Medida cautelar nacional (Estados Unidos)
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En el derecho de los Estados Unidos, la medida cautelar nacional (en inglés: national injunction) es una orden judicial provisional dictada por un tribunal federal, sin importar su instancia, que suspende la aplicación de una norma o acto con efectos en todo el territorio nacional, incluso respecto de personas que no son parte en el proceso.
Se trata de un remedio de origen en la equidad (equity), cuyo propósito es prevenir daños irreparables antes de una decisión definitiva sobre el fondo del litigio, cuando existe una probabilidad razonable de ilegalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado.[1]
A diferencia de las medidas cautelares tradicionales, que se limitan a las partes del proceso, la medida cautelar nacional extiende sus efectos a terceros, operando como una suspensión general de la norma o política cuestionada.
Estas órdenes se emplean principalmente en el control judicial de actos del poder ejecutivo y de agencias federales, incluyendo decisiones del Presidente de los Estados Unidos y regulaciones administrativas, cuando su aplicación podría causar daños inmediatos y generalizados.[2]
El uso de las medidas cautelares nacionales se ha intensificado desde la década de 2010 y ha generado controversia doctrinal e institucional, especialmente durante las administraciones de Barack Obama y Donald J. Trump, debido a que permiten a un solo juez federal bloquear la aplicación de políticas públicas a nivel nacional.[3]
Ejemplo jurisprudencial
Un ejemplo destacado de medida cautelar nacional se produjo en el caso derivado de la orden ejecutiva migratoria de 2017. El Tribunal de Distrito de Hawái emitió una orden judicial preliminar con efectos en todo el país, suspendiendo la aplicación de partes sustanciales de dicha orden:
Por la presente SE ADJUDICA, ORDENA y DECRETA que:Se prohíbe a los demandados y a todos sus respectivos funcionarios, agentes, servidores, empleados y abogados, y a las personas en concierto o participación activa con ellos, hacer cumplir o implementar las Secciones 2 y 6 de la Orden Ejecutiva en todo el país. Queda prohibida la aplicación de estas disposiciones en todos los lugares, incluidos los Estados Unidos, en todas las fronteras y puertos de entrada de los Estados Unidos, y en la emisión de visas, a la espera de nuevas órdenes de esta Corte.
No se requiere fianza bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 65(c).
La Corte se niega a suspender esta decisión o dejarla en suspenso en caso de que se presente una apelación de esta orden.
ESTÁ ORDENADO.
Fecha: 29 de marzo de 2017 en Honolulu, Hawái.ESTADO DE HAWÁI e ISMAIL ELSHIKH, Demandantes, contra DONALD J. TRUMP, et al., Demandados.[4]
Controversia
La medida cautelar nacional es objeto de debate debido a su impacto estructural en el sistema judicial federal. Sus críticos sostienen que permite a tribunales de instancia inferior ejercer efectos regulatorios generales sin el desarrollo progresivo de precedentes, fomenta el forum shopping y genera riesgos de decisiones contradictorias entre distintos tribunales federales.
Sus defensores argumentan que constituye un instrumento necesario para evitar daños irreparables de alcance general cuando una norma potencialmente inconstitucional afecta de manera uniforme a múltiples personas.