Bernardino Rivadavia

El empréstito de Baring Brothers

La Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires sancionó el 19 de agosto de 1822 una ley que facultaba al gobierno a "negociar, dentro o fuera del país, un empréstito de tres o cuatro millones de pesos valor real". Los fondos del empréstito debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, y la fundación de tres ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones. Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.

La Junta de Representantes había autorizado la colocación a un tipo mínimo del 70%, pero Rivadavia aceptó constituir un consorcio que representara al Gobierno de Buenos Aires para la colocación del empréstito al tipo de 70%. Este consorcio estaba encabezado por Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parish Robertson, quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring Brothers & Co.

Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85%, pagando 70% a Buenos Aires y repartiéndose el 15% de diferencia con el consorcio.^{[cita requerida]}

El monto nominal del empréstito ascendía a 1.000.000 de libras esterlinas con las siguientes condiciones:

• Los intereses serían pagados semestralmente, encargándose la Casa Baring de hacerlo a nombre de Buenos Aires, cobrando una comisión del 1%.
• El Estado de Buenos Aires "empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de la dicha suma de 1 000 000 de libras esterlinas y su interés".
• Baring retendría 200 000 títulos al tipo de 70, acreditando a Buenos Aires las 140 000 libras correspondientes y disponiendo para sí del excedente de su venta.
• Por cuenta del consorcio, Baring vendería en bolsa los 800 000 títulos restantes al tipo de 85%, cobrando un 1% de comisión por ello, y acreditando a Buenos Aires el 70%. Si lograse colocarlas a más del 80%, la comisión subiría a 1,5%.
• En toda suma a entregarse en lo futuro por Buenos Aires, en concepto de intereses y amortizaciones, Baring cargaría un 1% de comisión a cuenta del gobierno.

Este empréstito no fue el único de su tipo en Latinoamérica: ya en 1822 Colombia había negociado un crédito por valor de 2 millones de libras esterlinas, y lo mismo había hecho ese año Chile con un crédito por 200 000 libras. El reino de Poyais (país ficticio creado por el estafador Gregor McGregor supuestamente en la Costa de Mosquitos, ubicada en el litoral del Mar Caribe de las actuales Honduras y Nicaragua) hizo lo propio por 200 000 libras, y Perú colocó un empréstito por 1 200 000 libras. México también tomó un crédito de este tipo en 1824, y Colombia obtuvo luego un segundo crédito. Entre 1822 y 1826 las colonias españolas se endeudaron con Londres por la suma de 20 978 000 libras, habiendo Inglaterra desembolsado una suma real de solo 7 000 000 de libras.

El dinero que llegó al país, tras descontar comisiones, gastos financieros y teniendo en cuenta la colocación de bonos por debajo de su valor nominal, fue sólo 570.000 libras. Esto ha llevado a historiadores revisionistas como Raúl Scalabrini Ortiz a clasificarlo como una estafa por parte del Reino Unido y el principal error de Rivadavia.^[30]No obstante ello, la historiografía más reciente ha señalado que este tipo de empréstitos con descuentos, comisiones y colocación bajo la par eran los comunes en los mercados internacionales de la época y esa condición había sido tenida en cuenta al momento de contratar el préstamo. El verdadero problema, según muchos especialistas, fue que los recursos no se aplicaron a las inversiones previstas. En cuanto el préstamo llegó la Legislatura modificó el proyecto original de Rivadavia y dispuso que el dinero no era necesario. El 11 de abril de 1825 se creó una Junta de Inspección Económica para aconsejar al gobierno sobre el mejor destino para esos fondos. El presidente de la Junta era Juan Pedro Aguirre, también presidente del Banco de Descuentos, y se resolvió entregar el dinero a esa institución para que lo diera como créditos a sus clientes, a intereses mucho más bajos que los que pagaba la provincia por ese dinero.^[29] Posteriormente, crisis políticas y militares posteriores (como la Guerra del Brasil), provocaron distintas suspensiones de pagos y continuas refinanciaciones con capitalización de intereses, lo que agravó el costo final, que recién terminó de pagarse en 1904.^[31]

En 1827 se produjo el primer default de la historia de Argentina, cuando, tras un boom de préstamos ocasionado por el fin de las guerras napoleónicas, este y otros países de América consiguieron emitir bonos en Londres para financiar sus guerras de independencia. Este boom crediticio terminó en 1825 cuando el Banco de Inglaterra subió su tasa de descuento para frenar la caída de reservas provocada, entre otras cosas, por la emisión de deuda de las excolonias españolas en América. Dicho ajuste monetario derivó en un crash bursátil. Entre 1826 y 1828, casi todas las nuevas repúblicas hispanoamericanas que habían emitido deuda en el mercado londinense —como México, Colombia, Perú y Chile— suspendieron pagos o reestructuraron sus obligaciones. La Provincia de Buenos Aires también se quedó sin recursos suficientes para atender los servicios del empréstito Baring, los gastos de la Guerra del Brasil y el funcionamiento del Estado al mismo tiempo. Entró en default en 1827 y recién reinició sus pagos en 1857.^[6]

Política interior

En la política interna, Rivadavia también intentó aplicar los lineamientos liberales y utilitaristas del benthanismo, intentando por medio de sus reformas reformar las instituciones buscando un menor gasto público. Para ello realizó un ajuste en la administración pública recortando a la mitad los sueldos de los empleados: él mismo encabezó la lista. Lo mismo hizo con los altos mandos militares, además de pasar a retiro a todos los que no estaban en servicio activo en el momento. Esta reforma puso en su contra a todos los militares alejados y muchos de ellos se unirían a las rebeliones en su contra.

