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Administración de Laura Fernández

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La Administración de Laura Fernández es el actual gobierno constitucional de la República de Costa Rica desde el 8 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 8 de mayo de 2030. Fernández asumió la presidencia tras su victoria en las elecciones generales de 2026, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar la Presidencia de la República de Costa Rica.[2]

Datos rápidos Administración de Laura Fernández 2026-2030, Información general ...

Administración de Laura Fernández
2026-2030

Fernández en su discurso inaugural
Información general
Ámbito Costa Rica Costa Rica
Formación 8 de mayo de 2026
Composición del gabinete
Presidenta Laura Fernández Delgado
Vicepresidentes Francisco Gamboa Soto
Douglas Soto Campos[1]
Ministro de Presidencia Rodrigo Chaves Robles
Partido (s) Pueblo Soberano
Historia
Elección 1 de febrero de 2026
Periodo 2026-2030
Situación en el poder legislativo
Posición en la legislatura Mayoría absoluta
Asamblea Legislativa XX Período
Diputados
31/57
Sucesión
Administración de Rodrigo Chaves
Administración de Laura Fernández
2026-2030
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Antecedentes y elección

Antecedentes políticos

Fernández desarrolló su carrera en el sector público y alcanzó visibilidad nacional como figura del Poder Ejecutivo durante la administración anterior. Medios nacionales e internacionales han descrito su perfil como cercano al proyecto político oficialista y con énfasis en la reforma del Estado y el fortalecimiento del Poder Ejecutivo.[3]

Postulación y campaña

Durante la campaña electoral, Fernández planteó la continuidad de las políticas e iniciativas del gobierno de Rodrigo Chaves y una agenda de cambios institucionales, incluyendo la propuesta de una denominada “Tercera República”.[4][5]

Elección

En los comicios del 1 de febrero de 2026, Fernández resultó electa presidenta de la República en primera ronda. El Partido Pueblo Soberano obtuvo 31 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, convirtiéndose en la principal fracción parlamentaria, aunque sin alcanzar la mayoría calificada de 38 votos requerida para reformas constitucionales u otras leyes de especial trascendencia.[6]

Gabinete y ministros

La presidenta Laura Fernández anunció su gabinete el 5 de mayo de 2026, tres días antes de la toma de posesión, en un acto realizado en el Teatro Popular Melico Salazar. El equipo incluyó tanto figuras provenientes de la administración anterior como nuevos nombramientos.[7][8]

Entre los principales nombramientos destacaron el del expresidente Rodrigo Chaves Robles como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda; Manuel Tovar Rivera como ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Gerald Campos Valverde como ministro de Seguridad Pública; Gabriel Aguilar Vargas como ministro de Justicia y Paz; Efraím Zeledón Leiva como ministro de Obras Públicas y Transportes; Leonardo Sánchez Hernández como ministro de Educación Pública; Alexander Sánchez Cabo como ministro de Salud; e Indiana Trejos Gallo como ministra de Comercio Exterior.[7][8]

Más información Ministerio, Titular ...
Principales ministros de la Administración Fernández
Ministerio Titular
Ministerio de la Presidencia Rodrigo Chaves Robles
Ministerio de Hacienda Rodrigo Chaves Robles
Relaciones Exteriores y Culto Manuel Tovar Rivera
Seguridad Pública Gerald Campos Valverde
Justicia y Paz Gabriel Aguilar Vargas
Obras Públicas y Transportes Efraím Zeledón Leiva
Educación Pública Leonardo Sánchez Hernández
Salud Alexander Sánchez Cabo
Comercio Exterior Indiana Trejos Gallo
Planificación Nacional y Política Económica Carla Morales Rojas
Economía, Industria y Comercio María del Milagro Solórzano León
Agricultura y Ganadería Juan Gabriel Ramírez Guillén
Cultura y Juventud Jorge Rodríguez Vives
Trabajo y Seguridad Social Roy Thompson Chacón
Ambiente y Energía Mónica Navarro del Valle
Vivienda y Asentamientos Humanos Guillermo Carazo Ramírez
Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones Paula Bogantes Zamora
Ministerio de Comunicación Arnold Zamora Miranda
Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social Yorleny León Marchena
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La composición del gabinete fue interpretada por medios nacionales como una señal de continuidad con la administración Chaves Robles, debido a la permanencia o reubicación de varios jerarcas del gobierno anterior.[9]

Primeras acciones y decretos

Durante sus primeras horas en el ejercicio del poder, la administración Fernández anunció el inicio de la ejecución de sus principales prioridades programáticas, particularmente en seguridad, simplificación institucional y gestión pública.[10]

Entre los primeros lineamientos comunicados por el Ejecutivo se incluyeron acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, combate al crimen organizado y reorganización administrativa del Estado.

