Masacre de Alía

Durante la guerra civil y sobre todo tras la victoria franquista en 1939, los «huidos» constituyeron en diversos puntos de España movimientos guerrilleros con el ánimo de obstruir la consolidación de la dictadura de Francisco Franco y, en última instancia, derrocarla. Paralelamente, el exilio republicano en Francia se vio sorprendido por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y al producirse la ocupación del país galo por las fuerzas del Eje, muchos excombatientes pasaron a engrosar las filas de la resistencia francesa, considerando aquella lucha un preludio del combate para liberar España.^[1]

En el transcurso de la conflagración global, los republicanos españoles vieron crecer sus expectativas de una intervención aliada contra Franco. Así, se incrementaron las actividades del maquis, cuyas partidas se organizaban siguiendo las órdenes que desde el exterior cursaban los anarquistas, el Partido Comunista de España y el Partido Socialista Obrero Español. El gobierno franquista replicó con un recrudecimiento de la represión en las zonas afectadas por aquellas y la promulgación en 1941 de la Ley de Seguridad del Estado, precedente de la Ley de Bandidaje y Terrorismo de 1947.^[2]

En la provincia de Cáceres, la insurgencia republicana tenía a su mayor enemigo en el teniente coronel Manuel Gómez Cantos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil conocido por sus métodos expeditivos. El 8 de diciembre de 1940 hizo fusilar en Logrosán a 28 personas elegidas al azar entre los vecinos con pasado izquierdista, como represalia por el paso por la zona de la unidad guerrillera del comunista Pedro José Marquino Monje «Francés» y en prevención de que los aldeanos desearan apoyarlos.^[3][4]

A principios del mes de agosto de 1942, los hombres del «Francés» asaltaron sin oposición el pueblo de La Calera –pedanía de Alía– y cometieron agresiones contra varios vecinos derechistas, llegando a herir gravemente al alcalde pedáneo de la localidad. Además, requisaron diversos enseres y víveres, así como 20 000 pesetas, y regresaron con ellos a la sierra de Guadalupe.^[3] Enterado de la incursión, Gómez Cantos trasladó su cuartel general a Guadalupe y, junto a su lugarteniente el capitán Emiliano Planchuelo y un destacamento, se presentó en Alía –el día 16 según Chaves Palacios (2005), el 26 de acuerdo a Casanova, Espinosa Maestre y Mir Curcó (2002) y el 28 en palabras de García Carrero (2012)–. Inmediatamente redactó una lista de vecinos de la localidad y de la cercana La Calera, compuesta de nuevo por personas de historial republicano sin conexión con el incidente, que fueron convocados en la casa cuartel «para arreglar papeles». Los ciudadanos requeridos acudieron al llamamiento, solo para terminar siendo conducidos a un descampado a las 10 de la mañana y ejecutados con la intención de mantener aterrorizada a una población susceptible de simpatizar con los guerrilleros.^[3][4][5]

Los cadáveres de los represaliados fueron trasladados al cementerio de Alía, y aquellos, inscritos en las actas de defunción como fallecidos por «acción de guerra», un eufemismo recurrente para la ejecución en el Registro Civil franquista. La mayoría tenían como oficio la labranza, con la excepción de la única mujer, Vicenta Fernández Gonzalo, que era ama de casa, y Pedro Jiménez Rubio, que se desempeñaba como carpintero. Al igual que en la fecha del suceso, existe disparidad en la cifra de fallecidos, y mientras Fontana (2017) cuenta 26 personas asesinadas,^[6] Casanova et al. y Chaves Palacios ofrecen un número de 24,^[3][4] que este último cita por sus nombres y edad:

Juan Rodríguez Álvarez, a la sazón cabo y conductor del coche de Gómez Cantos, afirmó años después que el mismo día de los fusilamientos en Alía fue arrestado cuando intentaba interceder Julio Fernández Fernández, hijo de los ajusticiados Vicenta Fernández Gonzalo y Francisco Fernández Masa. Aquel hombre era falangista y veterano de la guerra civil agraciado incluso con una Medalla Militar Individual, pero eso no impidió que Gómez Cantos lo torturase durante dos días en la Comandancia de Cáceres en busca de información sobre los maquis, antes de ejecutarlo en el mismo lugar que a sus padres, según Rodríguez Álvarez.^[6][7][8]