33.° Congreso del Perú

País Perú Perú

Tipo Bicameral

Inicio de sesiones 27 de julio de 1985

Fin de sesiones 31 de mayo de 1990

33.° Congreso
Periodo parlamentario 1985-1990
Localización
País	Perú Perú
Información general
Tipo	Bicameral
Inicio de sesiones	27 de julio de 1985
Fin de sesiones	31 de mayo de 1990
Cámara Alta	Senado de la República
Cámara Baja	Cámara de Diputados
Liderazgo
Presidente del Senado	L. Sánchez (APRA) A. Villanueva (APRA) R. Prialé (APRA) J. Lozada (APRA) R. Biaggi (APRA) H. Carranza (APRA)
Presidente de la Cámara de Diputados	L. Negreiros (APRA) F. León (APRA) L. Alva (APRA) H. Vargas (APRA) L. Alvarado (APRA)
Composición
Miembros	60 senadores 180 diputados
Cámara de Diputados
Grupos representados	color #FF0000 APRA: 107 escaños color #800000 IU: 48 escaños color #008000 CODE: 12 escaños color #000000 AP: 10 escaños color #FFD700 FNTC: 1 escaño color #D3D3D3 IND: 2 escaños
Senado
Grupos representados	color #FF0000 APRA: 32 escaños color #800000 IU: 15 escaños color #008000 CODE: 7 escaños color #000000 AP: 5 escaños color #FFD700 FNTC: 1 escaño
Sucesión
32.° Congreso Periodo parlamentario 1985-1990 34.° Congreso
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El 33.° Congreso del Perú fue la representación del Congreso de la República, la legislatura nacional del Perú, compuesta por el Senado y la Cámara de Diputados, elegida el 14 de abril de 1985. Se instaló el 27 de julio de 1985 en el Palacio Legislativo de Lima y ejerció funciones hasta el 31 de mayo de 1990.

En las elecciones, el Partido Aprista Peruano (APRA) obtuvo la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, además de controlar el Poder Ejecutivo. Por primera vez en la historia democrática peruana, un solo partido concentraba el poder en ambos poderes del Estado. Izquierda Unida (IU), segunda fuerza política del país, lideró la oposición en un contexto de ambigüedad interna: coexistían posturas favorables a un acercamiento o a la conformación de un bloque con el gobierno (principalmente impulsadas por Alfonso Barrantes) y una mayoría inclinada por adoptar una línea de oposición más definida. Por su parte, las fuerzas de centroderecha salientes del gobierno, el Partido Popular Cristiano (PPC) y Acción Popular (AP), quedaron debilitadas. Al inicio del período, la oposición partidaria permaneció prácticamente paralizada, sin espacios claros de articulación ni agenda propia.^[1][2]

La legislatura enfrentó desafíos de enorme magnitud: hiperinflación, crisis de la deuda externa y un incremento sostenido de la violencia armada. Además, el Congreso se vio condicionado por el hiperpersonalismo del presidente Alan García, reforzado por la práctica recurrente de delegar facultades legislativas al Ejecutivo y de abdicar funciones de fiscalización e investigación, en una dinámica similar a la del período anterior. Todo ello consolidó la imagen de un Parlamento subordinado e ineficaz. Las reiteradas delegaciones de facultades redujeron el debate parlamentario y limitaron la deliberación pública. El Congreso respaldó de manera casi incondicional las políticas económicas heterodoxas del gobierno —control de precios, subsidios, intervención estatal y expansión del gasto—; sin embargo, su productividad legislativa se vio severamente limitada por la crisis económica y la polarización política.^[2][3]

La desconexión entre la agenda gubernamental y la parlamentaria alcanzó su punto más crítico en julio de 1987, con el sorpresivo anuncio presidencial de la estatización de la banca privada, financieras y compañías de seguros. La medida tomó por sorpresa incluso a la mayoría de los parlamentarios apristas, que se enteraron de ella desde sus propias curules. El proyecto fue aprobado con rapidez en la Cámara de Diputados, pero su debate en el Senado se prolongó durante varios meses debido a resistencias internas y presiones externas. Aunque la ley fue promulgada (Ley N.° 24723), nunca llegó a implementarse en la práctica. Asimismo, el Congreso no corrigió el rumbo económico frente a la hiperinflación: aprobó presupuestos expansivos que agravaron el déficit fiscal y profundizaron la crisis.

En materia de violencia política, la legislatura conformó las primeras comisiones investigadoras sobre violaciones a los derechos humanos, en casos como Socos, Putis y Cayara. No obstante, el impulso inicial se diluyó tras la matanza de los penales de Lima en junio de 1986. Si bien ninguna comisión logró romper el círculo de impunidad, los debates parlamentarios y los dictámenes en minoría contribuyeron a generar corrientes de opinión pública contrarias a las violaciones de derechos humanos. El Congreso investigó con mayor énfasis los abusos cometidos por las fuerzas del orden, pero no realizó un esfuerzo equivalente para examinar y demandar sanciones frente a los graves crímenes perpetrados por los grupos terroristas.^[3]

Entre las normas emblemáticas en materia antiterrorista destacan la Ley N.° 24651, cuestionada por suprimir figuras como la asociación ilícita y la apología del terrorismo, además de restringir beneficios penitenciarios; y la Ley N.° 24700, que reguló el procedimiento para la investigación policial, la instrucción y el juzgamiento de delitos con fines terroristas, aunque limitaba la participación policial en la fase investigativa, situación que fue parcialmente revertida por la Ley N.° 25031. En conjunto, el Congreso no asumió una estrategia antisubversiva integral desde el ámbito legal que constituyera un pilar sólido en la lucha contra el terrorismo. Dejó los aspectos más sustantivos de esa lucha en manos de las Fuerzas Armadas, mientras la crisis del sistema penitenciario y de la administración de justicia se agravaba, dificultando una respuesta contrasubversiva eficaz por la vía legal y judicial.^[3]

En perspectiva, este Congreso se caracterizó por su marcada dependencia del Ejecutivo, su limitada capacidad fiscalizadora y su debilidad institucional. El control aprista absoluto, sumado a la subordinación parlamentaria, erosionó la legitimidad de las instituciones democráticas y contribuyó decisivamente al descrédito de los partidos tradicionales. El contexto de crisis económica, violencia creciente y deterioro institucional pavimentó el camino para el ascenso de Alberto Fujimori en 1990 y, posteriormente, para el autogolpe de 1992.^[2] Representó, en suma, un Congreso de crisis, marcado por la inestabilidad y la fragilidad propias del período posterior a la transición democrática.