los primeros objetivos se orientaron a la formación del personal, al estudio de la explotación de los yacimientos de uranio, así como de las técnicas relacionadas con la extracción, metalurgia y física del mineral. Para conseguirlo, el primer paso que se dio fue acercarse a científicos italianos y alemanes.^[15][16]

Posteriormente, por el Decreto-Ley de 22 de octubre de 1951 se transformaría la Junta en Junta de Energía Nuclear (JEN), comenzando entonces la investigación sistemática de minerales radiactivos en España.^[14]

Aplicación militar

Aunque oficialmente el régimen defendía el uso civil de la energía nuclear, no hay que olvidar que, en aquella época, España era una dictadura aislada, por lo que existía una fuerte relación con la Defensa del país. Así, ya en 1963, Otero de Navascués (como presidente del JEN), encargó un estudio sobre las posibilidades reales de construir una bomba atómica sin alertar a la comunidad internacional.^[17] Como anécdota, el incidente de Palomares permitió a los técnicos españoles resolver algunas de sus dudas.^[17] Además, el Régimen siempre se negó a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (que no sería ratificado hasta 1987^[18]). El primer documento oficial donde se reconocía la capacidad española para fabricar la bomba atómica data de 1967: una circular interna del Ministerio de Asuntos Exteriores a varias de sus embajadas en el extranjero. Al proyecto contribuyó significativamente el hecho de que se encontraran y se explotaran reservas propias de uranio.^[17]

En 1971, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), elaboró un informe confidencial en el que señalaba en sus conclusiones que «España podía poner en marcha con éxito la opción nuclear militar». Según este estudio, España podía dotarse rápidamente de su propio armamento nuclear utilizando las instalaciones de las que ya disponía. Indicaba la importancia de la central de Vandellós como fuente de plutonio, así como la posibilidad de realizar la primera prueba nuclear en el desierto del Sáhara Español.^[17]

Así, un informe top secret de la CIA de 1974 ya advertía de que «España es uno de los países de Europa merecedores de atención por su posible proliferación (de armas nucleares) en los próximos años. Tiene reservas propias de uranio de moderado tamaño, un extenso programa de desarrollo nuclear (tres reactores operativos, siete en construcción y otros 17 más en proyecto), y una planta piloto para enriquecimiento de uranio».^[19] La CIA aseguraba entonces que España, además de Irán, Egipto, Pakistán, Brasil y Corea del Sur necesitaban «al menos una década para desarrollar su programa de armas nucleares».^[20][21]

Efectivamente, en 1977 se anunció la creación de una planta de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, debido a las fuertes presiones americanas, el 1 de abril de 1981, España acabó aceptando las condiciones impuestas por los norteamericanos y firmó un acuerdo de salvaguardias con la OIEA para someter estas instalaciones a verificación constante.^[17] Se terminaba así el proyecto de obtención de la bomba atómica.

Uso civil

En 1953 se produjo un acontecimiento que permitió un salto cualitativo en las investigaciones: el presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower pronunció su discurso Átomos para la Paz en el que expresaba su apoyo para el desarrollo de proyectos pacíficos de energía nuclear en los países aliados. Por supuesto, esta situación también beneficiaba a las empresas estadounidenses del sector, sin olvidar que la Unión Soviética también había logrado explotar la bomba H. Así, en 1955 España firmaba con Estados Unidos un acuerdo de cooperación nuclear, en virtud del cual España recibió su primer reactor (Zorita), así como uranio enriquecido.

La estructura nuclear industrial civil en España comenzó entonces a crearse en los años 60, con la decisión de ampliar el parque nuclear y construir las centrales de Garoña y Vandellós I (constituyendo la llamada Primera Generación); fuertemente impulsada desde la Administración por la JEN. En estos primeros proyectos los ingenieros y los constructores eran la misma entidad. La primera central construida, Zorita, se desconectó en 2006 y se encuentra en fase de desmantelamiento hasta 2015.^[22] Su construcción se inició en julio de 1965 y entró en operación comercial en agosto de 1969, sólo quince años después de que se construyera la primera central en el mundo (Óbninsk, en Rusia, en la antigua URSS).^[23]

En la Segunda Generación de centrales tuvieron mayor protagonismo diversas empresas nacionales (Empresarios Agrupados, INITEC y ENSA): Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes.

