Constitución de Marruecos de 1962

La Regencia de Argel fue una de las principales bases de los piratas y traficantes berberiscos que atacaban barcos cristianos y asentamientos costeros en el Mediterráneo y el Atlántico Norte. Al igual que el resto de la costa berberisca, la Regencia de Argel vivía del comercio de esclavos o mercancías capturadas en Europa, América y África. Las potencias europeas bombardearon Argel en diversas ocasiones como represalia, y Estados Unidos inició las guerras berberiscas para poner fin a la piratería argelina contra la navegación cristiana.^[2]

En 1827, una disputa entre Hussein Dey, gobernante de la Regencia de Argel, y el cónsul francés derivó en un bloqueo naval, tras lo cual el Reino de Francia invadió Argel en 1830 y se apoderó de otras comunidades costeras. En medio de los conflictos políticos internos en Francia, se tomaron decisiones reiteradas para mantener el control del territorio, y durante los años siguientes se desplegaron fuerzas militares adicionales para sofocar la resistencia en el interior del país. Tras emprender la conquista de Argelia, Francia empezó a mostrar un gran interés en Marruecos (conocido como Imperio jerifiano) ya en 1830, no solo para proteger la frontera de la Argelia francesa, sino también por su posición estratégica en dos océanos. En 1860, una disputa sobre el enclave español de Ceuta llevó a España a declarar la guerra. La España victoriosa obtuvo un nuevo enclave y una Ceuta ampliada en el Tratado de Wad-Ras. En 1884, España creó un protectorado en las zonas costeras de Marruecos.^[3][4]

En 1904, Francia y España delimitaron zonas de influencia en Marruecos con el convenio hispano-francés. El reconocimiento por parte del Reino Unido de la esfera de influencia francesa provocó una fuerte reacción del Imperio alemán, produciéndose la Primera Crisis Marroquí en 1905. El asunto se resolvió en la Conferencia de Algeciras de 1906. La Crisis de Agadir de 1911 incrementó las tensiones entre las potencias europeas. El Tratado de Fez de 1912 convirtió a Marruecos en protectorado de Francia, lo que desencadenó los disturbios de Fez de 1912. Desde un punto de vista legal, el tratado no privó a Marruecos de su condición de Estado soberano, ya que el sultán reinaba, pero no gobernaba. España continuó operando su protectorado costero. Mediante el mismo tratado, España asumió la función de protección del poder sobre las zonas norte y sur del Sáhara.^[4]

En enero de 1944, el Partido Istiqlal, que posteriormente proporcionó la mayor parte del liderazgo del movimiento nacionalista, publicó un manifiesto exigiendo la independencia total, la reunificación nacional y una constitución democrática. El sultán Mohamed V aprobó el manifiesto antes de presentarlo al residente general francés, quien respondió que no se estaba considerando ningún cambio fundamental en el estatus de protectorado.^[5][4] Mohamed V y su familia fueron trasladados al Madagascar francés en enero de 1954. Su reemplazo por el impopular Mohammed Ben Aarafa, cuyo reinado se percibía como ilegítimo, desató una activa oposición al protectorado francés, tanto por parte de los nacionalistas como de quienes veían al sultán como un líder religioso. Para 1955, Ben Arafa fue presionado para abdicar; en consecuencia, huyó a Tánger, donde abdicó formalmente. La violencia más notable ocurrió en Uchda, donde los marroquíes atacaron a residentes franceses y otros europeos en las calles. Francia permitió el regreso de Mohamed V en 1955, y las negociaciones que llevaron a la independencia marroquí comenzaron al año siguiente.^[4]

Tras el referéndum del 13 de septiembre de 1996, que estableció un sistema bicameral, los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos mediante sufragio universal, mientras que los miembros de la Cámara de Consejeros lo son de forma indirecta.^[11]

La constitución reconoce la soberanía nacional, y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante el referéndum y la elección de sus representantes. La constitución declara que Marruecos es un país cuya forma de gobierno es una monarquía constitucional multipartidista. Atribuye a los partidos políticos, a las organizaciones administrativas territoriales y a las entidades oficiales donde están presentes empresarios y trabajadores la representación de los ciudadanos.^[11]

La constitución establece que el poder ejecutivo se encuentra en manos del rey de Marruecos, cuya persona es sagrada e inviolable. El rey designa libremente al primer ministro y el gabinete, que preside. El primer ministro y los ministros son responsables ante el rey y el Parlamento. El rey puede disolver el Parlamento, retrasar la convocatoria electoral o ampliar el plazo de la legislatura. Igualmente, puede solicitar una segunda lectura de una propuesta de ley por las cámaras y, en caso de ser rechazada por las mismas la propuesta del rey, someter a referéndum la aprobación, salvo que la aprobación o denegación reciba el apoyo de dos tercios del Parlamento.^[11]

El Gobierno, en su responsabilidad ante el Parlamento, puede ser procesado por este, en cuyo caso aprueba y envía el expediente a la Corte Suprema de Marruecos.^[11]

Se reconoce un poder judicial independiente, cuya más alta cúspide la representa el Tribunal Supremo, que sin embargo es nombrado por el Rey a propuesta de ambas Cámaras parlamentarias. El Presidente del Tribunal lo elige el Rey.^[11]

Todos los ciudadanos marroquíes son considerados iguales ante la ley, y hombres y mujeres disfrutan de los mismos derechos políticos. La constitución garantiza la libertad de cultos, -aunque se reconoce como Estado confesional islámico-, la libre circulación, la libertad intelectual, de expresión y de asociación, así como el derecho a reunirse en público y afiliarse a cualquier partido político.^[11]

En los derechos sociales, se reconoce el derecho de huelga, y el derecho a la propiedad privada y la libre empresa.^[11]

La reforma de la Constitución requiere el voto favorable de los dos terceras partes del Parlamento, aprobadas en sesiones separadas por ambas Cámaras, que después debe someterse a la aprobación por referéndum. El Rey tiene la potestad de someter directamente a referéndum, sin consulta al Parlamento, cualquier modificación. Están excluidas de la posibilidad de ser modificadas las disposiciones que regulan el régimen monárquico y el estatuto de confesión religiosa islámica del Estado.^[11]

La Constitución establece un Consejo Constitucional compuesto por doce miembros elegidos:^[11]

1. Seis por designación real directa, cuyo mandato dura nueve años no renovables. El Rey elige también al Presidente entre sus designados.
2. Tres por el presidente de la Asamblea de Representantes, que se renuevan uno a uno cada tres años.
3. Tres elegidos por el presidente de la Asamblea de Consejeros, que se renuevan uno a uno cada tres años.

Son funciones del Consejo:^[11]

1. Decidir sobre la validez del procedimiento en las elecciones de los miembros del Parlamento y del desarrollo de los referéndum.
2. Vigilar que se ajustan al contenido constitucional las leyes orgánicas y las reglas de procedimiento de cada Cámara.
3. El examen de cualquier otro proyecto de ley, antes de ser aprobado, a propuesta del Rey, el primer ministro, los Presidentes de las dos Cámaras del Parlamento o un cuarto de los miembros que componen cualquiera de las Cámaras.

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