En el marco de estas reformas, terminó con el último resabio de la política colonial, suprimiendo los tres cabildos que quedaban en la provincia: tanto el de la capital como los de Luján y San Nicolás de los Arroyos. Para remplazar estas autoridades, con fecha 14 de agosto de 1821 promulgó la Ley de Sufragio Universal, que fue la primera de su tipo en América. Esta ley permitió que las futuras autoridades fueran elegidas por sufragio directo de todo hombre libre, natural del país o avecinado a él, desde la edad de 20 años, o antes si fuera emancipado, fuera hábil para elegir (art. 2°) y además, que pudieran ser elegidos para cargos públicos los ciudadanos mayores de 25 años "que poseyeran alguna propiedad inmueble o industrial".^[32]

Siguiendo el ejemplo de otras leyes europeas de la época, no preveían el sufragio femenino Además en 1826 se modificó esa misma ley, de modo que incluso entre los varones, imponía determinadas restricciones al voto que la ubicaban en una situación intermedia entre el sufragio masculino y el sufragio censitario. Dentro de las categorías impedidas para el voto estaban los analfabetos, los deudores fallidos, los deudores del tesoro público, los dementes, los notoriamente vagos, los criminales con pena corporal o infamante, y los domésticos y peones que estuvieran bajo la influencia del patrón. El proyecto consideraba que “se reputará decente toda persona blanca que se presente vestida de fraque y levita”, y el proyecto de Rivadavia negaba el voto hasta a los “criados a sueldo, peones jornaleros y soldados de línea”.^[33] Manuel Dorrego, fue uno de los dirigentes que se manifestó enteramente en contra de la reforma.

En noviembre de 1821, el mismo día en que se tuvo noticia en Buenos Aires de la entrada del general San Martín en Lima al frente del Ejército Libertador, y con el fin de pacificar la provincia, hizo sancionar la Ley del Olvido, la cual consistía en una amnistía para todos los opositores políticos, que de este modo pudieron regresar de su exilio. Entre los beneficiados por la amnistía estaban figuras destacadas como Manuel Dorrego, Miguel Estanislao Soler, Manuel de Sarratea, Carlos María de Alvear, Cornelio Saavedra y otros. En el mensaje de envío a la Legislatura argumentaba:

Cumplióse al fin el noble voto que Buenos Aires hizo el 25 de mayo de 1810 y que ha sabido sostener con tanta magnanimidad contra todas las vicisitudes de la fortuna por el espacio de once años. Los pueblos del continente son independientes, que sean libres y felices son deseos de esta provincia. Pero entretanto, parece que ella se debe a sí misma el cerrar para siempre el periodo de la revolución el día mismo en que se ve cumplido su primer objetivo.^[34]

El 24 de diciembre de 1821 creó la Policía del Estado, primera fuerza puramente policial dependiente de un gobierno de provincia; es considerado el antecedente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

También prohibió la introducción de esclavos a todo el territorio de la Provincia, Para ello prohibió el desembarco de esclavos introducidos desde el exterior, reforzando el control del puerto de Buenos Aires, al tiempo que procuraba cerrar las principales vías por las que continuaba ingresando un número reducido de esclavos, especialmente desde Brasil. De este modo, y por primera vez, pudo hacerse efectiva la abolición efectuada por la Asamblea del Año XIII, que hasta entonces no se cumplía. Al controlar el principal puerto del país, la Provincia de Buenos Aires podía ejercer un control relativamente efectivo sobre el ingreso marítimo. Además, el gobierno de Martín Rodríguez impulsó una política claramente orientada a desalentar la continuidad del tráfico. En esto se diferenció claramente de las provincias del Noroeste en las que persistieron durante más tiempo formas tradicionales de esclavitud y servidumbre doméstica, y especialmente de las provincias del Litoral, en las que era muy fuerte la influencia de la trata desde Brasil, que mantuvo la esclavitud legal hasta el año 1850.

Ciencia y educación

Durante lo que se conoció como la «época de Rivadavia» la ciencia y la cultura prosperaron de manera significativa. Su impulso reformista dio a la vida intelectual una dinámica desconocida hasta entonces, creando un clima propicio que fructificó en diversos campos a través de la obra personal de muchos individuos.

En 1822, por acción oficial o privada, se habilitaron varias instituciones académicas: la Sociedad Literaria, la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Sociedad de Jurisprudencia, la Academia de Medicina y dos academias de música y canto.

Cinco librerías existentes en Buenos Aires en 1825 vendían toda clase de obras literarias y científicas editadas en Europa. Fiel a su ideario liberal, por un decreto de 1821 derogó antiguas prohibiciones a la introducción de determinados libros sin censura ni trabas de ninguna índole.

Durante la época de Rivadavia se contrataron a distinguidas personalidades intelectuales del extranjero, como el matemático mexicano José Lanz, el naturalista francés Aimé Bonpland, los físicos y astrónomos italianos Pedro Carta Molino y Octavio Fabricio Mossotti, el publicista e historiador, también italiano, Pedro de Angelis, y el ingeniero francés Carlos Enrique Pellegrini. La mayoría de ellos se estableció a enseñar e investigar en el país.^{[cita requerida]}

Otras muchas nuevas instituciones fueron creadas durante su ministerio: el Museo Argentino de Ciencias Naturales, el cual lleva su nombre, el Archivo de la Provincia de Buenos Aires (el mismo sería federalizado en 1884 y redenominado Archivo General de la Nación), el Registro Oficial y el Departamento Topográfico y Estadístico, donde se confeccionaron los primeros planos topográficos y catastrales de la provincia de Buenos Aires.