La central nuclear de Lemóniz comenzó a construirse en 1972 y aunque el grupo I (de los dos de que constaba el proyecto) estaba terminado y únicamente estaba a falta de ser cargado con el combustible no llegó a ser puesta en funcionamiento, fue paralizada definitivamente por la moratoria nuclear aprobada por el gobierno español de Felipe González en 1984.

En 1974 se paralizó el proyecto de construcción de una central en Águilas, Cope, provincia de Murcia. Hubo bastante oposición vecinal y de ecologistas contrarios a su instalación. El 23 de febrero de 1974, el jefe de Protección Civil de la región presentó un escrito en el que alegaba que Marina de Cope era una zona de riesgo sísmico por lo que el proyecto fue definitivamente paralizado. Pasados 37 años, el 11 de mayo de 2011, se produjo —a 20 kilómetros del lugar previsto para la ubicación de la central— el terremoto de Lorca de 2011 suceso que confirmaría dramáticamente el riesgo sísmico de la zona.^[24][25]

A pesar de estos 'contratiempos' las empresas españolas se fueron incorporando a las tecnologías nucleares, consolidándose en la década de los 80 durante la construcción de las centrales de Tercera Generación (Vandellós II y Trillo), con la construcción de fábricas, tanto de equipos como de combustible, así como de servicios especializados. En 1985 se creaba asimismo la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), encargada de su gestión.

Mientras que las centrales de la Primera generación fueron construidas principalmente por empresas extranjeras (con la colaboración de empresas españolas de ingeniería, construcción y montaje, así como fabricantes de equipos, sobre todo eléctricos), se pasó de una participación del 43 % total, a un 75 % en las de segunda generación, y finalmente a un 85 % en las centrales de tercera.^[26]

Sin embargo, en 1983 tras la llegada al poder del PSOE se suspendieron los ambiciosos programas de energía nuclear, promesa electoral que figuraba en su programa para las elecciones de 1982.^[27] La moratoria se aprobaría finalmente en 1984 (dos años antes por lo tanto del accidente de Chernóbil), e incluía una compensación económica anual a las empresas energéticas de unos 65 millones de euros anuales pagada vía tarifa eléctrica, saldada finalmente en 2015.^[28]

Aun así, el Gobierno no renunció del todo a la energía nuclear, ya que en 1986, recién entrada España en la Comunidad Económica Europea, quiso formar parte de un proyecto comunitario para el estudio de diferentes materiales geológicos de cara a determinar cuáles son los más adecuados para el emplazamiento de futuros almacenes de residuos nucleares.^[29] El lugar elegido para el laboratorio experimental español fue la presa de Aldeadávila, pero la presión social de la región fue muy dura e implicó el uso de explosivos y hasta el secuestro del entonces vicepresidente segundo de la Diputación de Salamanca,^[30] lo que llevó a que en octubre de 1987 el proyecto IPES (Instalación Piloto Experimental Subterránea) fuera suspendido.^[31] En octubre de 1989 se producía el incidente más grave en una central nuclear en España,^[32] en la central de Vandellós I, que obligaría a la postre a su cierre, siendo retirada la licencia de explotación por el gobierno.

En 1992 se aprobó el Plan Energético Nacional 1991—2000, manteniéndose la moratoria nuclear, pero en el que se potenciaba la investigación en esta tecnología y en el que se resaltaba la contribución de este tipo de energía en la garantía del suministro.^[33] Así, en 1991 se paralizaron, siendo posteriormente suspendidas (1994), las obras de cinco centrales nucleares proyectadas: Lemoniz I y II, perteneciente a la segunda generación; y las centrales de Valdecaballeros I y II y Trillo II, de la Tercera. Las pérdidas alcanzarían los 729 000 millones de pesetas dadas las grandes inversiones que habían tenido que realizar las empresas eléctricas.^[34]

La capacidad de energía nuclear ha aumentado desde entonces mediante mejoras en los reactores ya construidos.^[35]

A partir de 2022, y con especial intensidad en 2025, el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España cobró nueva relevancia en el marco de la transición energética. Mientras el país mantiene un calendario de cierre progresivo de sus centrales acordado con las eléctricas en 2019, varios países, entre ellos Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido, han optado por extender la vida útil de sus instalaciones nucleares o construir nuevas centrales. A finales de 2025, los titulares de la central de Almaraz presentaron formalmente ante el Ministerio para la Transición Ecológica, una solicitud para extender su operación hasta junio de 2030,^[36] superando el cierre previsto para la central en 2027-2028. La solicitud fue recibida por el ministerio y está pendiente de evaluación por el Consejo de Seguridad Nuclear. El debate se intensificó, adicionalmente, a raíz del apagón eléctrico que afectó a la Península Ibérica en abril de 2025.^[37]

Este contraste ha reforzado la relevancia pública y política del debate energético nacional, en el que convergen consideraciones sobre seguridad de suministro, reducción de emisiones y planificación a largo plazo del sistema eléctrico.

