Sebastián Soler
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Procurador general de la Nación Argentina | ||
| 6 de octubre de 1955-8 de mayo de 1958 | ||
| Nominado por | Eduardo Lonardi (de facto) | |
| Predecesor | Carlos Gabriel Delfino | |
| Sucesor | Ramón Lascano | |
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| Información personal | ||
| Nacimiento |
30 de junio de 1899 | |
| Fallecimiento |
12 de septiembre de 1980 (81 años)[1] | |
| Nacionalidad | Argentina | |
| Educación | ||
| Educado en | Universidad Nacional de Córdoba | |
| Información profesional | ||
| Ocupación |
Penalista Profesor Juez | |
| Empleador | Universidad de Buenos Aires | |
Sebastián Soler (Sallent, Barcelona, España, 30 de junio de 1899 – Buenos Aires, Argentina, 12 de septiembre de 1980) fue un jurista especializado en Derecho Penal, profesor universitario y de facto procurador general de la Nación Argentina durante la dictadura de Eduardo Lonardi.
Fue traído a corta edad a la Argentina y creció en la ciudad de Córdoba, donde estudió, y se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba en 1924. En sus años de universitario adhirió a los principios de la “Reforma universitaria” y, al igual que Germán Arciniegas y Saúl Taborda consideraba que el movimiento debía ceñirse a la formación universitaria y cultural e impulsar un claro americanismo para formar ciudadanos con capacidad de crítica en el marco de un liberalismo socializante.[2]
Se naturalizó argentino y trabajó en la docencia y en la Dirección de Cárceles de la provincia; más adelante fue nombrado juez en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Fue ascendido a vocal de la Cámara de Apelaciones en esta ciudad y en 1947 fue exonerado por el gobierno peronista. En este año renunció a las cátedras que dictaba en Córdoba en solidaridad con el rector de la Universidad de Córdoba que sufría persecución política.[3]
El presidente de facto Eduardo Lonardi lo nombró procurador general de la Nación por Decreto N.º 415 del 6 de octubre de 1955 y juró con los jueces de la nueva Corte el 7 de ese mes. Entre los dictámenes que produjo, se destacó el del caso Mouviel, Raúl Oscar y otros s/desórdenes, art. 1° inc. c). Escándalo, art.. 1° inc. a)" - CSJN - 17/05/1957,[4] publicado en Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomo 237, folio 636, donde, contradiciendo la doctrina que había venido sosteniendo la Corte en diversas composiciones, propició se declarara la nulidad de los edictos policiales, que creaban penas fuera de la ley, lo cual fue aceptado por el Tribunal. Por esa época integró la Comisión de Estudios Constitucionales que formó el gobierno militar para informar sobre la posibilidad de una reforma constitucional, junto a Juan A. González Calderón y a Carlos Sánchez Viamonte, aunque este último dejó el cargo.
Renunció a su cargo de procurador al asumir el gobierno constitucional y su dimisión fue aceptada por Decreto N.º 51 del 8 de mayo de 1958.