Refundó el viejo Colegio de San Carlos como Colegio de Ciencias Morales, en el cual otorgó becas a algunos jóvenes de las provincias. Las escuelas se multiplicaron y en ellas se dictaron cursos por el «sistema lancasteriano», para el cual hizo venir de Inglaterra a Diego Thompson, miembro de la sociedad lancasteriana de Londres.^[35]

Gracias a su gestión se fundó la Universidad de Buenos Aires, inaugurada el 12 de agosto de 1821, designando como primer rector y cancelario al doctor Antonio Sáenz. Tardó varios años en funcionar orgánicamente.

La ciudad y el interior

La ciudad de Buenos Aires comenzó a modernizarse. Construyó edificios públicos, ensanchó avenidas y fijó los anchos máximos y mínimos de las calles (las esquinas debían ochavarse mediante el corte de un triángulo isósceles, cuyos lados midiesen tres varas -aproximadamente 2,6 metros-), mejoró la iluminación de las calles y creó el Cementerio de la Recoleta, estableció zonas especiales para la instalación de molinos harineros y mercados de abastecimiento y obligó a presentar los planos de las edificaciones en el recientemente creado Departamento de Ingenieros.^[36] Estas modernizaciones que emprendió estaban pensadas principalmente para la ciudad, siendo menores las iniciadas en el interior de la provincia. Por otro lado, su atención estuvo centrada en las clases altas y medias.

Para proveer de mano de obra al comercio y a la ganadería impulsó fuertemente la obligación a los no propietarios de que demostraran que tenían empleo por medio de la “papeleta de conchabo”. Aquellos que no la tuvieran eran arrestados y enviados como soldados a los fuertes ubicados en la nueva línea de frontera, que se encargaban de la vigilancia y protección contra los malones indios.

También apoyó a la Comandancia política y militar de Río Negro y la Costa Patagónica a cargo del teniente coronel José Gabriel de la Oyuela.

A ello se sumó un plan de colonización territorial a fin de atraer pobladores a esas tierras, fomentando la inmigración europea.

Relaciones exteriores

Las relaciones exteriores estuvieron dominadas por las negociaciones pacíficas con España en busca del reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas.^[37] Tan ansioso estaba el gobierno de lograr la paz con España, que rechazó completamente toda posibilidad de colaborar política o económicamente con el general José de San Martín para completar la Independencia del Perú;^[38] por otro lado, era muy conocida la inquina que sentía el ministro Rivadavia por el general San Martín, quien, diez años antes, había derrocado al Primer Triunvirato, del cual aquel era secretario.^[39]

Un enviado del general San Martín, Antonio Gutiérrez de la Fuente, se presentó en Buenos Aires solicitando ayuda al gobierno porteño, pero fue rechazado; incluso debió oír de labios del ministro García y del diputado Valentín Alsina que a Buenos Aires le convenía que los españoles continuaran en poder del Alto Perú.^[40] Arturo Jauretche opinaría años después que habría sido esa falta de apoyo de la Provincia de Buenos Aires la que obligaría a San Martín a ceder su lugar a Simón Bolívar en la Entrevista de Guayaquil.^[41]

También el cabildo de Montevideo envió un emisario secreto para solicitar su ayuda cuando se produjo la Independencia del Brasil; Rivadavia se limitó a enviar al coronel Tomás de Iriarte a solicitar amistosamente al gobernador de Montevideo, Carlos Federico Lecor, la entrega de la plaza. Montevideo y la Provincia Oriental fueron incorporados al Imperio del Brasil.^[42]

La firma de la Convención Preliminar de Paz con el gobierno liberal de España fue un paso importante en este sentido, pero la misma sería anulada por el rey Fernando VII tras su segundo regreso al absolutismo.^[37]

Reforma clerical y revolución de los Apostólicos

Bernardino Rivadavia era católico pero había adoptado las ideas regalistas. El regalismo no era una corriente de pensamiento novedosa sino que ya venía aplicándose en Europa y particularmente en España a través de las reformas borbónicas que la Corona española había implementado a partir del siglo XVIII. Rivadavia quiso aplicar el regalismo en el país.^[43] Esta doctrina sostenía que no existía un Iglesia regida por el Papa, sino que existían comunidades nacionales de fieles a los cuales el gobierno de cada país podía dirigir. En otras palabras, a fin de cumplir con los fines del estado nacional, este podía interferir en los asuntos de la religión católica a favor de sus propias políticas públicas. El regalismo en el Río de la Plata fue aplicado por Rivadavia, contando con el apoyo de varios sectores del clero, entre los que se destacaron sacerdotes como Valentín Gómez, Gregorio Funes y Julián Segundo de Agüero.

El 1 de julio de 1822, Rivadavia –como ministro del gobernador Martín Rodríguez–, con el fin de incrementar las arcas del estado provincial, publicó una serie de decretos reformistas, que fueron completados seis meses más tarde por la ley de la Cámara de Representantes, que dictó, el 21 de diciembre, la "Ley de Reforma General", más conocida como Reforma eclesiástica.