La posición de España contrasta con la tendencia internacional a extender la vida útil de las centrales nucleares como herramienta para garantizar la seguridad de suministro y la reducción de emisiones, lo que ha situado el debate energético en el centro de la agenda política nacional.^[38] En este contexto, el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Miquel Sàmper, declaró que el Govern no cerraba la puerta a una posible prórroga de la vida útil de las centrales nucleares catalanas, aunque recordó que la decisión final corresponde al Gobierno central.^[39]

En octubre del año 2025, se hizo pública la disposición de varios operadores a solicitar la ampliación de la vida útil de la Central nuclear de Almaraz más allá de 2027. El Ministerio para la Transición Ecológica confirmó la recepción de una carta en la que se manifestaba esta intención, aunque precisó que no se trataba de una solicitud formal. Cualquier eventual prórroga está sujeta a criterios de seguridad radiológica, garantía de suministro y ausencia de sobrecostes para los consumidores.^[40]

Ese mismo mes, las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz presentaron oficialmente su solicitud para ampliar la operación hasta 2030, superando el cierre previsto para 2027-2028.^[41] El Ministerio para la Transición Ecológica y el CSN confirmaron la recepción de la petición, pendiente de evaluación conforme a los criterios de seguridad radiológica, viabilidad técnica y ausencia de sobrecostes para los consumidores. Paralelamente, el Congreso debatió propuestas para revisar el calendario nuclear, evidenciando que la cuestión sigue abierta en el plano político y regulatorio.^[42]

Centrales

En España hay cinco centrales nucleares en activo, con un total de siete reactores: Almaraz I y II en Extremadura, Ascó I y II y Vandellós II en Cataluña, Cofrentes en la Comunidad Valenciana, y Trillo I en Castilla-La Mancha. En 2025 sumaron una potencia total instalada de 7117 MW.^[2]

En 2025 las centrales nucleares en España aportaron el 19,06 % de la producción total de energía eléctrica con 51.836 GWh netos generados, lo que situó a la nuclear como la tecnología con mayor factor de capacidad de producción pesa a representar solo el 5,28 % de la potencia instalada del país. En el mismo año produjo el 25,58% de toda la electricidad libre de CO₂ generada en España.^[1]

Las centrales españolas están participadas, en diferentes proporciones según cada central, por las empresas privadas siguientes: Nuclenor, Endesa, Naturgy, Iberdrola y HC Energía, habiendo ocupado algunas de ellas puestos delanteros en clasificaciones internacionales de las mejores centrales nucleares.^[46]

En 2019 se acordó el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares españolas. El 28 de enero, el Gobierno de Pedro Sánchez y las empresas propietarias acordaron que las centrales funcionasen más de 40 años y menos de 50.^[47] En marzo de ese año, Enresa y los propietarios de las centrales firmaron el protocolo de cese ordenado de explotación, que concretó el calendario entre 2027 y 2035.^[48][49] En agosto de 2026, el Gobierno autorizó la continuidad de Almaraz hasta junio de 2030, sustituyendo las fechas de cierre previstas para sus dos reactores, pero manteniendo el resto del calendario hasta 2035.^[50][51]Con esta modificación, el calendario de cierre del parque nuclear español queda distribuido del siguiente modo: Almaraz I y II en junio de 2030, Ascó I, Cofrentes y Vandellós II en 2030, Ascó II en 2031, y Trillo en 2035, fecha en la que está previsto el apagado definitivo del último reactor activo en España. ^[52][53][54]

Actualmente hay tres reactores nucleares que están desconectados. La central de Zorita cesó su actividad en 2006 debido a su antigüedad. El cierre de Vandellós I se produjo tras la retirada de la licencia por parte del gobierno, como consecuencia del suceso ocurrido en octubre de 1989 —un incendio en la sala de turbinas—, que fue calificado de nivel 3 (incidente importante) en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares, tratándose del accidente más grave en la historia nuclear española.^[32] La central de Garoña fue desconectada de la red eléctrica en 2012.