Diversos analistas señalaron que la implementación de varias de las principales propuestas de campaña dependerá de la capacidad del oficialismo para construir acuerdos legislativos, dado que el Partido Pueblo Soberano cuenta con 31 diputados, por debajo de los 38 votos requeridos para aprobar reformas constitucionales y otras iniciativas de mayoría calificada.[6]

En junio de 2026, Fernández pidió a autoridades locales de San Carlos y Guatuso preparar proyectos de inversión ante una eventual llegada de recursos vinculados a Crucitas, mencionando áreas como educación, seguridad e infraestructura.[11]

Programa y propuestas de gobierno

Política económica

Entre las principales propuestas económicas presentadas durante la campaña se encuentran:

  • Implementación de jornadas laborales excepcionales 4x3 como mecanismo para atraer inversión extranjera directa, particularmente en sectores de manufactura avanzada y servicios.
  • Desarrollo de una marina turística en la provincia de Limón, orientada a fortalecer la infraestructura portuaria y el turismo.
  • Ejecución del proyecto denominado «Ciudad Gobierno», cuyo objetivo es centralizar dependencias estatales y reducir costos operativos del sector público.
  • Simplificación de trámites y fortalecimiento del clima de inversión.

Diversos analistas señalaron que la aprobación de varias de estas iniciativas requerirá negociaciones legislativas con otras fracciones, dado que el oficialismo cuenta con 31 curules, por debajo de los 38 votos necesarios para aprobar reformas de alto impacto.[6]

Armonización del sistema eléctrico

Uno de los principales proyectos impulsados por la administración Fernández ha sido el expediente legislativo 23.414, conocido como Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. La iniciativa había sido originalmente promovida durante la administración de Rodrigo Chaves y retomada como una de las prioridades del nuevo gobierno.[12]

El proyecto propone una transformación del mercado eléctrico costarricense mediante la creación de un mercado mayorista regulado, permitiendo una mayor participación de empresas privadas, cooperativas y grandes consumidores en la generación y comercialización de electricidad.[13]

Entre los cambios planteados se encuentra además la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), organismo que asumiría funciones actualmente concentradas en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), incluyendo planificación y coordinación operativa del sistema.[13]

El gobierno defendió la propuesta argumentando la necesidad de atraer inversión, ampliar la capacidad de generación eléctrica y evitar eventuales problemas de abastecimiento energético derivados del aumento proyectado en la demanda nacional.[14]

No obstante, el proyecto generó oposición por parte de sindicatos, partidos políticos y sectores académicos, quienes cuestionaron una eventual apertura del mercado eléctrico y posibles efectos sobre el ICE y las tarifas eléctricas.[15][16]

El 27 de mayo de 2026, la presidenta Laura Fernández anunció la desconvocatoria temporal del proyecto durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, argumentando la necesidad de abrir un espacio de negociación con las fracciones opositoras.[17]

Política social

La propuesta social incluyó énfasis en la modernización de programas públicos, evaluación por resultados, fortalecimiento de la educación técnica y sostenibilidad financiera del sistema de salud pública.[3]

Seguridad y combate al crimen organizado

La seguridad fue uno de los ejes centrales del proceso electoral. Las propuestas incluyeron endurecimiento de medidas contra el crimen organizado, reformas institucionales y cooperación regional en materia de seguridad.[18]

Reforma del Estado e institucionalidad

La propuesta de transformación institucional del Estado fue parte central del discurso de campaña. Analistas han señalado que cualquier reforma estructural requerirá mayorías legislativas calificadas y amplios consensos políticos.[4]

Política exterior

En materia de relaciones exteriores, Fernández manifestó durante la campaña su interés en fortalecer la cooperación regional, particularmente en temas de seguridad y combate al crimen organizado. Medios internacionales señalaron afinidades discursivas con algunas políticas implementadas por el gobierno de El Salvador, aunque no se anunciaron acuerdos formales al momento de la elección.[18]

Véase también

Referencias

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