Agua potable y saneamiento en la República Dominicana
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La gestión del agua potable y el saneamiento en la República Dominicana abarca el conjunto de políticas públicas, instituciones e infraestructuras destinadas a garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, la recolección y disposición de aguas residuales y la reducción de riesgos sanitarios y ambientales asociados.[1][2]
En términos de cobertura, los indicadores internacionales de seguimiento reportan niveles altos para el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento.[3] Sin embargo, persisten brechas en la calidad del servicio, la continuidad del suministro, el control de pérdidas, la expansión del alcantarillado y la capacidad de tratamiento de aguas residuales, especialmente fuera de los principales centros urbanos.[4]
Acceso y cobertura
Los indicadores de seguimiento internacional estiman que la República Dominicana alcanzó en 2022 una cobertura de 96.75% de población con acceso a al menos servicios básicos de agua potable y 88.68% en saneamiento básico. Para el indicador más exigente de agua potable gestionada de manera segura, el valor estimado para 2022 fue 44.94%.[5]
La cobertura puede variar por territorio y por tipo de asentamiento (urbano/rural), con diferencias asociadas a dispersión poblacional, disponibilidad de infraestructura, capacidad operativa y condiciones de las fuentes de abastecimiento.[6]
Calidad y continuidad del servicio
Además del acceso físico, la provisión efectiva depende de la continuidad del suministro, la presión en red, la potabilización y el control de calidad. En distintos sistemas se han reportado retos recurrentes vinculados a interrupciones del servicio, pérdidas en redes, y necesidad de rehabilitación y ampliación de infraestructura de conducción, almacenamiento y distribución.[7]
Saneamiento y aguas residuales
El saneamiento comprende la recolección (alcantarillado sanitario), la disposición adecuada y el tratamiento de aguas residuales. En la República Dominicana, los indicadores internacionales reportan una cobertura alta de servicios básicos de saneamiento (88.68% en 2022), pero una cobertura menor cuando se utiliza el criterio más exigente de saneamiento gestionado de manera segura (42.73% en 2022).[8] Esta brecha suele asociarse a limitaciones en la conexión formal a sistemas, la operación y mantenimiento, y la capacidad efectiva de tratamiento y disposición segura.[9]
En la práctica, los desafíos recurrentes incluyen la ampliación y rehabilitación de redes, el mantenimiento preventivo (limpieza de colectores y control de desbordes), la mejora del desempeño de plantas existentes y la incorporación de nuevas infraestructuras en zonas urbanas y turísticas, con énfasis en sostenibilidad operativa y energética.[10][11]
Tratamiento de aguas residuales
La disponibilidad de series nacionales consolidadas y homogéneas sobre el porcentaje de aguas residuales recolectadas que reciben tratamiento varía según la fuente y el método de medición. Aun así, se han reportado trabajos de rehabilitación y readecuación de instalaciones existentes, junto con acciones operativas de limpieza de redes, como parte de esfuerzos para reducir focos de contaminación y mejorar el desempeño de los sistemas.[12]
Instituciones y gobernanza
El sector opera mediante un esquema de múltiples prestadores y competencias distribuidas entre entidades nacionales y corporaciones regionales. A nivel de prestación, coexisten corporaciones de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas y provinciales y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), que administra numerosos sistemas fuera de las principales áreas metropolitanas.[13] En zonas rurales, también existen esquemas comunitarios de operación y administración de sistemas.[14]
En materia normativa y de coordinación, intervienen entidades vinculadas a salud pública (vigilancia sanitaria y control de riesgos), medio ambiente (protección y control de descargas), gestión de recursos hídricos y planificación pública. En el ámbito de estándares técnicos, la autoridad nacional de normalización y metrología es el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), creado en sustitución de la antigua DIGENOR.[15]
Programas e inversiones recientes
Desde 2020 se han impulsado iniciativas orientadas a aumentar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura y a fortalecer la capacidad institucional del sector. Entre los componentes frecuentes de estos programas figuran la mejora de eficiencia operativa, rehabilitación de infraestructura, ampliación de redes, apoyo a la gestión del recurso hídrico y acciones para elevar la resiliencia climática de los sistemas.[16]
En paralelo, se han anunciado y ejecutado proyectos para reforzar el abastecimiento en áreas metropolitanas y rehabilitar instalaciones de tratamiento y redes sanitarias, así como acuerdos y hojas de ruta nacionales para la gestión del agua, con participación de instituciones públicas y sectores sociales.[17]
Calidad del agua potable
La calidad del agua para consumo humano depende, entre otros factores, de la potabilización, la desinfección, la continuidad del servicio, el estado de las redes y el monitoreo sanitario. En los años 2020 se han reportado iniciativas para fortalecer la vigilancia y coordinación interinstitucional sobre la calidad del agua, incluyendo acuerdos de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y entidades académicas para el desarrollo de sistemas de vigilancia.[18]
A nivel de indicadores internacionales comparables, el criterio de agua potable gestionada de manera segura se ubica por debajo de la cobertura de servicios básicos (44.94% frente a 96.75% en 2022), lo que sugiere retos asociados a calidad, disponibilidad y gestión segura a lo largo del servicio.[19]
Fuentes
- OMS/OPS 2000: Evaluation of Water Supply and Sanitation in the Americas, Informe de País, República Dominicana, OMS 2000.
- Rosa Urania Abreu, octubre de 2005: República Dominicana: Situación actual del sector Agua Potable y Saneamiento y sus principales necesidades (presentación en PowerPoint).