En total ha habido diez reactores nucleares en España repartidos en siete centrales nucleares.

Potencia instalada y producción eléctrica con nuclear (1990-2022)^[64][65]

Porcentaje de cobertura de la generación de electricidad por energía nuclear en España[65]

Fuente: Red Eléctrica de España

Aprovisionamiento de uranio

Desde 1959 hasta 1981 estuvo operativa la fábrica de uranio de Andújar (FUA) situada en el término municipal de Andújar (Jaén). Esta instalación está clasificada como instalación radiactiva de 1.ª categoría. Entre 1991 y 1995 se desarrollaron los trabajos de desmantelamiento ejecutados por ENRESA. Desde 1995 dio comienzo el denominado período de cumplimiento, establecido inicialmente en diez años, para verificar que los parámetros de idoneidad de las actuaciones de restauración y acondicionamiento ejecutadas, se comportan según lo previsto. Transcurridos los diez años del periodo de cumplimiento, no se han alcanzado aún los valores previstos, el emplazamiento continúa en periodo de cumplimiento.^[66]

Desde 1972 hasta 2001 existió una mina de uranio en Saelices el Chico, en Salamanca. Sin embargo, ésta fue cerrada porque la explotación ya no era rentable.

El uranio utilizado como combustible en las centrales españolas es suministrado por EUNASA, que gestiona la compra del mineral, los servicios de conversión y enriquecimiento y la logística hasta entregar el uranio enriquecido a los operadores de las centrales. En 2023, España seguía recibiendo parte del uranio enriquecido de origen ruso, ya que el uranio no está incluido en las sanciones de la UE a Rusia por la guerra de Ucrania, aunque el gobierno español indicó que ENUSA estaba adoptando medidas para diversificar el suministro y garantizar el abastecimiento ante una eventual restricción de acceso al uranio ruso con motivo de las sanciones de la UE a Rusia por la guerra de Ucrania.^[67]

Residuos

De los residuos radiactivos producidos en España, el 95 % son de baja y media actividad y el otro 5 % (160 toneladas anuales) de alta.^[68]

Alta actividad

Artículo principal: Almacén temporal centralizado de España

No existe ningún almacén de residuos de alta actividad en España, por lo que durante la actividad normal de las centrales nucleares este tipo de residuos se almacenan temporalmente en piscinas situadas en sus propias instalaciones, debiendo ser trasladados a almacenes de otros países cuando las centrales son desmanteladas. Concretamente tiene alquilado almacenamiento de residuos en Reino Unido, que deberían haber vuelto a España a finales de 2010; y en Francia, que deberían haberlo hecho en 2011.^[68] Al no poder asumir España el retorno de estos residuos por no disponer de un lugar apropiado, se aplican penalizaciones de hasta 60 000 € diarios, que serán devueltas una vez los residuos sean retornados a España.^[68] Por ello, el gobierno de España aprobó por unanimidad en 2004 el sexto Plan General de Residuos Radiactivos de España, que contemplaba la construcción de un Almacén temporal de residuos de alta actividad Centralizado.^[68]

Así, en 2009 el gobierno elaboró un proyecto para crear el almacén temporal centralizado de residuos de alta actividad en algún municipio español,^[69] siendo elegido en 2011 el municipio de Villar de Cañas de la provincia de Cuenca, para albergarlo.^[70]

Este proyecto sería una instalación en superficie diseñada para guardar en seco hasta 12 816 m³ de residuos.^[71] El aislamiento de estos se realizaría mediante tres barreras. Una cápsula de acero inoxidable, un tubo de almacenamiento de acero inoxidable y una estructura de hormigón de casi dos metros de espesor, siendo el conjunto impenetrable por las radiaciones.^[68]

Adicionalmente se proyectó la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, Cuenca para almacenar los residuos de mayor radioactividad.^[72] Sin embargo, el 27 de diciembre de 2023, el Consejo de Ministros aprobó el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, que descartó definitivamente este proyecto.^[73] En su lugar, se planteó la creación de siete almacenes temporales descentralizados (ATD), vinculados a las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Garoña, José Cabrera, Trillo y Vandellós. Estos almacenes contarían con capacidad suficiente para gestionar el combustible gastado y los residuos de alta actividad generados durante la operación y el desmantelamiento de cada central. La decisión quedó formalizada mediante la Orden Ministerial TED/547/2024, publicada en el BOE el 21 de mayo de 2024, que oficializó el desistimiento de los procedimientos de autorización del ATC de Villar de Cañas.^[74] Los residuos de alta actividad permanecerán en los ATD hasta su traslado definitivo a un Almacén Geológico Profundo (AGP), una vez este entre en funcionamiento.

