Gobierno de Antonio José de Sucre

A principios de febrero de 1825, tras cruzar el río Desaguadero al mando del Ejército Unido Libertador, Antonio José de Sucre fue recibido con entusiasmo en La Paz.^[1] Dos días después, el 9 de febrero, y sin instrucciones específicas de Simón Bolívar sobre cómo actuar políticamente en la región, Sucre emitió un decreto convocando a la Asamblea de 1825, compuesta por diputados de las cinco intendencias de Charcas, para decidir el futuro político del territorio.^[2] Sucre consideró que la cuestión más urgente era resolver si Charcas se uniría al Perú, a las Provincias Unidas del Río de la Plata, o si se constituiría en una nación independiente.^[2] Después de completar la campaña militar contra el último bastión realista, comandado por el general Pedro de Olañeta, Sucre entró triunfalmente el 25 de abril de 1825 en Chuquisaca (actual Sucre). La ciudad era la antigua capital de la Real Audiencia de Charcas y el último reducto de la autoridad española en Sudamérica.^[1]

El decreto del 9 de febrero estableció un sistema electoral censitario, que exigía a los electores un ingreso anual mínimo de 300 pesos y a los diputados al menos 800 pesos, además de una edad mínima de 25 años y cuatro años de residencia en el partido.^[3] Debido a que la campaña militar continuaba, la instalación de la asamblea se postergó varias veces y finalmente tuvo lugar el 10 de julio de 1825 en Chuquisaca, en la antigua capilla jesuita de la Universidad de San Francisco Xavier. La sede prevista inicialmente era Oruro, pero fue descartada por el duro invierno del altiplano.^[4] El debate sobre la organización política de Charcas se inició el 18 de julio y, aunque existía un amplio consenso sobre la formación de una nación independiente integrada por las cinco intendencias, la votación definitiva se postergó hasta el 6 de agosto.^[5] Ese día, coincidiendo con el primer aniversario de la batalla de Junín, los diputados votaron 45 contra 2 a favor de declarar a las cinco intendencias un Estado soberano e independiente, en lugar de anexarlas al Perú o a las Provincias Unidas del Río de la Plata.^[5]

Días después, la asamblea decidió honrar a Bolívar y a Sucre bautizando a la nueva nación como "República de Bolívar", nombre que derivaría poco después en el de Bolivia. También acordó que la futura capital llevara el nombre de Sucre y designó al Libertador presidente de la república para el caso de que residiera en el territorio.^[6] Durante su estadía en Chuquisaca, entre noviembre de 1825 y enero de 1826, Bolívar emitió más de 50 decretos, resoluciones y órdenes sobre temas como la minería, los impuestos, las cuestiones indígenas, los establecimientos religiosos y la organización del futuro Congreso Constituyente.^[7] El 29 de diciembre de 1825, Bolívar delegó el mando a Sucre y designó al general Andrés de Santa Cruz como su reemplazante en caso de enfermedad, ausencia del país o fallecimiento del nuevo mandatario.^[8] Tras la partida de Bolívar hacia el Perú a mediados de enero de 1826, la administración diaria del país quedó por completo en manos de Sucre. Con un Tesoro agotado por los gastos ocasionados durante la visita del Libertador, le correspondió afrontar la tarea de reactivar la economía, reformar el sistema fiscal y la Iglesia, y organizar las nuevas instituciones del Estado.^[9]

Una de las principales preocupaciones del gobierno de Sucre fue mejorar las condiciones de salubridad, especialmente en las ciudades. Para ello impulsó campañas de vacunación y saneamiento ambiental, además de intentar reformar los hospitales de Bolivia. En octubre de 1827, el ministro del Interior ordenó a los gobernadores de provincia enviar informes mensuales sobre los nacimientos y las defunciones en todo el país, aunque la disposición solo se cumplió en los departamentos de Oruro y La Paz.^[10] Las estadísticas de enero de 1828 para el departamento de La Paz mostraron una relación de una defunción por cada 1,72 nacimientos, cifra que se reducía a 1/2,92 en la ciudad de La Paz. Los datos revelaban también que más de la mitad de las defunciones registradas eran niños de corta edad.^[11]