Su articulado afectó principalmente a las órdenes religiosas o clero regular, cuyos miembros eran considerados más adictos a la Santa Sede que los sacerdotes del clero secular.

Así, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires:

• Cerró varios conventos, como los de las órdenes religiosas de los Bethlemitas, Recoletos y Mercedarios; al mismo tiempo se apoderó de todos los bienes que pertenecían a estas órdenes religiosas.
• Incautó los bienes propios del Santuario de Luján, de los de la Hermandad de Caridad, del Hospital de Santa Catalina y otros.
• Tomó sobre sí la responsabilidad de dar permisos para abandonar el estado religioso a quienes así lo deseaban.
• Suprimió el diezmo, impuesto tradicional que servía para el sostenimiento del clero.
• Limitó el número de religiosos por convento, prohibiendo que hubiera más de 30 religiosos y menos de 16 en cada uno de ellos, bajo la pena de supresión y confiscación de bienes.
• Limitó la edad mínima para la profesión de los votos religiosos, ya que ningún religioso podría pronunciar sus votos de consagración perpetua antes de los 25 años de edad.
• No reconoció la existencia de ninguna autoridad religiosa que residiera fuera del país y pretendiera tener poder sobre el clero secular y regular.^[44][45]

La reforma eclesiástica desató un enfrentamiento entre los periódicos de Buenos Aires. Por un lado, Juan Cruz Varela y Florencio Varela defendían la posición del gobierno en El Centinela y El Lobera del Año XX. Por el otro, fray Cayetano Rodríguez y fray Francisco de Paula Castañeda atacaban vigorosamente a Rivadavia. El gobierno, aplicando una vez las políticas del regalismo, decidió exiliar a Castañeda a Carmen de Patagones, pero el fraile escapó a Montevideo.

El presbítero Mariano Medrano –vicario provisorio de la Santa Sede al haber quedado vacante el puesto de obispo de Buenos Aires desde 1812– se opuso enérgicamente a las reformas rivadavianas. El gobierno creó una comisión especial para estudiar su caso, y se decidió destituir a Medrano de su cargo de prior.^[29]

Como se dijo, entre los opositores más prominentes a las políticas de Rivadavia se encontraba el fraile Francisco de Paula Castañeda, periodista y escritor satírico, que le dedicó a Rivadavia las siguientes líneas:

No hay provenir maravilloso
ni otro contenido más delicado
que librarse del Sapo del Diluvio
El Sapo es Rivadavia o Rivaduvio
o el Robespierre el renegado

En agosto de 1822 fue denunciada una conspiración en su contra, dirigida por el exministro Gregorio García de Tagle, que fue rápidamente sofocada. Castañeda fue expulsado de la capital, y Tagle pasó varios meses en prisión hasta que fue liberado por presión de su esposa.^[46] Rivadavia aparecía como tolerante a las disidencias, pero sólo a las que él consideraba moderadas –esto es, que no afectaran su gobierno– y no toleró ninguna de parte de sectores clericales.^[47]

El 19 de marzo de 1823 estalló la "Revolución de los Apostólicos", encabezada por Gregorio García de Tagle, una reacción bien organizada contra las reformas de Rivadavia, en la que participaron Domingo Achega, Mariano Benito Rolón y Ambrosio de Lezica. Tuvo apoyo de muchos descontentos, además de frailes y curas, pero no disponía de fuerzas militares suficientes, de modo que se abrieron las cárceles para sumar a los presos: el oficial de más graduación resultó ser José María Urien, un acusado por un crimen pasional, que tomó el mando de la rebelión. De todos modos no alcanzaron a derrocar al gobierno, y debieron rendirse tras varias horas de lucha. Aunque Tagle huyó, varios de los líderes fueron capturados.

Se inició una pesquisa judicial, de la cual surgieron ciertas complicidades en el propio gobierno. Rivadavia, alarmado, ordenó reemplazar a los jueces y fiscales por otros, que recibieron orden de acelerar el juicio, llevarlo en secreto, destruir la documentación y dictar sentencia sin profundizar la investigación. Cuando unos días más tarde se dictó sentencia, el único implicado con responsabilidad grave era el coronel Urien, que fue condenado a muerte junto con un oficial llamado Benito Peralta. Urien y Peralta fueron fusilados en la Plaza de la Victoria, mientras todos los otros arrestados recuperaron rápidamente la libertad.^[48]

Por su parte, Tagle logró escapar con ayuda de Dorrego –el mismo a quien había desterrado injustamente en 1816 a España– a Montevideo, que estaba en poder del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Allí fue arrestado en Montevideo por el gobernador portugués, vizconde de la Laguna Carlos Federico Lecor, quien tardó meses en liberarlo.

La Ley de Capitalización

Inmediatamente luego de asumir, el 12 de septiembre de 1826, Rivadavia presentó al Congreso un proyecto de capitalización de Buenos Aires:^[57] La ciudad y gran parte de la campaña circundante se proclamaba capital del Estado, lo que implicaba dividir a la provincia en dos partes.^[29] Pocos días más tarde emitió un decreto en que ordenaba la demarcación de la capital de la república,^[58] y de la provincia de Buenos Aires.^[59]

El proyecto originó fuertes resistencias. El federalismo porteño, encabezado por Manuel Dorrego y Manuel Moreno, se opuso, en defensa de las instituciones de las provincias garantizadas por la ley fundamental, en especial el puerto y la aduana, principal fuente de recursos de la provincia. También fue resistido por los estancieros, quienes presentaron tres peticiones oponiéndose al proyecto, manifestando que la ley tendría "una gran influencia sobre la suerte de los ciudadanos y habitantes que tenemos nuestras fortunas en el referido territorio".^[29] No obstante, la ley fue sancionada el 4 de marzo de 1826.

