Ramón Amarilla
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Posadas, provincia de Misiones,
(Lista 653)
Provincial sin afiliación a ningún partido nacional.
| Ramón Amarilla | ||
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Ramón Amarilla, suboficial retirado y vocero de la Mesa de Negociación de Policías y Penitenciarios de Misiones | ||
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Diputado y miembro de la Cámara de Representantes de Misiones | ||
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Policía de Misiones Suboficial Mayor (R) | ||
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| Información personal | ||
| Nacimiento |
7 de abril de 1967 (58 años) Posadas, provincia de Misiones, | |
| Nacionalidad | Argentina | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Político y Policía de Misiones (R) | |
| Partido político |
Por la Vida y los Valores (Lista 653) Provincial sin afiliación a ningún partido nacional. | |
Ramón Amarilla (n. Posadas, 7 de abril de 1967) es un suboficial mayor argentino retirado de la Policía de Misiones y un destacado referente[1]del reclamo salarial del personal policial y penitenciario de la provincia. Durante 2024, se erigió como vocero de la Mesa de Negociación de Policías y Penitenciarios, liderando protestas por mejoras salariales y condiciones laborales. En mayo de ese año, encabezó una manifestación significativa en Posadas, que incluyó un acampe frente a la Jefatura de Policía, lo que atrajo la atención de los medios nacionales.[1]En las elecciones de Misiones del 8 de junio de 2025 fue electo diputado provincial por el partido Por la Vida y los Valores. Su caso ha generado gran atención mediática y política debido a su detención y posterior elección desde prisión.
En septiembre de 2024, Amarilla fue detenido bajo acusaciones de «sedición» y «conspiración»,[2]tras una denuncia interna que indicaba «planes» para tomar la Jefatura de Policía. Se le imputó la organización de revueltas y la incitación a disturbios, aunque no se presentaron pruebas directas que lo vincularan con estos actos. A pesar de su declaración pública y transparente en su defensa, el juez de instrucción 3 de Posadas, Fernando Verón, dictó su prisión preventiva, junto con la de otros siete exagentes.[1]
Amarilla permaneció detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde continuó su lucha por los derechos de los trabajadores de la seguridad pública provincial. A pesar de su situación, anunció y proclamó su candidatura como diputado provincial desde la cárcel,[3]buscando representar a los sectores más vulnerables y a los trabajadores en la legislatura misionera.[4]
Su caso ha generado un debate sobre la criminalización de las protestas laborales y la persecución[5]a quienes ejercen su derecho a la protesta en defensa de sus derechos laborales.[6]