Caso Azul Rojas

A las 00:25 (hora local) del 25 de febrero de 2008, Azul Rojas Marín, quien regresaba a su domicilio, fue abordada por efectivos de la Policía Nacional del Perú que patrullaban la zona. Tras un intercambio de palabras, los agentes se retiraron, pero a los pocos minutos volvieron, tomaron sus datos, la golpearon, insultaron y la subieron al vehículo policial.^[1]

Al llegar a la Comisaría de Casa Grande, en la región La Libertad, Rojas fue desnudada, golpeada, torturada y violentada sexualmente. Los agentes de policía la retuvieron hasta las seis de la mañana y no registraron la detención.^[1]

Dos días después, el 27 de febrero, Azul Rojas denunció los hechos y pasado un mes, la Fiscalía abrió una investigación contra los efectivos de dicha estación policial por el delito contra la libertad sexual en agravio de la denunciante. El 2 de abril, fueron imputados tres agentes por los delitos de violación sexual y abuso de autoridad. A pesar de ser solicitada la inclusión del delito de tortura, la Fiscalía rechazó el pedido.^[1]

En enero de 2009, la justicia peruana ordenó el archivo de la causa. La Fiscalía solicitó la reapertura de la investigación, pero diez años después, en 2019, se solicitó la “nulidad de las actuaciones en el proceso seguido”. En agosto de ese año, juez declaró improcedente el pedido de nulidad, pero la Fiscalía apeló esta decisión y fue declarado como inadmisible, por lo que la denuncia agotó la vía penal y el caso fue cerrado.^[1]

Tras ver negado su acceso a la justicia, Azul Rojas fue apoyada por organizaciones defensoras de los Derechos LGBT que llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que admitió la demanda en 2018, al encontrar indicios suficientes para considerar un especial ensañamiento contra una persona LGBT+.^[1][2] La Corte IDH condenó el 12 de marzo de 2020 a la República del Perú por vulnerar los derechos fundamentales de Azul Rojas Marín y ordenó al Estado peruano a una reparación y tratamiento médico y psicológico para Azul Rojas, a seguir con las investigaciones correspondientes para identificar y a sancionar a los responsables. Asimismo, en la sentencia señaló la necesidad de desarrollar una campaña para capacitar y sensibilizar a los peruanos sobre la violencia que se ejerce en contra de la comunidad LGBT.^[1]

El fallo de la Corte IDH se consideró histórico al considerar un caso de tortura por discriminación basada en género.^[1]

Ceremonia de reconocimiento

El 3 de noviembre de 2022, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se dio cumplimiento con una parte de la sentencia de la Corte IDH. Ese día se realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado peruano en favor de Azul Rojas Marín. La ceremonia contó con la presencia del ministro de Justicia Félix Chero Medina, la ministra de la Mujer Claudia Dávila Moscoso, la Fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas, altos funcionarios del Poder Judicial y representantes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.^[2]

Durante el acto, Azul Rojas encendió una vela en el retrato de su madre, Juana Rosa Tanta Marín, quien fue incluida en la sentencia y que falleció en 2017. A pesar de que el Estado peruano realizó el perdón correspondiente, a esa fecha no había realizado la reparación pecuniaria, ni la atención médica integral que la sentencia ordenaba.^[2]

El 6 de agosto de 2026, Rojas Marín fue condenada a ocho años de prisión efectiva por el delito de organización criminal. La orden de captura e ingreso en prisión se ejecutó después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declarara inadmisible el recurso de casación interpuesto por su defensa, agotando así los recursos en la vía penal ordinaria. Esta resolución ratificó los fallos previos emitidos por un juzgado penal colegiado de Trujillo en abril de 2023 y confirmados por la sala penal de apelaciones de La Libertad en julio de 2024, cuya ejecución penal se encontraba suspendida temporalmente debido a consideraciones sobre su estado de salud. ^[3][4]

La justicia determinó que Rojas Marín fue responsable de integrar la red delictiva autodenominada «Las causas siempre activos», que operaba en diversas localidades del departamento de La Libertad. Según los expedientes judiciales ratificados, el papel de Rojas Marín consistía en proporcionar alojamiento a miembros de la banda y custodiar elementos como teléfonos móviles y manuscritos extorsivos que fueron hallados en su vivienda durante un registro en 2019.^[5] Aunque la defensa técnica argumentó que una pericia grafotécnica la eximía de la autoría directa de los mensajes extorsivos, los tribunales desestimaron el alegato, señalando que el delito de organización criminal es autónomo y sanciona la mera pertenencia acreditada a la estructura. Tras el fallo de la Corte Suprema, la defensa de la activista está evaluando la posibilidad de interponer un recurso de habeas corpus en la vía constitucional. ^[3]

Los grupos activistas solicitaron que Rojas Marín fuera recluida en una prisión de mujeres e instaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a que aplicara los protocolos necesarios, ya que, en sus palabras, «enfrenta un riesgo vital».^[6]