Política económica

El Banco de Descuentos de la provincia fue transformado en el Banco Nacional^[60] en 1826. Se dispuso por ley que tendría una duración mínima de diez años, y estaba autorizado a abrir sucursales en las provincias. Su capital, formado por el aporte del Estado y por acciones que se suscribirían en todo el territorio, sería de 10.000.000 de pesos de la época. El presidente del Banco de Descuentos, Juan Pedro Aguirre, presidió la comisión de estudios para la creación del Banco Nacional y posteriormente fue su primer presidente, con lo que se marcaba una continuidad con el antiguo Banco de Descuentos.^[29]

Sus funciones eran: recibir depósitos, tomar dinero a interés, otorgar préstamos y también acuñar monedas y billetes convertibles. Pero no logró reunir el capital correspondiente y el papel moneda que emitió careció de respaldo. Los gastos derivados de la guerra del Brasil llevaron al gobierno a solicitar reiteradas sumas de ese dinero sin respaldo, lo que provocó su ruina. En 1836, vencido el plazo de diez años establecido por la ley, Juan Manuel de Rosas dispuso su disolución.

El esquema de Rivadavia estaba basado en cinco pilares: el comercio totalmente libre (es decir, sin ningún tipo de medidas proteccionistas en contra de las importaciones británicas), autoridad monetaria a través un banco central (el Banco de Descuentos, convertido en Banco Nacional, que también tenía participación mayoritaria de inversionistas británicos), control estatal del puerto de Buenos Aires como la única fuente de ingreso para el país, explotación privada de los recursos naturales (también a través de capitales británicos) y un unitarismo centralizado en Buenos Aires.^[61] Esto lleva a algunos historiadores a decir que el mandato de Rivadavia coincidió con el incremento de la influencia británica en la política nacional. Aunque ese proceso había comenzado antes de su gobierno, las políticas rivadavianas de apertura comercial, búsqueda de crédito externo y promoción de inversiones extranjeras contribuyeron a profundizar esa vinculación. Halperín Donghi señala que la elite porteña veía en Gran Bretaña el principal socio económico y la potencia capaz de aportar capitales y mercados.^[62] David Rock manifiesta: "Gran Bretaña se convirtió en la principal influencia económica externa sobre la Argentina independiente".^[63]No obstante ello, su proyecto minero opuesto al de Baring Brothers y su desautorización a la actuación de Manuel José García durante la Guerra de Brasil, terminaron granjeándole una enemistad con la diplomacia británica. En el momento en que se conoció su renuncia, Lord Ponsomby, quien había intermediado buscando el fin de la guerra, le escribió una carta al Ministro de Relaciones Exteriores George Canning, en la que le decía: "confío en que la prevención contra Inglaterra cesará cuando la influencia y el ejemplo del señor Rivadavia se hayan extinguido completamente".^[29]

La Ley de Enfiteusis

Como garantía del empréstito contratado con Baring Brothers, la Provincia de Buenos Aires afectó al pago de la deuda las rentas públicas y los bienes inmuebles de propiedad provincial. Ello implicó que esos bienes quedaran gravados en garantía de la obligación, aunque esa circunstancia no los convertía jurídicamente en inalienables. No obstante ello, el 15 de febrero de 1826 se dictó la Ley de Consolidación de la Deuda Pública que establecía la prohibición de vender, donar o entregar de cualquier otra forma las tierras fiscales.

Posteriormente, el 18 de mayo, se dictó la "Ley Nacional de Enfiteusis" que en su artículo 1 comienza diciendo:

• Art. 1.º Las tierras de propiedad pública, cuya enajenación por la ley del 15 de febrero es prohibida en todo el territorio del Estado, se darán en enfiteusis durante el término, cuando menos, de 20 años, que empezaran a contarse desde el 1 de enero de 1827.
• Art. 2.º En los primeros diez años, el que los reciba en esta forma pagará al tesoro público la renta o canon correspondiente a un ocho por ciento anual sobre el valor que se considere a dichas tierras, si son de pastoreo, o a un cuatro por ciento si son de pan llevar.
• Art. 3.º El valor de la tierra será graduado en términos equitativos por un jury de cinco propietarios de los más inmediatos, en cuanto pueda ser, al que ha de justipreciarse, o de tres en caso de no haberlos en ese número.
• Art. 4.º El gobierno reglará la forma en que ha de ser nombrado el jury del que habla el artículo anterior, y el juez que ha de presidirlo.
• Art. 5.º Si la evaluación hecha por el jury fuese reclamada, o por parte del enfiteuta, o por la del fisco, resolviera definitivamente un segundo jury, compuesto del mismo modo que el primero.
• Art. 6.º La renta o canon que por el artículo 2.º se establece, empezará a correr desde el día en que al enfiteuta se mande dar posesión del terreno.
• Art. 7.º El canon correspondiente al primer año se satisfacerá por mitad en los dos años siguientes.
• Art. 8.º Los periodos en que ha de entregarse el canon establecido, serán acordados por el Gobierno.
• Art. 9.º Al vencimiento de los diez años que se fijan en el artículo 2.º, la Legislatura Nacional reglará el canon que ha de satisfacer el enfiteuta en los años siguientes sobre el nuevo valor que se graduará entonces a las tierras en la forma que la legislatura acuerde.