En diciembre de 2023, el Consejo de Ministros aprobó el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, que descartó definitivamente este proyecto. En su lugar, se planteó la creación de siete almacenes temporales descentralizados (ATD), vinculados a las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Garoña, José Cabrera, Trillo y Vandellós.^[73]

Incidente en el Centro de Energía Nuclear Juan Vigón, 1970

Por suerte en España no se ha producido ningún accidente nuclear grave. Aunque sí hubo al menos uno importante el 7 de noviembre de 1970 en el Centro de Energía Nuclear Juan Vigón de Madrid, la contaminación se desplazó vía Manzanares, Jarama y Tajo y llegó a Lisboa, el accidente se ocultó durante años.^[77]

Incidente en Vandellòs I, 1989

Otro accidente serio (nivel 3 en la escala INES, «incidente importante») se produjo en la central nuclear de Vandellós I el 19 de octubre de 1989, cuando la sala de turbinas se incendió. El elevado coste de las medidas exigidas por el organismo regulador español (CSN) para corregir las irregularidades detectadas hicieron que la empresa explotadora decidiera su cierre definitivo.

Incidentes en la Central de Ascó

Más recientemente, en 2004 y 2007 se produjeron varios escapes radioactivos en las centrales gestionadas por la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV). El incidente de 2004 en la central de Vandellós-2 fue calificado por el CSN como el más grave después del accidente de Vandellós-1 y afectó al sistema de refrigeración del núcleo del reactor (incidente de nivel 2). Además, la empresa trató de ocultar el suceso: durante la investigación del primer incidente en el Congreso de los Diputados el CSN reconoció que ANAV priorizó sus intereses económicos a la seguridad manteniendo la central funcionando en condiciones de «seguridad degradada».^[78] Finalmente ANAV sería sancionada en el año 2006.

Durante el invierno de 2007-08 fueron liberadas partículas radioactivas en la central de Ascó-1. De nuevo, ANAV no informó a la opinión pública sino varios meses después, tras la denuncia de Greenpeace (alertada al respecto por algunos trabajadores).^[79] En mayo de 2009 el incidente de fuga de partículas radiactivas del 2007-2008 se tradujo en la imposición de una multa de 15,3 millones de euros por parte del Ministerio de Industria^[80][81] y actualmente (febrero de 2011) el caso se encuentra en la vía penal. La asociación ecologista denunciaba asimismo que no se trata de sucesos aislados, sino que existe un rosario de incidentes en las centrales debido a una falta de cultura de la seguridad.^[79]

Santa María de Garoña

Tan sólo en el año 2008 se notificaron al CSN siete sucesos. Entre dichos sucesos, seis fueron clasificados como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) y uno como nivel 1.^[82] (seguidos de ocho sucesos en el 2009 y otros cinco en el 2010, todos ellos de nivel 0, «Ninguna importancia para la seguridad»).

Por otro lado, para la refrigeración de la central se empleaban las aguas del río Ebro, produciéndose un aumento de su temperatura de más de 10 grados, lo que provocaba enormes problemas de eutrofización y alteración en el río,^[83] a pesar de que la autorización otorgada a Nuclenor por la Confederación Hidrográfica del Ebro especificaba que «en el río —Ebro— el máximo incremento admisible para la temperatura tras la zona de dispersión térmica, respecto a la temperatura aguas arriba, será en cualquier caso de 3 grados».

Incidentes en la Central de Vandellós II

El 1 de junio de 2007 los problemas de corrosión detectados (agosto de 2004) en el sistema de refrigeración^[84] de Vandellós II fueron clasificados como incidente de nivel 2, siendo la central sancionada con 1,6 millones de euros.

