34.° Congreso del Perú

País Perú Perú

Tipo Bicameral

Inicio de sesiones 27 de julio de 1990

Fin de sesiones 5 de abril de 1992

34.° Congreso
Periodo parlamentario 1990-1992
Localización
País	Perú Perú
Información general
Tipo	Bicameral
Inicio de sesiones	27 de julio de 1990
Fin de sesiones	5 de abril de 1992
Cámara Alta	Senado de la República
Cámara Baja	Cámara de Diputados
Liderazgo
Presidente del Senado	M. San Román (C90) F. Osterling (PPC)
Presidente de la Cámara de Diputados	V. Paredes (C90) R. Ramírez del Villar (PPC)
Composición
Miembros	60 senadores 180 diputados
Cámara de Diputados
Grupos representados	color #1E90FF FREDEMO: 62 escaños color #FF0000 APRA: 53 escaños color #FFA500 C90: 32 escaños color #800000 IU: 16 escaños color #F08080 FIM: 7 escaños color #E30032 IS: 4 escaños color #FFD700 FNTC: 3 escaños color #D3D3D3 IND: 3 escaños
Senado
Grupos representados	color #1E90FF FREDEMO: 20 escaños color #FF0000 APRA: 16 escaños color #FFA500 C90: 14 escaños color #800000 IU: 6 escaños color #E30032 IS: 3 escaños color #FFD700 FNTC: 1 escaño
Sucesión
33.° Congreso Periodo parlamentario 1990-1992 Congreso Constituyente Democrático
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El 34.° Congreso del Perú fue la representación del Congreso de la República, la legislatura nacional del Perú, compuesta por el Senado y la Cámara de Diputados, elegida el 8 de abril de 1990. Se instaló el 27 de julio de 1990 en el Palacio Legislativo de Lima y ejerció funciones hasta el 5 de abril de 1992.

En las elecciones, el Frente Democrático (FREDEMO), coalición integrada por el Movimiento Libertad (Libertad), Acción Popular (AP), el Partido Popular Cristiano (PPC) y Solidaridad y Democracia (SODE), se convirtió en la fuerza más votada en ambas cámaras, aunque sin alcanzar mayoría absoluta. El Partido Aprista Peruano (APRA), pese al fuerte desgaste del gobierno saliente de Alan García, marcado por hiperinflación, violencia y denuncias de corrupción, conservó una representación significativa como segunda fuerza parlamentaria. Cambio 90 (C90), el movimiento del presidente Alberto Fujimori, ocupó el tercer lugar con una bancada claramente minoritaria. Las izquierdas, fragmentadas entre Izquierda Unida (IU) e Izquierda Socialista (IS), desempeñaron un papel marginal en el Congreso, aunque algunos de sus cuadros participaron inicialmente en el primer gabinete ministerial. Este escenario de fragmentación obligó al Ejecutivo a depender de alianzas pragmáticas y coyunturales.^[1]

Ante su minoría parlamentaria, Fujimori recurrió a acuerdos puntuales. En materia económica contó con el respaldo frecuente de FREDEMO, que apoyaba el programa neoliberal implementado tras el «Fujishock» de agosto de 1990. En asuntos políticos, recibió en momentos clave el apoyo del APRA. Sin embargo, estas alianzas carecían de estabilidad, lo que generaba una oposición constante y negociaciones complejas que el Ejecutivo no siempre estuvo dispuesto a sostener. Pese a ello, el gobierno obtuvo logros iniciales: en el primer año, representantes de Cambio 90 presidieron las mesas directivas de ambas cámaras, y el Congreso aprobó la Ley N.° 25327, que delegó facultades legislativas al Ejecutivo por 150 días en materias de pacificación nacional, reorganización del Estado, promoción de la inversión privada y empleo.^[2]

No obstante, el Ejecutivo desbordó deliberadamente los límites de la delegación: emitió 126 decretos legislativos, de los cuales 29 fueron promulgados en los últimos días del plazo, dificultando su revisión sistemática por el Congreso. Varios de estos decretos excedieron el marco constitucional, afectando derechos fundamentales, el principio de separación de poderes y el control civil sobre las acciones de las Fuerzas Armadas, al ampliar sus atribuciones sin mecanismos adecuados de fiscalización. El Congreso modificó diez y derogó seis de estas normas; sin embargo, Fujimori observó tales derogatorias y se negó a promulgarlas. Asimismo, el último día de 1991 observó numerosas disposiciones del presupuesto para 1992, bloqueando su promulgación ante la imposibilidad del Congreso de reunirse para resolver el impasse. En respuesta, el Congreso aprobó la Ley N.° 25397, sobre control parlamentario de los actos normativos presidenciales, lo que intensificó la confrontación y fue luego utilizado como argumento político para justificar el autogolpe.^[2]

A diferencia de las dos legislaturas anteriores, este Congreso intentó fortalecer su desarrollo institucional y asumir un papel más activo en la lucha contra la subversión. Sin embargo, las tensiones se profundizaron. El Ejecutivo aspiraba a concentrar un nivel de poder similar al de gobiernos con mayoría parlamentaria, pese a no contar con ella. Paralelamente, surgieron disidencias dentro del oficialismo: en mayo de 1991, cinco congresistas de Cambio 90 fueron expulsados por mantener posiciones autónomas frente al Ejecutivo. Fujimori intensificó una estrategia de desprestigio público del Congreso, cuestionando su eficiencia y denunciando supuestos actos de corrupción. La relación pasó así de una cooperación pragmática a una confrontación abierta, que permitió al Ejecutivo acumular capital político para el quiebre institucional.^[1]

El Congreso ejerció funciones de fiscalización, especialmente respecto de violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno. Se conformaron comisiones investigadoras sobre casos emblemáticos, como la masacre de Barrios Altos (3 de noviembre de 1991). Investigaciones periodísticas y judiciales revelaron la participación de miembros del Ejército en el denominado «Grupo Colina», un escuadrón de la muerte vinculado al Servicio de Inteligencia Nacional. Una comisión investigadora del Senado inició indagaciones, pero estas quedaron inconclusas tras la disolución del Congreso el 5 de abril de 1992. A pesar de estos esfuerzos, la capacidad de respuesta parlamentaria resultó insuficiente frente a la escalada de la violencia política. El Congreso no logró articular una estrategia contrasubversiva integral que conciliara eficacia operativa, rapidez y respeto al Estado de Derecho, dejando el peso principal de la respuesta en manos de las Fuerzas Armadas sin controles civiles plenamente efectivos.^[1]

Esta legislatura marcó el abrupto fin de la transición democrática iniciada en 1979 y evidenció profundas debilidades institucionales: ineficacia frente a crisis simultáneas —económica, social y de seguridad—, polarización extrema y vulnerabilidad ante salidas autoritarias. El autogolpe interrumpió a un Congreso que, pese a sus limitaciones, buscaba ejercer contrapesos reales —como restringir la delegación de facultades y fiscalizar abusos de poder—, aunque no logró corregir las deficiencias estructurales de la política contrasubversiva ni consolidar una autoridad estatal plenamente democrática.^[1] En perspectiva, representó un parlamento de crisis terminal, con impacto transformador limitado y una productividad legislativa moderada, abruptamente clausurada por la ruptura autoritaria.