Aunque se trató de una ley nacional, sólo se aplicó efectivamente en la Provincia de Buenos Aires y en la provincia de Corrientes, habiéndola reconocido esta última recién en 1830. El espíritu de la ley fue lograr una distribución justa y equitativa de la tierra y evitar que fuese acaparada por grandes propietarios, que disponían de los medios para adquirirlas. Para lograr ese fin, Rivadavia creó, por decreto del 13 de abril de 1824, una comisión para organizar la contratación de inmigrantes europeos. La misma estaba presidida por Juan Pedro Aguirre y contaba entre sus miembros a Juan Manuel de Rosas. La comisión se proponía favorecer la inmigración, otorgándoles tierras a los extranjeros a cambio de un canon, para que pudieran dedicarse a producir, en vez de a adquirir un pedazo de tierra. La ley daba al Estado el dominio de la tierra no escriturada –es decir, la mayor parte del campo porteño– y prohibía todas las donaciones o ventas de la misma hasta tanto no se contase con una ley que regulara esas transferencias. Pero, como la ley no limitaba la superficie de tierra que cada solicitante podía obtener, los ganaderos, comerciantes e inversores extranjeros de la época adquirieron terrenos enormes, que no eran capaces de poblar de ganado sino muy lentamente, y mucho menos de dedicar a la agricultura. El 14, 15 y 16 de febrero de 1828, Aguirre se presentó a la Legislatura para tratar de promover las medidas que favorecieran la instalación de inmigrantes. el principal debate fue por el bajísimo valor del canon aprobado por la Legislatura: Aguirre advirtió que "va a establecerse un monopolio en perjuicio de la clase media, que es la que debemos considerar preferentemente". La tesis contraria fue sostenida por el diputado Manuel Antonio Castro, a quien Aguirre le respondió: "Pues y qué, señores, ¿todo ha de ser beneficio en favor de los criadores y todo ha de ser a favor de esa clase recomendable a la verdad?, ¿y ellos han de ser los que contribuyan menos siendo los único que hacen fortuna en nuestro país? ¡Esto es injusto!!".^[64]

En la votación parlamentaria, no obstante, prevaleció la postura de Castro, manteniéndose los cánones bajos. Así, el sistema no logró alcanzar los objetivos para los que había sido implementado, ya que las tierras fueron acaparadas por grandes productores, creando así enormes latifundios, marcando al mismo tiempo el nacimiento de los grandes terratenientes.^[65][66]Desde 1826 a 1830, tiempo en el cual estuvo vigente la ley, 8.656.000 hectáreas fueron cedidas en enfiteusis a 538 arrendatarios y enfiteutas, quienes en general no pagaban o pagaban cánones muy bajos a la provincia; por tanto, esta ley tendió a favorecer la gran concentración de la propiedad en unas pocas decenas de familias.^[67] Los enfiteutas más beneficiados fueron, entre otros, las familias Anchorena, Álzaga, Alvear, Arana, Arroyo, Azcuénaga, Basualdo, Bernal, Bosch, Bustamante, Cabral, Cascallares, Castro, Díaz Vélez, Dorrego, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Gallardo, Gowland, Guerrico, Irigoyen, Lacarra, Larreta, Lastra, Lezica, Lynch, López, Miguens, Obarrio, Ocampo, Olivera, Ortiz Basualdo, Otamendi, Pacheco, Páez, Quiroga, Quirno, Rozas, Sáenz Valiente y otras más.^[68][29]

La guerra civil en el interior

La reacción de las provincias a la Constitución de 1826 y al gobierno nacional encabezado por Rivadavia, no se hizo esperar. Desde Córdoba, Juan Bautista Bustos lideraba una férrea oposición a la nueva constitución y al régimen presidencial. En La Rioja, Facundo Quiroga parecía estar a favor de Buenos Aires, pero la guerra civil en las provincias de Catamarca y San Juan lo terminaron colocando al frente de las fuerzas federales. El resto de las provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis y Salta rechazaron la constitución pero manifestaron el deseo de seguir la guerra con el Brasil "sin el Congreso ni el presidente".^[69] Las provincias habían sido sacudidas por varias guerras civiles desde el momento mismo en que proclamaron su autonomía. Sin embargo, en su gran mayoría prestaron sus contingentes a la guerra del Brasil.

El gobierno envió al coronel Gregorio Aráoz de Lamadrid con la finalidad de reunir tropas en las provincias del Noroeste argentino para luchar en la guerra del Brasil, pero frente a la debilidad de las autoridades locales, Lamadrid utilizó las fuerzas que había reunido para derrocar al gobernador Javier López y se hizo cargo del gobierno de la provincia de Tucumán. En lugar de desautorizarlo, Rivadavia lo incitó a usar esas tropas para atacar a los caudillos federales vecinos, que se oponían a su política. Lamadrid quedó al frente del Partido Unitario en su provincia, el mismo del derrocado López, e invadió Catamarca, donde repuso al líder unitario Manuel Antonio Gutiérrez en el gobierno. Facundo Quiroga se lanzó con sus milicias sobre Catamarca, donde depuso al gobernador y luego se impuso en Tucumán, San Juan y Santiago del Estero para derrotar definitivamente a Lamadrid en la batalla de Rincón de Valladares, del 6 de julio de 1827. Quiroga se erigió así en el árbitro de las relaciones de poder en el Noroeste. A comienzos de 1827, la gran mayoría de provincias rechazaban la constitución y al presidente.^[70]

Pérdida de la Banda Oriental

Rivadavia recurrió nuevamente a Manuel José García –quien ya había rechazado su ofrecimiento para encargarse de la cartera de Hacienda por sus discrepancias con el gobierno presidencialista unitario– para enviarlo en misión diplomática al Brasil e iniciar las tramitaciones de paz con el Imperio.

