35.° Congreso del Perú

El 35.° Congreso del Perú fue la representación del Congreso de la República, la legislatura nacional del Perú, elegida el 9 de abril de 1995. Se instaló el 28 de julio de 1995 en el Palacio Legislativo de Lima y ejerció funciones hasta el 13 de julio de 2000.

En las elecciones, la coalición fujimorista Cambio 90 - Nueva Mayoría (C90–NM) consiguió la mayoría absoluta en el Congreso, la primera legislatura unicameral de la historia del Perú. El paso del bicameralismo al unicameralismo redujo los contrapesos internos y facilitó una mayor concentración de poder en el Ejecutivo, especialmente en un contexto de predominio oficialista. La oposición quedó fragmentada y fue encabezada por Unión por el Perú (UPP), partido de reciente creación que, pese a convertirse en la principal bancada opositora, carecía de los votos necesarios para bloquear iniciativas legislativas relevantes. Los partidos tradicionales que habían dominado la década de 1980 —el Partido Aprista Peruano (APRA), Acción Popular (AP), el Partido Popular Cristiano (PPC) e Izquierda Unida (IU)— obtuvieron resultados marginales, lo que precipitó su debilitamiento orgánico y la pérdida de su inscripción partidaria. El escenario se completaba con pequeños movimientos independientes, de escasa cohesión y limitada influencia en la agenda legislativa.^[1]

El Congreso se concentró en respaldar de manera sistemática las políticas económicas neoliberales y antiterroristas del Ejecutivo, aprobando un conjunto de normas que no solo redefinieron el modelo económico y el esquema de seguridad interna, sino que también consolidaron la hegemonía política del régimen. En el plano económico, acompañó los procesos de privatización, desregulación y apertura de mercados, así como reformas orientadas a reducir el tamaño del Estado y flexibilizar el régimen laboral. En materia de seguridad, avaló dispositivos que ampliaban las atribuciones de las fuerzas del orden y fortalecían el aparato de inteligencia en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, más que desempeñar una función legislativa autónoma, el Congreso optó reiteradamente por delegar amplias facultades al presidente Fujimori, habilitándolo a normar mediante decretos legislativos en áreas estratégicas como economía, defensa, orden interno y reforma institucional. Esta práctica redujo sustancialmente el debate parlamentario, debilitó la deliberación pública y vació de contenido el principio de separación de poderes en asuntos de alta sensibilidad política. La producción normativa se concentró crecientemente en el Ejecutivo, mientras el Congreso asumía un papel predominantemente ratificador.^[2]

El rol fiscalizador fue prácticamente inexistente. La mayoría oficialista bloqueó o archivó iniciativas orientadas a conformar comisiones investigadoras sobre violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y presuntas irregularidades vinculadas al aparato de inteligencia y a la creciente influencia de Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional. Los intentos de la oposición por examinar contratos públicos, procesos de privatización o denuncias sobre interceptaciones telefónicas fueron sistemáticamente neutralizados por la mayoría parlamentaria. En lugar de priorizar el esclarecimiento de hechos graves y el fortalecimiento de los mecanismos de control institucional, la agenda legislativa se alineó progresivamente con los objetivos políticos del Ejecutivo, en particular con la consolidación del proyecto de continuidad presidencial. Este comportamiento contribuyó a afianzar un clima de impunidad en un contexto de corrupción estructural que atravesaba distintas instancias del Estado.^[3]

Uno de los episodios más controvertidos fue la interpretación de la Constitución de 1993 para habilitar la denominada «re-reelección» presidencial en el año 2000. La Constitución permitía una sola reelección inmediata; sin embargo, la mayoría oficialista sostuvo que el primer mandato de Fujimori no debía computarse por haber sido iniciado bajo la Constitución anterior. Sobre esa base, aprobó una ley de interpretación auténtica que abrió la posibilidad de un tercer mandato consecutivo (Ley N.° 26657). Esta decisión fue ampliamente cuestionada por sectores académicos, políticos y sociales como un fraude constitucional, al vulnerar el espíritu del límite a la reelección y alterar las reglas del juego democrático en beneficio del presidente. De ese modo, el Congreso permitió que Fujimori optara a un tercer mandato consecutivo sin someter la cuestión a referéndum ni promover una reforma constitucional expresa.^[4] La controversia derivó en una crisis institucional de gran magnitud. En 1997, tres magistrados del Tribunal Constitucional que se pronunciaron contra la interpretación favorable a la rerreelección fueron destituidos por el Congreso, evidenciando la subordinación parlamentaria al Ejecutivo y el debilitamiento de la independencia judicial. Este episodio profundizó la percepción de captura institucional y desencadenó protestas ciudadanas, especialmente en Lima.^[2][5][6]

En perspectiva, este Congreso representó el punto culminante del autoritarismo fujimorista. El unicameralismo, sumado a una mayoría oficialista disciplinada y cohesionada alrededor del liderazgo presidencial, facilitó la concentración de poder y erosionó los mecanismos de control horizontal. Al mismo tiempo, el desempeño parlamentario dejó al descubierto profundas vulnerabilidades estructurales: debilitamiento del sistema de partidos, pérdida de legitimidad representativa, precariedad de la función fiscalizadora y normalización de la subordinación del Legislativo al Ejecutivo.^[2][3] Su actuación no solo alteró los equilibrios democráticos en el corto plazo, sino que contribuyó de manera decisiva al descrédito de la representación política y a la fragilidad institucional que caracterizaría al Perú en las décadas posteriores.