La campaña de vacunación contra la viruela fue uno de los aspectos más destacados de la política sanitaria del nuevo gobierno, en una época en que el uso de la vacuna todavía era una novedad en América Latina.^[11] En julio de 1825, Sucre solicitó al prefecto de Arequipa el envío de vacuna antivariólica a Charcas, la cual llegó en diciembre de ese mismo año.^[12] Esta fue luego distribuida a las ciudades de Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra junto con instrucciones para su conservación y propagación.^[13] La iniciativa fue recibida con poco interés en algunas capitales departamentales, por lo que en 1826 el gobierno emitió una nueva circular para asegurar la conservación de la vacuna y fomentar su aplicación periódica a través de los curas párrocos, además de contratar vacunadores asalariados en ciudades como La Paz y Chuquisaca.^[13]

El gobierno también impulsó el saneamiento ambiental de la provincia de Mizque, en el departamento de Cochabamba, donde la malaria endémica, asociada a la presencia de aguas estancadas, contribuía al descenso de la población de la región.^[14] En julio de 1825, Sucre ordenó el desagüe de una laguna cercana a la ciudad y la limpieza de las acequias, pero el proyecto fracasó debido a la falta de interés de las autoridades municipales y a sospechas de malversación de los fondos asignados, pese a los intentos posteriores de reanudar las obras.^[15]

En materia hospitalaria, el gobierno republicano buscó reorganizar los siete hospitales existentes en Charcas, ubicados en La Paz, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Cochabamba y Mizque. La mayoría era administrada por los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios y se financiaba con una parte de los diezmos eclesiásticos.^[16] Mediante un decreto del 22 de marzo de 1826, Sucre reglamentó la distribución de esos recursos entre los hospitales de Santa Bárbara, en Chuquisaca, San Salvador, en Cochabamba, y los de Potosí y Oruro. Sin embargo, la disminución de los diezmos durante la guerra de independencia limitó considerablemente el alcance de las reformas.^[17] El hospital de San Salvador, en Cochabamba, fue el que logró mayores avances gracias a la insistencia de las autoridades locales, y fue reinaugurado el 8 de marzo de 1827 después de ampliar sus instalaciones.^[18] A pesar del limitado éxito general de estas reformas, la campaña de vacunación antivariólica se cuenta entre las primeras de su tipo documentadas en la región. El intento de saneamiento de Mizque mostró una comprensión temprana de la relación entre las aguas estancadas y la malaria, décadas antes de que esta enfermedad fuera erradicada en la zona del canal de Panamá.^[19]

Antes de la independencia, la educación en el territorio de Charcas era escasa y estaba mayormente en manos de la iglesia. Las ciudades contaban apenas con una o dos escuelas de primeras letras, reservadas a los varones, mientras que la instrucción superior se limitaba a los colegios y seminarios de Chuquisaca, sede de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier.^[20] La educación femenina se reducía a un pequeño número de colegios de Educandas, y la población indígena estaba prácticamente excluida de la enseñanza formal.^[21]

Colegios departamentales

La ejecución de la reforma tropezó primero en Cochabamba. Encargado de organizar un colegio en esa ciudad, Rodríguez enfrentó conflictos con el clero y las autoridades locales, además de dificultades financieras, y en julio de 1826 renunció al cargo de director general luego de haber gastado, según Sucre, más de 15 000 pesos públicos sin resultados.^[24] A pesar de esto, el Colegio Sucre de Ciencias y Artes se inauguró finalmente el 20 de agosto de 1826 en el antiguo claustro jesuita de la ciudad, aunque su desarrollo académico fue limitado por la falta de profesores.^[25] El mayor éxito de la reforma en el departamento fue, en cambio, la extensión de la educación primaria a los pueblos de provincia,^[26] elogiada incluso por un viajero inglés que recorrió la región.^[27]

En Chuquisaca, el antiguo colegio de San Juan Bautista se transformó en el Colegio de Ciencias y Artes, conocido como colegio Junín, inaugurado el 9 de febrero de 1827 con siete cátedras y veinte becas.^[28] Una ley orgánica de educación, sancionada por el Congreso Constituyente y firmada por Sucre el 9 de enero de 1827, unificó el pénsum de los colegios de ciencias y artes de la nación.^[28] En la capital también se estableció una Escuela Normal de Enseñanza Mutua, basada en el método lancasteriano, adonde cada departamento enviaba jóvenes becados para instruirse y luego regresar a fundar escuelas primarias en sus provincias.^[29] En La Paz, el colegio de San Simón de Ayacucho se erigió sobre los restos del antiguo seminario colonial de San Gerónimo y fue inaugurado el 27 de junio de 1826. Según el historiador Lofstrom, fue el que mejor acogida tuvo entre la población.^[30] En Potosí, el colegio Pichincha se financió de forma singular, no con bienes eclesiásticos sino con una reducción del impuesto sobre la plata vendida al Banco de Rescate, iniciativa del prefecto William Miller.^[31] Fue inaugurado el 7 de mayo de 1826, y sufrió crónicos problemas financieros ligados a las fluctuaciones de la minería.^[32]

