Caso Chumbivilcas
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18 personas (según registros iniciales)
12 víctimas directas de ejecución y tortura documentadas en Caso 2.42 de la CVR| Caso Chumbivilcas | ||
|---|---|---|
| Lugar | Provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco (Comunidades de Huacullo, Ccasahui, Tirani y Fuchungo) | |
| Blanco | Población civil de comunidades campesinas | |
| Fecha | Entre el 19 y 30 de abril de 1990 | |
| Muertos |
18 personas (según registros iniciales) 12 víctimas directas de ejecución y tortura documentadas en Caso 2.42 de la CVR | |
| Heridos |
Múltiples víctimas de tortura (CVR) 3 mujeres víctimas de violencia sexual sistemática (CVR) | |
| Perpetrador | Patrulla del Ejército del Perú (Base Militar de Antabamba, Apurímac) (CVR y CIDH) | |
El caso Chumbivilcas designa un conjunto de violaciones a los derechos humanos cometidas en abril de 1990 por miembros del Ejército del Perú, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.[1]
Este caso estableció un precedente jurídico relevante en el Perú en materia de derechos humanos, luego de que la Corte Suprema de Justicia del Perú —mediante el Recurso de Nulidad N.º 2184-2017/NACIONAL— determinara criterios de coautoría en delitos de violencia sexual en contextos de conflicto armado y reafirmara la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.[2][3]
El caso fue clasificado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como el Caso 2.42 – Desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Chumbivilcas (1990);[4] constituye uno de los episodios más violentos durante el conflicto armado interno en el Perú.[5][2]
Durante las décadas de 1970 y 1980, la provincia de Chumbivilcas enfrentaba un proceso de debilitamiento institucional caracterizado por escasa presencia estatal, limitada capacidad de control territorial y ausencia de mecanismos formales para la solución de conflictos. Estas condiciones favorecieron dinámicas de violencia local, especialmente relacionadas con el abigeato y disputas por tierras.[4]
A fines de los años 1980, la zona quedó expuesta tanto a incursiones del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL),[2] como a operativos represivos estatales. Antes de los sucesos de 1990 existían antecedentes documentados de violencia grave en la provincia:
- Enero de 1987: Masacre de campesinos en un operativo de la Guardia Civil, con uso de armas blancas y entierros clandestinos.
- Marzo de 1988: Ejecución extrajudicial de tres docentes y un estudiante por fuerzas del orden.
- Febrero de 1989: Ataques de Sendero Luminoso en los distritos de Quiñota y Llusco, que dejaron siete muertos.
Estos episodios configuraron un escenario de alta vulnerabilidad, desprotección ciudadana y desconfianza hacia las instituciones estatales.[4]
Hechos
Operativo militar
Entre el 20 y 30 de abril de 1990, una patrulla militar del Ejército procedente de la Base Contrasubversiva de Antabamba (Apurímac) ingresó a las comunidades de Huacullo, Ccasahui, Tirani y Fuchungo, en el distrito de Santo Tomás de la provincia de Chumbivilcas (Cusco). Se realizaron detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales, además de varias desapariciones forzadas.[1]
La operación estuvo al mando del Teniente de Infantería Alan Olivari Medina, conocido como “Teniente Negro” o “Negrón”, bajo la supervisión del Capitán Jaime Manuel Pando Navarrete.[6][7][8]
Detenciones y torturas
Entre el 20 y 21 de abril, la patrulla detuvo a comuneros, comerciantes y pobladores en tránsito, concentrándolos en la escuela de la zona, que fue utilizada como centro de interrogatorio. Diversos testimonios documentan torturas físicas y psicológicas. [1]
El 21 de abril, Víctor Huachaca Gómez murió como consecuencia de las torturas sufridas durante el interrogatorio, configurándose el delito de tortura seguida de muerte.[9]
Ejecuciones extrajudiciales
El 26 de abril de 1990 se produjeron ejecuciones sumarias:[4][5][10]
- En Ccasahui, un detenido fue ejecutado dentro de su vivienda.[11]
- En el Cerro Capullullo, diez detenidos fueron trasladados y ejecutados extrajudicialmente. Informes forenses y testimoniales indican el uso de armas blancas, un modus operandi asociado a la intención de simular una acción senderista o aumentar el sufrimiento infligido.
Desaparición forzada
El 29 de abril, en el abra de Chancohuaña, fue detenido Grimaldo Huisa Alcahuamán, quien trasladaba carga de lana. Fue acusado de terrorismo, golpeado, desnudado y posteriormente desaparecido. Su paradero continúa desconocido.[3]