El 24 de agosto de 2008 se produjo un incendio en el edificio de turbinas debido a un fallo en el interruptor de generación del turboalternador que produjo la parada automática del reactor y por tanto su desconexión de la red. Al no provocar ninguna consecuencia radiológica y los sistemas de seguridad haber actuado correctamente se categorizó el suceso como de nivel 0.

Central de Cofrentes

Cofrentes ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una media de 10 sucesos anuales en la década 2000-2010. Asimismo, en los noventa, registró tres de nivel 1, que se califican de 'anomalías'. ^{[85] [86] [87][88] [89]}

Apagón eléctrico del 28 de abril de 2025

El 28 de abril de 2025 la Península Ibérica sufrió el mayor apagón eléctrico de su historia reciente, afectando prácticamente a todo el territorio español y a Portugal durante varias horas. ^[92][93]

Las centrales nucleares españolas se desconectaron automáticamente de la red al aplicarse de los protocolos de seguridad estándar. En estos casos, la parada rápida de los reactores permite detener la reacción en cadena y mantener los sistemas de refrigeración mediante fuentes de energía de emergencia, como generadores diésel y baterías, hasta que se estabiliza el sistema eléctrico externo. La reposición de la generación nuclear se realizó de forma gradual en los días posteriores, una vez restablecida la red de transporte y verificados los parámetros de seguridad de cada una de las instalaciones.^[93][94]

El apagón reavivó, en la sociedad española, el debate sobre el papel de la energía nuclear en la seguridad de suministro de energía en España, en el contexto de la transición energética y del calendario de cierre progresivo del parque nuclear. Diversos análisis subrayaron, por un lado, la función de la generación nuclear como fuente de carga base y, por otro, las limitaciones operativas de esta tecnología para responder con rapidez a perturbaciones extremas del sistema y a cambios bruscos de demanda o de producción renovable. También se discutió la conveniencia de revisar la planificación de cierres y de reforzar las interconexiones y los mecanismos de respaldo, tanto nuclear como no nuclear, para reducir la vulnerabilidad de la red ante eventos de este tipo.^[95][96]

Encuestas

Aunque en España se han realizado bastantes encuestas de opinión pública (40 hasta 2015), hay poca consistencia entre ellas en términos de diseño, de objetivos específicos y de muestreo, lo cual limita mucho las posibilidades de hacer comparaciones históricas fiables.^[101] La primera vez que la población española fue preguntada sobre sus actitudes hacia la energía nuclear fue en 1975, todavía durante el franquismo. La mayoría de los enquestados (un 45 %) expresaba su indiferencia hacia esta fuente energética; un 20 % se posicionaba a favor y un 35 % en contra.^[102] En 1988 (la primera tras el accidente de Chernóbil) más de un 35 % de la muestra todavía no sabía qué era la energía nuclear y solo el 17 % consideraba aceptables los riesgos nucleares. Chernóbil se identificaba como la peor catástrofe nuclear, y vivir en las cercanías de una central nuclear o trabajar en una mina de uranio se consideraban las actividades más peligrosas, y casi la mitad de la población española (47 %) percibía los riesgos nucleares como inaceptables (en Europa el porcentaje era del 51 %).^[101] En los últimos años, las encuestas siguen indicando un cierto rechazo y una profunda preocupación en la utilización de este tipo de energía; o al menos la preferencia de alternativas.

• CIS (abril de 2000)^[103]
  Datos de opinión sobre la percepción de la energía nuclear en España, en los que se pone de manifiesto la preocupación de la sociedad por los residuos radioactivos y la seguridad de las centrales.

• Comisión Europea (octubre-noviembre de 2005)^[104]
  En España el porcentaje de población favorable a la construcción de nuevas nucleares se reduce al 4 %, el 50 % de la población apuesta por el desarrollo de la energía solar y la segunda opción energética favorecida es la energía eólica con el 28 %. Las nuevas tecnologías energéticas son apoyadas por el 27 %. En la Unión Europea, la media se sitúa en el 12 % de personas favorables a la construcción de nuevas centrales.

• CIS (marzo de 2007)^[105]
  ¿Cuál cree que plantea más riesgos para la salud humana? Energía nuclear (primera respuesta): 58,2 %.
  ¿Y cuál es la que más perjudica el medio ambiente? Energía nuclear (primera respuesta): 38,1 %.

