Ana María Pernía
comerciante venezolana
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Ana María Pernia Menéndez (c. 1982) es una comerciante venezolana. En 2020 fue detenida sin una orden de arresto por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) junto con su amiga Marifrancys Marcano y fue sometida a una desaparición forzada por un mes. Pernía fue acusada con el asalto al Destacamento 441 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Puerta Morocha de Los Teques y en 2024 fue sentenciada a 21 años de cárcel. Organizaciones no gubernamentales como Observatorio Nacional de Derechos Humanos la han clasificado como una presa política.
| Ana María Pernía | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nombre completo | Ana María Pernia Menéndez | |
| Nacimiento | c. 1982 | |
| Nacionalidad | Venezolana | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Comerciante | |
| Información criminal | ||
| Situación penal | Sentenciada a 21 años de cárcel | |
Detención
El 25 de abril de 2020 fue detenida sin una orden de arresto por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cuando se trasladaba en carro con su amiga Marifrancys Marcano hacia Guarenas. En una rueda de prensa, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab, afirmó falsamente que Pernía había sido detenida el 6 de mayo de 2020 junto con un grupo de personas.[1][2][3]
Pernía fue sometida a una desaparición forzada por un mes y fue acusada de estar involucrada con el asalto al Destacamento 441 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Puerta Morocha de Los Teques, en el estado Miranda.[1][4] El 15 de mayo ambas fueron presentadas ante el Tribunal Especial Cuarto en Funciones de Terrorismo, fueron acusadas de los cargos de "traición a la patria", "financiamiento al terrorismo", y "terrorismo" y se confirmó su privativa de libertad.[2]
Para 2022 estaba en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques. El 22 de mayo de 2024 fue sentenciada por a 21 años de cárcel por la jueza Hennit López por los cargos de "conspiración" y "asociación para delinquir".[5][6][7][8][9] La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que el juicio padeció de varias irregularidades, que careció de imparcialidad, y que no se tomaron en cuenta las peticiones de la defensa.[8] La organización Justicia, Encuentro y Perdón volvió a denunciar la violación a los derechos humanos contra las mujeres judicializadas por el caso.[5] El Observatorio Nacional de Derechos Humanos ha clasificado a Pernía como una presa política.[10]