Las razones que impulsaron a Rivadavia a cambiar de opinión fueron las mismas que habían disuadido a García a no ir a la guerra antes, y para ello es importante resaltar la gran labor investigativa de Juan Carlos Nicolau, quien afirma:

La situación económica de Brasil era muy superior a las Provincias Unidas, si se tenía en cuenta que contaba con una población de 5 millones de habitantes, contra 700.000 de éstas tomadas en su conjunto, pero que en los hechos, sólo la provincia de Buenos Aires contribuía al esfuerzo bélico. El estado brasileño, independiente, sin deuda nacional, desarrollaba un comercio con el extranjero muy activo y floreciente, en continuo progreso, apoyado en su relación con la Gran Bretaña. En cambio, el Río de la Plata sufría el perjuicio del bloqueo de su puerto, lo que constituía un grave obstáculo para obtener recursos de sus recaudaciones aduaneras y así la posibilidad de adquirir armas y municiones para su ejército.
La ayuda que recibía el Brasil de parte de Gran Bretaña, en su virtual alianza, provocó que hombres como el General William Carr Beresford y el Almirante Thomas Cochrane, con amplio conocimiento del teatro de operaciones del Río de la Plata, contribuyeran a la organización y manejo del ejército y la armada brasileña.^[71]

El 16 de abril de 1827, García recibió las instrucciones para realizar su misión por parte de Rivadavia y su ministro Francisco Fernández de la Cruz, informándole que el gobierno se proponía "acelerar la terminación de la guerra y el restablecimiento de la paz, tal como lo demandan imperiosamente los intereses de la Nación". Esta instrucción refleja la crítica situación interna del gobierno de Rivadavia, desesperado por encontrar la paz para afrontar los otros grandes problemas que azotaban al país, es decir, la enorme crisis económica y la oposición de las provincias del interior. El esfuerzo de la guerra contra el Brasil debió ser afrontado -en cuanto a la provisión de tropa y equipamiento bélico- casi totalmente por Buenos Aires.

Las bases que debía utilizar el ministro plenipotenciario García serían:

... o bien la devolución de la Provincia Oriental, o la erección y reconocimiento de dicho territorio en un Estado separado, libre e independiente, bajo la forma y reglas que sus propios habitantes eligieren y sancionaren; no debiendo en este último caso exigirse por ninguna de las partes beligerantes compensación alguna.^[72]

García llegó en mayo de 1827 a Río de Janeiro y comenzó sus reuniones con el intermediario británico y los ministros plenipotenciarios brasileños.^[73] Apenas iniciadas las gestiones, García se encontró con una gran intransigencia por parte de los ministros brasileros con respecto a no renunciar a la Provincia Cisplatina: el Emperador Pedro I de Brasil, consternado por la victoria rioplatense de Ituzaingó y temiendo por la estabilidad de su imperio en esas circunstancias y de posibles intentos sesesionistas,^[74] había jurado ante el Senado brasileño no tratar la paz ante las Provincias Unidas y continuar la guerra hasta obligarlas a aceptar su soberanía sobre la Provincia Cisplatina;^[75] seguramente Pedro I especulaba también con la debilidad de las Provincias Unidas para prolongar las acciones bélicas.

Viendo la situación, García decidió regresar a Buenos Aires, pero el embajador británico Robert Gordon lo convenció de entrevistarse con el ministro de relaciones exteriores imperial, el Marqués de Queluz. Tras tres reuniones infructuosas, las presiones del gobierno británico por terminar rápidamente con el conflicto para reanudar el comercio, la inflexible postura del gobierno brasileño y el crítico estado político-económico de las Provincias Unidas, llevaron a García a decidir por sí mismo la paz sobre otras bases. Más tarde explicó al embajador Gordon que:

[...] aunque tenía instrucciones de firmar una convención sólo sobre la base de la independencia de la provincia de Montevideo; pero, como él se hallaba convencido de que a este estado de independencia no podía llegarse por cierto tiempo, y que en realidad era de poca importancia para Buenos Aires el destino de la provincia, siempre que se le devolviera la tranquilidad, no hesitó en llegar a términos que, en otro sentido, estaban perfectamente de acuerdo con sus instrucciones.^[76]

De modo que, dejando de lado sus instrucciones, el 24 de mayo de 1827 firmó la Convención Preliminar de Paz de 1827, que disponía, entre otras cosas, que:

La Republica de las Provincias Unidas del Río de la Plata reconoce la independencia e integridad del Imperio del Brasil y renuncia a todos los derechos que podría pretender al territorio de la provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina, la cual el Emperador se compromete a arreglar con sumo esmero, o mejor aun que otras provincias del Imperio. El emperador del Brasil reconoce igualmente la independencia e integridad de la República de la Provincias Unidas del Río de la Plata, y dado que la República de las Provincias Unidas ha empleado corsarios, halla justo y honorable pagar el valor de las presas por haber cometido actos de piratería.^[77]