En Oruro, el colegio Bolívar de Ciencias y Artes se financió con las rentas de los monasterios suprimidos de la ciudad y fue inaugurado en junio de 1827, aunque su población estudiantil nunca superó los 36 alumnos.^[33] En Santa Cruz de la Sierra, donde no existía tradición de educación superior comparable, el Gobierno apenas sentó las bases para revivir el antiguo seminario colonial. El colegio solo se consolidaría formalmente en 1831, ya bajo la presidencia de Andrés de Santa Cruz.^[34]

En los cinco departamentos se fundaron también, con diverso éxito, colegios o escuelas destinados a niñas huérfanas, así como orfanatos para varones, aunque estos últimos rara vez llegaron a concretarse fuera de Chuquisaca y La Paz.^[35]

Bolivia heredó del período colonial una hacienda pública desorganizada y empobrecida por las guerras de independencia. Hacia octubre de 1825, la caja de La Paz disponía apenas de 106 pesos en efectivo, mientras que las de Oruro y Santa Cruz de la Sierra enfrentaban crisis similares, al punto de no poder pagar los sueldos ni el sustento de las tropas acantonadas.^[43]

Durante sus primeros dieciocho meses de gobierno, Sucre emprendió una serie de reformas para aliviar la carga impositiva heredada del período colonial y ganar apoyo popular. Se redujeron los impuestos sobre la coca en La Paz, las alcabalas sobre la mercancía europea importada vía Potosí (del 16 al 8%, por decreto de Bolívar del 24 de diciembre de 1825) y el gravamen sobre la harina en Cochabamba, que fue abolido en esa ciudad y reducido a la mitad en el resto del país en febrero de 1826, destinándose lo recaudado al sostenimiento de las escuelas públicas.^[44] También se rebajó la tasa de interés hipotecario y se creó, en noviembre de 1825, una Contaduría Mayor encargada de centralizar y fiscalizar las cuentas de todas las cajas departamentales.^[45]

La reforma más importante, sin embargo, fue el intento de abolir el tributo indígena, una de las principales fuentes de ingresos fiscales heredadas de la Colonia. Mediante un decreto firmado por Bolívar en Chuquisaca el 22 de diciembre de 1825,^[46] el tributo fue reemplazado por una "contribución directa" aplicable a toda la población: una contribución personal de tres pesos semestrales para los hombres de 18 a 60 años, y una contribución de propiedad calculada sobre el valor de alquiler o producción de bienes rústicos y urbanos.^[47] El nuevo sistema entró en vigor el 1 de enero de 1826, con excepciones para las provincias de Mojos, Chiquitos y Cordillera, para la provincia de Atacama (a fin de fomentar el desarrollo del puerto de Cobija) y para Tarija.^[48]

La implementación de la reforma resultó muy difícil. Además de la oposición de criollos y mestizos que hasta entonces no habían pagado impuestos directos, algunos caciques indígenas alentaron a sus comunidades a pedir el retorno del antiguo tributo, ya que el nuevo sistema los obligaba a pagar según el valor de su ganado y propiedades.^[49] La preparación de los padrones y avalúos avanzó muy lentamente en Cochabamba, Potosí y Oruro debido a la resistencia de la población, la falta de personal y la escasez de fondos para pagar a los comisionados.^[50] Durante el primer semestre de 1826, el nuevo sistema recaudó apenas 714 146 pesos, muy por debajo del millón de pesos previsto para un período normal. Esto generó un déficit que Sucre calculó en unos 600 mil pesos para todo el año.^[51]

