Ayuda estatal (Unión Europea)
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Ayuda estatal en la Unión Europea es el nombre del apoyo que presta una autoridad pública (nacional, regional o local) a determinadas empresas o producciones por medio de recursos públicos.. En el derecho de competencia de la Unión Europea el término tiene un significado legal, siendo cualquier medida que demuestre alguna de las características del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de que si falsea la competencia o el libre mercado, se clasifica por el Unión Europea como ayuda estatal ilegal.[1] Las medidas que entran dentro de la definición de ayuda estatal se consideran ilegales a menos que se establezcan en virtud de una exención o sean notificadas por la Comisión Europea .[2] En 2019, los Estados miembros de la UE proporcionaron ayuda estatal correspondiente al 0,81% del PIB del bloque.[3]
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 107, párr. 1) dice:
“Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.".[1]
Establece las características de una "ayuda de Estado" y establece que la concesión de una ayuda de Estado será ilegal a menos que sea compatible con el mercado común, lo que se consigue mediante la aplicación de una exención por categorías o mediante notificación..[4]
Deben estar presentes cinco criterios acumulativos para que exista una "ayuda estatal":
- "el uso de los recursos del estado"
- "la medida debe conferir una ventaja a una determinada empresa"
- "la ventaja debe ser selectiva"
- "la medida debe falsear la competencia"
- "afectar el comercio entre los estados miembros".
Casi todas las ayudas estatales se conceden en el marco de exenciones por categorías. Por ejemplo, el 96 % de la ayuda estatal se concede en virtud del Reglamento general de exención por categorías.[3] Los estados pueden otorgar ayuda estatal a través de una notificación de la DG Competencia de la Comisión Europea, bajo pautas como las Directrices de ayuda regional (RAG), las Directrices de ayuda climática, energética y ambiental (CEEAG), las Directrices de financiación de riesgo (RFG) y la Investigación, Marco de Desarrollo e Innovación (I+D+i),.[5]
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