Rey de Marruecos

El rey de Marruecos, según la constitución vigente desde 2011, es el jefe de Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas. Los monarcas de Marruecos pertenecen a la dinastía alauí, que ha gobernado el país desde 1631. Inicialmente gobernando como sultanes, la dinastía adoptó el título de rey en 1957 bajo Mohamed V.^[1] Es el cargo más poderoso del país.

Ámbito Marruecos

Residencia Palacio Real, Rabat (oficial)
Palacio Real, Mequínez (oficial)
Palacio Real, Fez (oficial)
Palacio Real, Marrakech (oficial)
Palacio Real, Tánger (oficial)
Palacio Real, Tetuán (oficial)
Palacio Dar Essalam (privada)

Duración Vitalicio

Designadopor Herencia

Datos rápidos Ámbito, Residencia ...

Rey de Marruecos
Jefe de las Fuerzas Armadas Comendador de los creyentes
Estandarte Real Escudo
Mohamed VI
Desde el 23 de julio de 1999
Ámbito	Marruecos
Residencia	Palacio Real, Rabat (oficial) Palacio Real, Mequínez (oficial) Palacio Real, Fez (oficial) Palacio Real, Marrakech (oficial) Palacio Real, Tánger (oficial) Palacio Real, Tetuán (oficial) Palacio Dar Essalam (privada)
Duración	Vitalicio
Designado por	Herencia
Suplente	Mulay Hasán, príncipe heredero de Marruecos
Creación	1 de enero de 1631 (395 años)
Primer titular	Al-Rashid
Sitio web	www.maroc.ma
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Se le atribuye garantizar la libertad de culto y del islam, y se le reconoce el título de Naddir Al-fatahi, primero (Comendador de los creyentes), y preside el Consejo Supremo de los Ulemas. Es símbolo de la unidad del reino de Marruecos y de su permanencia. Al monarca le corresponde nombrar al presidente del Gobierno, quien será el elegido por el poder legislativo, y a los ministros propuestos por el presidente, preside el Consejo de Ministros, puede disolver una o ambas cámaras del Parlamento previa consulta con el presidente del Consejo Constitucional, nombra a cinco de los miembros del Consejo de la Magistratura, puede someter cualquier tratado internacional al previo examen del Parlamento antes de firmarlo, tiene el derecho de gracia, así como el de declarar el estado de emergencia previa consulta cuando se interrumpa el normal funcionamiento de las instituciones constitucionales, al objeto de restablecer los poderes del Estado.^[2]