Ante la magnitud de la crisis, el Congreso Constituyente debatió intensamente el tema durante julio de 1826. Sucre, agotado por la controversia, llegó a proponer el restablecimiento del sistema tributario anterior, calculando que el Congreso rechazaría la moción y con ello pondría fin a las críticas contra la reforma.^[52] Sin embargo, el 2 de agosto de 1826 se aprobó una ley de compromiso que restableció el cobro del tributo en las áreas rurales, manteniendo la contribución directa únicamente en las capitales departamentales y de provincia.^[51]

Esta solución intermedia tampoco resolvió los problemas fiscales del país. En 1826, la contribución personal y los impuestos a la propiedad recaudaron sumas muy inferiores a lo proyectado en casi todos los departamentos, mientras que el tributo, restablecido para ambos semestres del año, volvió a representar cerca del 40% de los ingresos totales del Gobierno.^[53] En La Paz, por ejemplo, los ingresos combinados de la contribución directa apenas alcanzaron los 32 882 pesos en 1826, frente a los 256 192 pesos que habían producido los antiguos impuestos indirectos en 1823.^[53]

En diciembre de 1826, el Congreso aprobó tres leyes que revirtieron casi por completo la reforma. Se restableció el tributo como único impuesto para la población indígena, se permitió a propietarios y capitalistas declarar ellos mismos el valor de sus bienes para fines impositivos, y se reemplazó el impuesto sobre la renta personal por un sistema de patentes o licencias comerciales y profesionales.^[54] El historiador Lofstrom describe estas medidas como un cambio radical respecto al ideal igualitario planteado por Bolívar apenas un año antes.^[54] Una ley adicional, firmada por Sucre el 4 de enero de 1827, autorizó restablecer el sistema impositivo colonial en los departamentos o provincias donde la contribución directa no pudiera cobrarse. La decisión quedó en manos de juntas locales de propietarios y solo Potosí optó por descartar por completo la contribución directa.^[55]

Incluso con el sistema modificado, la recaudación siguió enfrentando dificultades durante 1827 y 1828. En Cochabamba, la población se resistió activamente a los empadronamientos, y la Ley de Patentes resultó casi inaplicable, generando solo 62 de los cerca de 3000 pesos previstos en la ciudad.^[56] Para Lofstrom, el fracaso de la reforma tributaria reflejó tanto la debilidad estructural de la joven república como la resistencia de las élites a un sistema impositivo realmente igualitario.^[54]

Moneda de 2 soles bolivianos, unidad monetaria creada por la ley del 20 de noviembre de 1826,^[57] aprobada durante el gobierno de Sucre.

La crisis fiscal derivada del fracaso de la reforma tributaria, sumada a las obligaciones económicas generadas por la presencia de tropas extranjeras en Bolivia, obligó al Gobierno de Sucre a recurrir a la emisión de bonos y notas de crédito público para hacer frente a sus compromisos.^[58]

Al inicio de su gobierno, Sucre consultó a los cabildos municipales de las principales ciudades de Bolivia sobre las necesidades más urgentes en materia de obras públicas y reforma urbana, con el fin de orientar las acciones del nuevo gobierno.^[78] Las respuestas de los ayuntamientos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Mizque revelaron que el abastecimiento de agua, la construcción de escuelas y la renovación de los hospitales se encontraban entre las principales demandas ciudadanas, demostrando que el interés de la población por las reformas urbanísticas se mantenía vivo tras más de quince años de guerra y abandono.^[78]

El abastecimiento de agua potable era la necesidad más apremiante en varias ciudades de Bolivia. En Chuquisaca, donde la red colonial de distribución de aguas era insuficiente para la población, el prefecto del departamento propuso en noviembre de 1826 la construcción de quince fuentes públicas y un tanque de almacenamiento en La Recoleta, además de la limpieza de las cañerías existentes, con un costo estimado de 2100 pesos. Sucre aprobó el proyecto como urgente y autorizó al Ministerio de Hacienda a adelantar los fondos necesarios, pero las obras tuvieron que suspenderse en abril de 1828 a raíz del motín del 18 de ese mes en el cuartel de San Francisco, en la que el presidente resultó gravemente herido.^[79] En Potosí, la ciudad enfrentaba una aguda escasez de agua debido al mal estado de las lagunas que abastecían a la ciudad y a los ingenios mineros de la rivera del Cerro Rico. El primer prefecto, el general inglés William Miller, intentó financiar los trabajos mediante contribuciones de los vecinos, y el Gobierno nacional tuvo finalmente que adelantar dos mil pesos para el arreglo de la laguna Chalviri, sin que la causa fundamental de la escasez, la falta de lluvias, pudiera ser remediada.^[80]