• CIS (noviembre de 2007)^[106]
  De las ocho fuentes de energía utilizadas en nuestro país [España] en mayor o menor medida, que figuran en esta tarjeta, ¿cuál cree Ud. que se debería utilizar menos en primer lugar? La energía nuclear en cabeza, con el 40,3 % de las respuestas.

Según los datos del Eurobarómetro de 2005 y 2008, existe una cierta progresión en cuanto a la aceptación de la energía nuclear en España, aunque se mantiene aún en porcentajes claramente minoritarios, pasando del 16 al 24 %. No existen encuestas oficiales del CIS o del Eurobarómetro post-Fukushima (11 de marzo de 2011).

• Sondeo-flash elaborado por Metroscopia para EL PAÍS. Realizado entre el 14 y el 16 de marzo de 2011^[107]

- ¿España debe abandonar la energía nuclear? el 49 % se muestra de acuerdo, y el 46 %, en contra.

- ¿Cree que las nucleares presentan más ventajas que inconvenientes? 46 % si, 43 % no.

- ¿Considera «inevitable» la utilización de la energía nuclear, aunque no sea la mejor solución? 54 % si, 42 % no.

- El 57 % de los encuestados cree que son «muy» o «bastante» seguras, sin embargo, el 74 % rechaza abiertamente que se instale una central en su municipio y el 70 % en su provincia.

- 96 % de los españoles cree necesario revisar las medidas de seguridad de las centrales nucleares españolas.

• CIS (mayo de 2011 - después del accidente de Fukushima)^[101]

- «Los riesgos de la energía nuclear, como fuente de energía, superan los beneficios». (52 %)

- «Los beneficios de la energía nuclear, como fuente de energía, superan los riesgos». (32 %)

• Giro en la opinión pública (2022-2025)^{[108][109][110]}

A partir de 2022, coincidiendo con la crisis energética europea y el debate sobre la transición energética, la opinión pública española sobre la energía nuclear experimentó un cambio significativo. Según datos del Real Instituto Elcano, el apoyo a prolongar la vida útil de las centrales pasó del 24% en 2019 al 66% en 2025. Una encuesta de Metroscopia de enero de 2025 arrojó datos en los que el 55% de los encuestados preferían mantener las centrales abiertas o aplazar el cierre de estas frente al 41% que apoyaba el cierre de estas, según el calendario previsto. Según la encuesta de Sigma Dos publicada en abril de 2025 para el diario El mundo, el 67,8% de los españoles no apoyaría el cierre de centrales si ello implicara un mayor coste para sus bolsillos en la factura de la luz. Casi la mitad de los encuestados -un 47,7%- se define como «partidario de la energía nuclear», pero con una fractura entre hombres y mujeres. Ellos la apoyan mayoritariamente (57,3%) mientras que ellas la rechazan (43,2%). En cuanto a recuerdo de voto, el respaldo es masivo entre los electores de Vox (74,9%) y PP (69%) mientras que en el extremo opuesto, entre los de Sumar apenas alcanza el 18%.

Partidos políticos

• PSOE: Desde la aprobación en 1984 de la moratoria nuclear por parte del gobierno de Felipe González, la posición oficial del partido ha sido de mantener las centrales en funcionamiento, sin construir nuevas. En el programa electoral para las elecciones de 2008 el PSOE prometió además cerrarlas según alcanzaran el final de su vida útil. Además de seguir incentivando la investigación en energías renovables.^[111] Sin embargo, en febrero de 2011, el PSOE votó a favor de una enmienda en el Senado a la Ley de Economía Sostenible propuesta por CiU en la que se amplía el periodo de vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años si lo autoriza el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).^[6] Desde 2018 la posición del PSOE está definida en el "desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales nucleares"^[112]

