Departamento de Justicia de los Estados Unidos
departamento ejecutivo federal de Estados Unidos a cargo de la aplicación de la ley
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (en inglés: United States Department of Justice, o por sus siglas, DOJ) es un departamento ejecutivo del gobierno federal de Estados Unidos que supervisa la aplicación de las leyes federales y la administración de justicia a nivel nacional. Es el equivalente a los ministerios del interior o de justicia de otros países. La titularidad del departamento recae en el Fiscal General de los Estados Unidos, que ejerce sus funciones bajo la dependencia directa del Presidente y ostenta la condición de miembro de su Gabinete. Pam Bondi desempeña el cargo de fiscal general desde febrero de 2025.[1]
| Departamento de Justicia de los Estados Unidos United States Department of Justice | |
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| Emblema del Departamento de Justicia de los Estados Unidos | |
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| Bandera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos | |
| Información de la Agencia | |
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| Personalidad legal | Agencia gubernamental |
| Estructura jurisdiccional | |
| Naturaleza general |
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| Estructura operacional | |
El Departamento de Justicia agrupa a la mayoría de las agencias federales de seguridad de los Estados Unidos, como el FBI, el Servicio de Marshals, la ATF, la DEA y la Agencia Federal de Prisiones. Asimismo, el departamento cuenta con ocho divisiones jurídicas que representan al gobierno federal en los procesos judiciales: las divisiones de lo Penal, Civil, Antimonopolio, Tributaria, Derechos Civiles, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Seguridad Nacional y Administración de Justicia. También forman parte del Departamento de Justicia las fiscalías federales de cada uno de los 94 distritos judiciales de Estados Unidos.
El Congreso de Estados Unidos creó el Departamento de Justicia en 1870, durante la presidencia de Ulysses S. Grant. Sus funciones se remontan a 1789, cuando el Congreso instituyó el cargo de Fiscal General. El departamento tiene su sede en Washington, D. C., en el Edificio Robert F. Kennedy del Departamento de Justicia.
Historia
La Oficina del Fiscal General se creó mediante la Ley de la Judicatura de 1789 como un cargo a tiempo parcial para una sola persona, aunque fue expandiéndose junto con la burocracia estatal. En sus inicios, el fiscal general asesoraba legalmente tanto al Congreso como al Presidente de los Estados Unidos; sin embargo, en 1819, pasó a asesorar únicamente al Congreso con el fin de garantizar una carga de trabajo asumible.[2]Hasta 1853, el sueldo del fiscal general estaba fijado por ley en una cuantía inferior a la que percibían los demás miembros del Gabinete. Los primeros fiscales generales complementaban sus ingresos ejerciendo la abogacía por cuenta propia, a menudo defendiendo casos ante los tribunales en representación de clientes particulares.[3]La escasa relevancia administrativa de la oficina queda ejemplificada en la figura de Edward Bates, fiscal general bajo la presidencia de Abraham Lincoln. Bates dirigía una operación mínima, con una plantilla de apenas seis personas. Su función principal consistía en elaborar dictámenes jurídicos a petición de Lincoln y de los miembros del Gabinete, además de ocuparse de casos ocasionales ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Gabinete de Lincoln estaba compuesto por abogados experimentados que rara vez sentían la necesidad de solicitar sus dictámenes. Además, Bates carecía de autoridad sobre los fiscales federales del país; en aquella época, el sistema judicial federal dependía del Departamento del Interior, mientras que el Departamento del Tesoro se encargaba de las reclamaciones. La mayoría de los dictámenes emitidos por la oficina de Bates carecieron de relevancia. Lincoln no le encomendó misiones especiales ni solicitó su asesoramiento para los nombramientos del Tribunal Supremo. Aunque Bates tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre política general como miembro del Gabinete con una sólida base política, rara vez intervino.[4]
Tras los infructuosos esfuerzos de 1830 y 1846 para convertir el cargo de fiscal general en un puesto a tiempo completo,[3]en 1867 el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, encabezado por el congresista William Lawrence, promovió un estudio para la creación de un "departamento jurídico" dirigido por el fiscal general e integrado por los diversos asesores jurídicos departamentales y los fiscales federales. El 19 de febrero de 1868, Lawrence presentó un proyecto de ley en el Congreso para crear el Departamento de Justicia, que el presidente Ulysses S. Grant promulgó el 22 de junio de 1870.[5]
La "Ley de Creación del Departamento de Justicia" amplió drásticamente las competencias del fiscal general al incluir la supervisión de todos los fiscales federales (que anteriormente dependían del Departamento del Interior), así como el ejercicio de la acción penal en todos los delitos federales y la representación de los Estados Unidos en todos los procedimientos judiciales, prohibiendo al gobierno federal la contratación de abogados privados.[6]Asimismo, la ley instituyó la Oficina del Procurador General para supervisar y dirigir los procesos judiciales del gobierno ante el Tribunal Supremo.[7]