El proyecto de obras hidráulicas más ambicioso del período fue el intento de conducir agua a Cochabamba desde la laguna de Guara Guara, en la cordillera del Tunari.^[81] La obra enfrentó desde el inicio la oposición de los hacendados del valle de Sacaba, que alegaban perjuicio a sus intereses,^[81] pero el Gobierno contrató al padre guardián del convento franciscano de Tarata para ejecutar la represa con financiación directa del Estado. La construcción concluyó en diciembre de 1826 con un costo de tres mil pesos, sensiblemente menor al presupuesto original.^[82] Sin embargo, el puente sobre el río Rocha que debía llevar las aguas hasta la ciudad fue destruido en la noche del 24 de diciembre de 1827 por una crecida torrencial, poniendo fin al proyecto. Cuatro meses después, la caída del gobierno de Sucre selló definitivamente el abandono de la obra.^[83]

Otro eje de la política urbanística fue la creación de un cuerpo de policía municipal encargado de mantener el orden, la limpieza y el ornato de las ciudades, cuya formalización se demoró hasta junio de 1826, cuando el Congreso Constituyente aprobó una ley destinada a "cuidar de la tranquilidad, buen orden y comodidad" de los habitantes de las ciudades bolivianas.^[84] En Chuquisaca, el Gobierno destinó en mayo de 1826 unos cuatro mil pesos a la instalación de faroles para el alumbrado público y a la pavimentación de algunas calles con adoquines.^[85] Sin embargo, los materiales comenzaron a desaparecer poco después de ser instalados, y el periódico ministerial se quejó en julio del mismo año de que el mercado se había convertido en un muladar y las calles permanecían sucias y deshechas.^[85]

Entre las obras que sí llegaron a buen término destacó la construcción de un nuevo mercado público en Chuquisaca, erigido en terrenos confiscados del convento de San Francisco tras su clausura en enero de 1826 y financiado con el producto de la venta de artículos de plata de los conventos suprimidos. El mercado fue inaugurado el 9 de diciembre de 1827, tercer aniversario de la batalla de Ayacucho, y en marzo de 1828 se abrió a sus espaldas la llamada "Posada de la Independencia", primer establecimiento de hospedaje público de la capital boliviana, con diecinueve habitaciones.^[86] El balance general de las reformas urbanísticas del gobierno de Sucre revela tanto el entusiasmo del nuevo régimen por atender las necesidades de las ciudades de Bolivia como los límites impuestos por la precariedad fiscal del Estado y la resistencia de algunos sectores sociales. El principal obstáculo no fue la falta de voluntad política sino la escasez de recursos, que en la mayoría de los casos impidió concluir los proyectos iniciados.^[87]

La iglesia en Charcas fue uno de los objetivos de las reformas impulsadas por el gobierno de Sucre desde 1825.^[88] Consideraciones políticas, sociales y económicas hacían que una reforma clerical pareciera deseable, en un contexto marcado por el debilitamiento de las estructuras coloniales tras las guerras de independencia y por la orientación liberal y anticlerical de Sucre y de muchos de sus contemporáneos.^[88] Sucre estaba convencido de que la iglesia debía quedar subordinada al gobierno nacional, convicción que expresó en su correspondencia con Simón Bolívar.^[88] El movimiento liberal anticlerical boliviano se enmarcaba en una corriente más amplia de reforma eclesiástica en Hispanoamérica, heredera de las reformas borbónicas y de la Ilustración europea del siglo XVIII.^[89] A esto se sumaba un factor económico importante: las corporaciones eclesiásticas concentraban una parte considerable de la propiedad urbana y rural del país, lo que las convertía en una de las pocas fuentes inmediatas de ingresos disponibles para el nuevo Estado.^[89]