• PP: En 2010, oficialmente, expresaban que: «nos comprometemos a mantener un mix energético equilibrado y competitivo, sin renunciar a ninguna fuente de producción de energía»^[113] sin rechazar la energía nuclear, y proponiendo reabrir el debate.^[114] Por ello se opusieron fuertemente al cierre de la Central de Garoña, decidida en 2009 y prevista para 2013. Además, aseguraban que el Gobierno actuaba contra la energía nuclear en función de sus intereses ideológicos o que sus decisiones al respecto eran inmaduras e irresponsables, y pidieron debates sosegados sobre estos temas, sin dejarse influir por situaciones o momentos que estuvieran ocurriendo.^[115][116] Desde el 2022, el PP adoptó una posición más favorable a mantener o prolongar el funcionamiento de las centrales nucleares. En 2023, en campaña electoral prometió revisar el calendario de cierre si llegaba al gobierno.^[117]Finalmente, Garoña se cerró tras una Orden Ministerial el día previsto, 6 de julio de 2013,^[118] sin que la producción energética española se resintiera, se clausuró definitivamente en 2017 y en 2023 empezó su desmantelamiento.^[119]
• VOX: Desde al menos el año 2022, defiende la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas y la revisión del calendario de cierre previsto. En diciembre de 2023, el partido registró una proposición no de ley en el Congreso en la que proponía reconocer la energía nuclear como una fuente de energía limpia y sostenible, cancelar el calendario de cierre de las centrales nucleares, fomentar inversiones en el sector y promover la extensión de la vida útil de las instalaciones existentes.^[120] Durante 2024, reiteró estas propuestas en diversas iniciativas parlamentarias relativas a las centrales de Almaraz y Cofrentes.^[121]

• Sumar: La coalición se opone a la energía nuclear y defiende el mantenimiento del calendario de cierre de las centrales nucleares en España. En el ámbito parlamentario, ha rechazado iniciativas orientadas a retrasar el cierre del parque nuclear y ha instado al cumplimiento del acuerdo de coalición en materia energética, argumentando que constituye un compromiso programático y un elemento central de la transición hacia un sistema energético basado en energías renovables.^[122][123]

Entre el resto de partidos, mientras que CiU pidió asimismo que se reabriera el debate,^[114] el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, a raíz de lo sucedido en Japón, se manifestó a favor del cierre de todas las centrales nucleares porque suponen un grave riesgo para la salud de las personas. Además, su programa electoral para las elecciones municipales de 2010 contenía la propuesta de prohibir el tránsito o el almacenamiento de material nuclear en los municipios, es decir, los cementerios nucleares.^[124] Podemos, PNV, BNG, PA, CHA, Bildu, CC^[125] ERC^[126] e ICV^[127] también se oponían a la energía nuclear. Tan sólo UPyD se declaró claramente a favor: en el programa electoral del año 2008 expresaba que «UPyD se opone al mantenimiento de la moratoria nuclear porque da por cerrado un debate vivo e impide adoptar una decisión política sobre el futuro uso de la energía nuclear en España»^[128], y su grupo de Economía comentó que «esperábamos un Plan energético integral con un replanteamiento de la necesidad de seguir utilizando la energía nuclear» en respuesta a la Ley de Economía Sostenible del Gobierno.^[129]

Organizaciones ecologistas

Todas las organizaciones ecologistas de ámbito estatal, como WWF/Adena, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, defienden un calendario de cierre progresivo, pero urgente del parque nuclear español evolucionando hacia una producción de origen renovable,^[131] a pesar de que, según un informe del Instituto de Tecnología de Massachussets, la energía nuclear podría contribuir de forma importante a la reducción de emisiones de CO₂.^[132] Según un estudio del Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas —encargado por Greenpeace—, las centrales nucleares serían un gran obstáculo para el despliegue a gran escala de las energías renovables.^[133]

Asimismo, la organización Ecologistas en Acción presentaba a principios de 2011 su Propuesta de generación eléctrica para 2020^[134] informe en el que se destacaba la posibilidad técnica y económica de cerrar progresivamente las centrales nucleares (y de carbón) hasta 2020 si existe voluntad política. Se destaca que en la generación eléctrica existen alternativas mediante las energías renovables, no así como en otros sectores como el del transporte.

Además, achacan los episodios de hipotéticos problemas de seguridad principalmente al envejecimiento del parque español (25 años de media), la liberalización del mercado energético (que habría significado un descuido en favor de la búsqueda de mayores beneficios), y una falta de rigor del cumplimiento de sanciones por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.^[135] Además, la organización Greenpeace explica los sucesivos incidentes de los últimos años en Vandellós y Ascó por una pésima cultura de la seguridad de ANAV, añadiendo que de esta manera no se dan las condiciones para que se renueve el permiso de explotación de sus centrales.^[79]

A partir del año 2009 (por la oposición a la instalación del Almacén Temporal Centralizado previsto por el Gobierno sin decidir antes el cierre de las centrales en territorio español) y 2011 (accidente de Fukushima) el movimiento antinuclear se ha visto fuertemente reactivado.^[136]