A pesar de que esta Convención Preliminar de Paz contravenía sus instrucciones, García había logrado que se cambiase la redacción primitiva que incorporaba la Provincia Cisplatina al Imperio y que se omitiera el reconocimiento de cualquier derecho de soberanía por parte del Emperador del Brasil sobre la Provincia Oriental, ya que la Convención solo se refería a la renuncia efectuada por las Provincias Unidas. Tal vez sin notarlo los diplomáticos brasileños, se dejaba la puerta abierta a la independencia uruguaya.^[78] Sin embargo, en su carta a John Ponsonby, embajador británico en el Río de la Plata, informando de la firma de la convención, Gordon emitió ciertas opiniones que permiten inferir que todas las partes eran conscientes de que posiblemente el Emperador se vería obligado a otorgar la independencia de la Provincia Cisplatina tarde o temprano:

Al Brasil se lo deja que luche con la disensión y la revuelta, que seguirán dominando en la Provincia Cisplatina... El Emperador pronto se convencerá del desacierto de no proclamar, franca e inmediatamente, la independencia de la provincia.^[79]

A su regreso a Buenos Aires, el 20 de junio de 1827, García presentó la Convención Preliminar de Paz al Presidente Rivadavia y al Congreso Nacional. El primero que desaprobó enérgicamente la actuación de García fue el propio Rivadavia. Al mismo tiempo, la opinión pública en Buenos Aires reaccionó indignada, se publicaron artículos muy violentos contra el gobierno en los periódicos, y la ciudad se cubrió de panfletos ofensivos contra García, Rivadavia y Ponsonby. De este modo, Rivadavia se presentó ante el Congreso con un virulento discurso exigiendo su rechazo. Según sus palabras, la Convención Preliminar de Paz era un "tratado deshonroso" que no debía ser aprobado.

El ministro Agüero dirigió a García una misiva en la que manifestaba:

En consecuencia, el gobierno hace a Ud. responsable de todos los males y consecuencias que de ello resultan a la nación, especialmente en el grande y noble empeño en que se halla para salvar su honra.^[80]

La respuesta de García fue de rechazo a los cargos imputados por Rivadavia y Agüero, argumentando en su defensa que la firma de la mentada Convención podía comprometer su honra personal, pero no obligaba al país hasta tanto no fuera ratificada. En este sentido, relata:

Para finalizar, el comisionado emite un juicio lapidario respecto a la actitud del gobierno de Rivadavia, al afirmar con razón que al negociar la cesación de las hostilidades arriesgaba su reputación personal, pero no causaba obligación alguna al Gobierno hasta tanto el tratado de paz o la convención preliminar, después de ser examinada detenidamente, fuera ratificada. En su opinión, una convención preliminar aún después de ratificada solemnemente, es un tratado provisorio, pues su objeto principal es hacer cesar las hostilidades, fijando bases para un tratado definitivo. En la última frase de su exposición espera que aquietadas las pasiones en el futuro se juzgará su comportamiento, mientras se interroga acerca de quien merece mayor indulgencia, si el ciudadano que en tan gran conflicto sacrifica su reputación y acaso la existencia a su patria, o aquel que quiere a todo trance hacer de ésta el instrumento de su fama.^[81]

El 25 de junio de 1827, tanto el presidente Rivadavia como el Congreso Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata rechazaron la Convención Preliminar de Paz.

Aun así, Rivadavia no logró salvar su gobierno: a pesar de su oposición a la Convención Preliminar de Paz la opinión pública no le perdonaba su actuación^[82] y simultáneamente la prensa cuestionaba su participación en la fundación de la River Plate Mining Association, a pesar de que la misma nunca había logrado iniciar sus actividades en Famatina. Ante esta situación, el 26 de junio, Rivadavia presentó su renuncia irrevocable a la presidencia,^[83]entregando el mando a Vicente López y Planes, presidente provisorio elegido por el Congreso por una ley de emergencia. Pero el Congreso se disolvió y con él cesaron nuevamente las autoridades nacionales y la constitución. La provincia de Buenos Aires recuperó su autonomía, eligiendo gobernador al federal Manuel Dorrego, en comicios en que solamente se presentó la lista federal.

El conflicto con Brasil continuó hasta que, durante el gobierno de Manuel Dorrego y con la presión de Inglaterra, se llegó a una Convención Preliminar de Paz, que dispuso la independencia de la República Oriental del Uruguay y el cese de las hostilidades, lo que tampoco fue bien visto por los militares que combatieron en la guerra y por gran parte de la población.

Las consecuencias de la fracasada Convención Preliminar de Paz firmada por García siguen siendo objeto de controversia: ciertos autores creen que el antecedente de un acuerdo de estas características, aun después de rechazado por el Congreso y el Ejecutivo, condicionó fuertemente el accionar del siguiente gobernador, Manuel Dorrego, para la firma de la Convención Preliminar de Paz de 1828, por la que se disponía la independencia de la "Provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina".^[84] Otros autores, en cambio, afirman que mal puede atribuírsele responsabilidad alguna a García con los términos del tratado final firmado por Juan Ramón Balcarce y Tomás Guido, cuando – al no haber sido ratificada por el Congreso – la Convención Preliminar no vinculó en forma alguna al Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.^[71]

Gabinete

Cabe aclarar que los ministros fueron nombrados con la misma ley de presidencia que designó a Rivadavia. Los mismos se mantuvieron en ejercicio de sus ministerios hasta la renuncia de Vicente López y Planes.