Confiscación de bienes eclesiásticos

Junto al clero regular, las cofradías o hermandades religiosas de hombres, corporaciones semieclesiásticas con intereses económicos propios, fueron también afectadas por la reforma.^[104] En Potosí sobrevivían en 1825 ocho cofradías, entre ellas las del Santísimo Sacramento y de Nuestra Señora de la Concepción, vinculadas a la iglesia matriz, mientras que la cofradía del Rosario, vinculada al monasterio dominico potosino, era considerada la más rica de la ciudad.^[105][106] Cochabamba contaba con seis cofradías de menor riqueza relativa.^[106] El decreto de Bolívar del 11 de diciembre de 1825 dispuso que los ingresos de las cofradías, hermandades y fundaciones que no pertenecieran a familias particulares se aplicaran a establecimientos educativos.^[107] El deán de La Plata objetó la medida ante Sucre, argumentando que privaría al culto de la solemnidad debida sin aumentar de forma significativa los ingresos del Estado, mientras que el ministro del Interior, Facundo Infante, respondió confirmando que, salvo la cofradía del Santísimo Sacramento de la catedral de Chuquisaca, todas las demás quedaban sujetas al decreto de confiscación.^[107] Miembros de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazu en Potosí apelaron sin éxito ante el gobernador eclesiástico para conservar su capilla y sus bienes.^[108] La aplicación de la medida fue, sin embargo, más difícil de lo previsto, debido en parte a la sensibilidad religiosa de la población y a la falta de claridad sobre qué fundaciones estaban incluidas en el decreto.^[109]

El mismo decreto abolió las capellanías, sacristías y obras pías, legados piadosos administrados por la iglesia para el sostenimiento de misas u obras de caridad.^[110] El decreto destinó esos fondos a establecimientos públicos y creó juntas de beneficencia departamentales encargadas de administrarlos.^[111] Como muestra de la importancia económica de estas fundaciones, las corporaciones eclesiásticas de Chuquisaca figuraban en 1826 como acreedoras del Tesoro público por un monto conjunto superior a 176 000 pesos.^[112]

Además de los edificios y rentas de los monasterios suprimidos, el gobierno confiscó parte de la platería, joyas y ornamentos de las órdenes religiosas.^[109] Los fondos obtenidos se destinaron a diversos fines: en Chuquisaca sirvieron para concluir un mercado público y empedrar la plaza principal, en La Paz para reparar daños causados por un incendio en el claustro franciscano, y en Oruro y Potosí para capitalizar los bancos mineros locales.^[113] El caso más notable fue el de las joyas del santuario de la Virgen de Copacabana, consideradas las más suntuosas de la América colonial, que fueron trasladadas a La Paz e inventariadas en 1826: pese a estimarse su valor en más de 200 000 pesos, fueron tasadas en apenas 11 296 pesos y dos reales, y vendidas en 1827 a un particular por 7000 pesos para capitalizar el Banco Minero de La Paz.^[114] Estas medidas generaron protestas de sectores de la población, que un observador británico de la época describió como una reacción a cambios que no se acomodaban a los hábitos y sentimientos religiosos existentes.^[113]

Tras la independencia, Bolivia quedó sin una salida propia al mar, ya que Arica, el puerto natural de La Paz, había quedado en territorio peruano al trazarse la frontera sobre la base de las jurisdicciones coloniales.^[115] En diciembre de 1825, Simón Bolívar decretó en Chuquisaca el establecimiento de un puerto boliviano en la bahía de Cobija, en el desierto de Atacama, al que llamó Puerto La Mar en honor al general José de La Mar.^[116][117] El lugar fue elegido a partir de una expedición del coronel irlandés Francisco Burdett O'Connor, quien recomendó Cobija por sobre las bahías de Mejillones y Loa.^[118] Antes de ser designada puerto nacional, la bahía era frecuentada por pescadores indígenas changos y por contrabandistas franceses.^[117]

A fines de 1825, el Gobierno estableció una autoridad civil y militar en Atacama y encargó a O'Connor explorar la provincia y sus posibles rutas hacia el interior.^[118] También se dispuso el nombramiento de un cura para la parroquia de Chiu Chiu, y en febrero de 1826 Sucre eximió a los residentes de Atacama de tributos directos por un año para estimular su poblamiento.^[119]

Durante 1826, el interés del Gobierno se desvió temporalmente hacia la posibilidad de obtener Arica por otra vía: Sucre promovió ante Bolívar la compra del puerto al Perú, y hacia fines de año ambos países negociaron un tratado de límites y confederación que habría cedido Arica a Bolivia a cambio de la península de Copacabana y la provincia de Apolobamba.^[120] El tratado fue rechazado en Lima tras el retorno de Bolívar a Colombia, lo que puso fin a las aspiraciones bolivianas sobre Arica y devolvió el interés del Gobierno al desarrollo de Cobija.^[121]

