37.° Congreso del Perú

País Perú Perú

Tipo Unicameral

Inicio de sesiones 27 de julio de 2001

Fin de sesiones 13 de julio de 2006

37.° Congreso
Periodo parlamentario 2001-2006
Localización
País	Perú Perú
Información general
Tipo	Unicameral
Inicio de sesiones	27 de julio de 2001
Fin de sesiones	13 de julio de 2006
Liderazgo
Presidente del Congreso	C. Ferrero (PP) H. Pease (PP) A. Flores-Aráoz (PPC) M. Ayaipoma (PP)
Composición
Miembros	120 congresistas
Grupos representados	color #80FF00 PP: 45 escaños color #FF0000 APRA: 28 escaños color #008000 UN: 17 escaños color #F08080 FIM: 11 escaños color #8B0000 UPP: 6 escaños color #20488E SP: 4 escaños color #FFA500 C90–NM: 3 escaños color #000000 AP: 3 escaños color #343434 VV–JSP: 3 escaños color #FFCC33 TPV: 2 escaños color #6864BD RA: 1 escaño
Sucesión
36.° Congreso Periodo parlamentario 2001-2006 38.° Congreso
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El 37.° Congreso del Perú fue la representación del Congreso de la República, la legislatura nacional del Perú, elegida el 8 de abril de 2001. Se instaló el 27 de julio de 2001 en el Palacio Legislativo de Lima y ejerció funciones hasta el 13 de julio de 2006.

En las elecciones, las primeras tras la caída del régimen fujimorista, Perú Posible (PP) se alzó como el partido más votado aunque quedó lejos de alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria, lo que obligó desde el inicio a una lógica de gobierno en minoría. El Partido Aprista Peruano (APRA) protagonizó una notable recuperación electoral tras su crisis de los años noventa y se consolidó como la segunda fuerza política, liderando la oposición. Unidad Nacional (UN), coalición de derecha, quedó en tercer lugar. Completaban el panoraba otras fuerzas opositoras al fujimorismo, como el Frente Independiente Moralizador (FIM), Unión por el Perú (UPP), Somos Perú (SP) y Acción Popular (AP). El fujimorismo, por su parte, compareció profundamente debilitado. La alianza Cambio 90 - Nueva Mayoría (C90–NM) obtuvo apenas tres escaños, simbolizando el colapso político del régimen.^[1]

En su situación de minoría, el gobierno dependía de alianzas coyunturales para aprobar iniciativas. Inicialmente, un acuerdo con el FIM permitió al Ejecutivo asegurar la conducción de la Mesa Directiva y cierta estabilidad legislativa.^[2] Sin embargo, la alianza fue frágil y estuvo atravesada por tensiones políticas. En este contexto, por primera vez desde 1991, el Legislativo recuperó centralidad política real: se convirtió en un espacio efectivo de negociación, deliberación y fiscalización, en contraste con la subordinación que había caracterizado el periodo autoritario. La oposición, en especial el APRA, utilizó activamente mecanismos de control político, interpelaciones y comisiones investigadoras. El Congreso dejó de ser un órgano subordinado al Ejecutivo; no obstante, la heterogeneidad ideológica y estratégica de los grupos opositores dificultó la construcción de una alternativa cohesionada capaz de poner en riesgo la estabilidad gubernamental.^[3]

El gobierno de Toledo se desarrolló en un contexto paradójico: por un lado, registró crecimiento económico sostenido, impulsado por un modelo orientado a la inversión extranjera, la estabilidad macroeconómica y el auge exportador; por otro, enfrentó una persistente baja popularidad, conflictos sociales regionales y escándalos que erosionaron su legitimidad. Entre estos últimos destacaron las denuncias por presuntas firmas falsas en la inscripción de Perú Posible y cuestionamientos éticos a funcionarios del entorno presidencial. A pesar de ello, la moción de vacancia presentada contra el presidente no tuvo posibilidades reales de prosperar. La fragmentación de la oposición, la ausencia de una mayoría alternativa y el temor a una nueva crisis institucional actuaron como factores de contención. Sin embargo, hacia 2005 el oficialismo perdió el control de la Mesa Directiva del Congreso, que pasó a manos de la oposición, reflejando el progresivo debilitamiento político del gobierno.^[4]

Pese a la inestabilidad partidaria, el Congreso tuvo una producción normativa significativa en materias como la descentralización, con la aprobación de la ley de gobiernos regionales (Ley N.° 27867) y la ley de municipalidades (Ley N.° 27972); la reforma política, con la ley de partidos políticos (Ley N.° 28094) que estableció reglas más claras sobre inscripción, democracia interna, financiamiento y transparencia, buscando fortalecer la institucionalización partidaria tras el colapso del sistema en los años noventa; y reformas económicas, consolidando el marco de estabilidad macroeconómica, promoción de inversiones y apertura comercial iniciado en la década anterior, ahora bajo reglas democráticas. Además, el Congreso impulsó investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno y creó comisiones para examinar los crímenes y redes de corrupción del régimen fujimorista.^[5]

En perspectiva, el Congreso cumplió una función decisiva en la consolidación democrática. Restableció el equilibrio institucional, fortaleció el control político y sentó bases normativas para la descentralización y la reforma partidaria. Demostró que un gobierno en minoría podía gobernar mediante negociación y alianzas, completando su mandato sin interrupciones. Al mismo tiempo, dejó al descubierto problemas estructurales: baja institucionalización de los partidos, personalismo, fragmentación creciente y débil vínculo programático entre representantes y ciudadanía. Estas fragilidades anticiparon escenarios de mayor inestabilidad en los años siguientes.