A principios de 1827, Sucre nombró a José Horacio Álvarez como primer administrador de La Mar, y el Gobierno redujo de forma considerable los derechos de aduana sobre las importaciones a través de Cobija, primero al 8% y luego al 2% ad valorem, muy por debajo del 25% cobrado en Buenos Aires y del 45-92% que se pagaba en Arica.^[122] El periódico gubernamental El Cóndor de Bolivia llegó a predecir que el país ahorraría unos 500 mil pesos anuales que hasta entonces salían hacia el Perú por mercadería importada vía Arica.^[123] Se construyó una oficina aduanera y, en septiembre de 1827, Sucre decretó un plan de colonización que otorgaba tierras y, en el caso de las familias indígenas, animales y herramientas agrícolas a quienes se establecieran en Cobija o a lo largo del camino hacia Potosí.^[124]

El tráfico portuario aumentó de forma notable durante 1827 y 1828, con la llegada de barcos de bandera inglesa, francesa, estadounidense, chilena, colombiana y peruana. Un comerciante español, que mantenía estrechos vínculos con el Gobierno boliviano, importó armamento por un valor de más de 142 000 pesos y se convirtió en el principal comerciante del puerto.^[125] A pesar de la rebaja arancelaria, el auge comercial benefició también a la aduana de Potosí, cuya recaudación en 1826 alcanzó un 65% más que el promedio anual del período 1820-1825.^[126]

El desarrollo de Cobija enfrentó, sin embargo, varios obstáculos persistentes, entre ellos el aislamiento y la aridez del desierto de Atacama, la gran distancia hacia las ciudades del interior y los intereses comerciales ya establecidos en torno a la ruta de Arica.^[125] El motín de abril de 1828 en Chuquisaca, que dejó a Sucre gravemente herido, y la posterior invasión peruana precipitaron su renuncia a la presidencia.^[127] El 2 de agosto de 1828, tras dejar el cargo, Sucre partió hacia Cobija, el puerto que había ayudado a fundar, para embarcarse con destino a Colombia.^[125]

Tras el motín del 18 de abril de 1828, el general peruano Agustín Gamarra invadió Bolivia, cruzando el río Desaguadero el 1 de mayo y ocupando La Paz una semana después sin encontrar resistencia.^[128] El comandante peruano reemplazó de inmediato a las autoridades departamentales y municipales, y hacia mediados de junio los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba se hallaban ya bajo control peruano.^[129] El 7 de julio, Gamarra y el ministro de Guerra boliviano, José María Pérez de Urdininea, firmaron en Piquiza un tratado que exigía la expulsión inmediata de todos los oficiales extranjeros del Ejército boliviano, el retiro de las tropas colombianas y la reconvocatoria del Congreso Constituyente para recibir la renuncia de Sucre.^[130] Un pacto secreto adicional entre ambos negociadores estableció además la salida del ministro Facundo Infante del país y la promoción del coronel Pedro Blanco, cuya defección meses antes había debilitado la resistencia boliviana frente a la invasión.^[131]

Aunque gravemente herido, Sucre ya había anunciado públicamente desde febrero de 1827 su intención de renunciar a la presidencia vitalicia y retornar a Quito, decisión que reafirmó varias veces en su correspondencia privada.^[132] Luego de varias semanas de convalecencia, primero en Chuquisaca y luego en la hacienda de Ñuccho, donde los cirujanos le extrajeron numerosos fragmentos de hueso del brazo derecho, Sucre fue obligado por las fuerzas peruanas a trasladarse al campamento de Gamarra y, posteriormente, confinado en la hacienda de Mojotorillo hasta la ratificación del tratado de Piquiza.^[133] En su mensaje de despedida al Congreso Constituyente, dictado durante su convalecencia, Sucre defendió el balance de su administración y comparó la ocupación peruana con las invasiones bárbaras al Imperio romano.^[134] El 2 de agosto de 1828 dejó Chuquisaca rumbo al puerto de Cobija, adonde llegó el 25 de agosto luego de veinte días de viaje a caballo, y desde allí se embarcó hacia Guayaquil, finalizando casi tres años de gobierno en Bolivia.^[135]

• Campaña de Sucre en el Alto Perú
• Asesinato de Antonio José de Sucre