Caso IBM-Banco Nación

El proyecto de informatizar el Banco Nación comenzó a discutirse durante la presidencia de Raúl Alfonsín con dos posibles acciones a seguir:

1. Informatizar escalonadamente: las sucursales se conectarían a un sistema central de tipo transitorio y, una vez obtenido el software y el hardware correspondientes, se comenzaría a pensar cómo integrar todo el sistema.
2. Informatización en conjunto e integrada: conectar la totalidad de las sucursales a un software central que sería el nexo de las funciones principales.^[6]

El subgerente del banco, Juan Carlos Propatto, apoyaba la primera acción a seguir en conjunto con el entonces gerente departamental. Al contrario, Aldo Dadone apoyaba una informatización conjunta. Según la opinión de un investigador del affaire IBM-Banco Nación:

«De haberse seguido la hipótesis de trabajo defendida por Propatto, hubiera sido imposible firmar un solo contrato con una única empresa, como después ocurrió con IBM. Se hubieran tenido que diversificar las contrataciones y la famosa coima no hubiera sido posible».^[6]

Jesús Rodríguez en «Fuera de la ley».

Luego de que Propatto presentara un informe en junio de 1993 -que no sería tomado en cuenta- en el que mencionaba que era conveniente que el banco y no una empresa, tuviera el control del sistema, buena parte de los gerentes de la entidad bancaria fueron desplazados de sus cargos por orden de Dadone. Propatto se negó a renunciar y fue trasladado a la sucursal de Banco Nación en Madrid.^[6]

Por otra parte, IBM Corporation atravesaba una crisis mundial, que obligaba a la obtención de rentabilidad. Para IBM, informatizar el Banco Nación significaba un ingreso de 200 millones de dólares, equivalente a la mitad de su facturación anual. Mientras IBM preparaba la oferta para la licitación, se preparaba también para actuar como agente integrador que proporcionaría el software, la estructura y su instalación, también debería solventar los primeros gastos de toda la estructura hasta que el pago estuviese acreditado. Para ello se subcontrataron empresas que asumieran riesgos solidarios y se solicitó soporte a la casa matriz.^[7]

La renovación del banco sería denominada "Plan Centenario" y fue denunciada por el periodista Santiago Pinetta en su libro «La Nación robada».^[8]

En la causa IBM y Banco Nación (509/05) llegó a haber un total de 30 procesados por el hecho, repartiéndose entre diferentes empresas, no sólo de las implicadas.^[9] La investigación se basó en la licitación n.º 60/93 denominada "Proyecto Centenario" de los años 1993 y 1994 sobre la informatización del Banco Nación con el sistema Hogan.^[10]

Si bien el costo por un software estipulado entre la empresa IBM con el Banco Nación en 1994 fue de alrededor de 37 millones de dólares, de los cuales se llegó a pagar 21 millones, para las 525 sucursales bancarias tendría un costo por cada una de éstas sucursales de 70.476 dólares la cifra resultaba llamativa. Se comparó con lo que pagó el entonces Banco Río a la empresa Consad, entre los años 1985 y 1987, 395.376 dólares para 300 sucursales, dando un costo de 1.318 dólares por cada filial, en total era 53 veces menos por cada filial. Otro dato fue el celebrado entre IBM -mediante la empresa Consad- y el Banco Credicoop en 1989 para 520 sucursales, estipulado en 525 mil dólares, incluyendo la licencia inicial de 75 mil dólares, resultado un precio por filial de 1.144 dólares, siendo 62 veces menor el total.^[11]

En abril de 1996 se trabó un embargo por un millón de dólares a cada uno de los que consideraba coautores del delito por el caso, entre ellos los ejecutivos de IBM Martorana y Soriani; Héctor March; el socio de Deloitte (consultora que asesoró en la compra a Banco Nación) Roberto Oneto; de IBM, Gustavo Soriani, Director de Ventas y Ricardo Martorana Presidente; de la consultora CONSAD: Marcelo Cattáneo y Julia Oshiro como directivos de Consad, entre otros.^[12]

En 2002 La Cámara de apelaciones resuelve “Habiéndose demostrado que los imputados cuya situación ha sido tratada en la presente no han participado del delito investigado, encontrándose agotada la instrucción, el Tribunal RESUELVE: confirmar el auto recurrido en cuanto decreta los sobreseimientos de José Augusto Salamanca, Gabriel Luis Murman, Héctor Neira, Eduardo Pedro Garese, Carlos Fabián Descalzo, Mónica Irene Lacoste, Ana María Noguiera, Anastasia Stenkowski y Haroldo Omar Bearsi, dejando a salvo el buen nombre y honor del que gozaran.^[13]

«Para entender como fue la negociación irregular entre IBM y el Banco Nación es necesario leer el fallo como una novela. Hay que reconstruir la trama de los hechos a partir de los procesamientos a Aldo Dadone, Alfredo Aldaco y Héctor March (directivos del Banco Nación). También, hay que entender cómo operó Gustavo Soriani (de IBM) para la contratación de un sistema "muleto" inexistente».^[14]

Explicación de un camarista de la Sala I de la Cámara Federal sobre el fallo, 1996.

Además, los camaristas consideraron que Dadone, Aldaco y March formaron una especie de triunvirato para negociar con IBM y evitando el control por parte de los demás miembros del directorio.^[14]

El 10 de julio de 1996, mientras el juez Bagnasco intentaba abrir paso a la investigación en New York para que se presente el caso en los tribunales estadounidenses, el nuevo presidente de IBM, Gueicaramburu, era recibido por el presidente Carlos Menem y Domingo Cavallo mostrándole la posibilidad que la empresa se fuera del país por "acoso legal".^[15]

En febrero de 1998 se confirmaron cinco cuentas bancarias radicadas en Suiza^[7] donde se depositaron más de 8 millones de dólares, cuatro de las cuales pertenecían a los exdirectores del Banco Nación, Alfredo Aldaco y Gerardo Contarese, y al expresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Jorge Antonio Aladio. Aldaco era un diplomático que trabajó con Juan Schiaretti en el período 1989-1990 y fue subsecretario de Domingo Cavallo, se dice que era amigo de Alberto Kohan, en 1991 comenzó a dirigir el Banco Nación; Contartese también estuvo vinculado al exministro y llegó a tener una relación personal con el presidente Carlos Menem. El dinero era enviado a Suiza mediante diversas sociedades radicadas en Uruguay, entre los 8 millones casi 4 millones 400 se transfirieron desde Suiza a Luxemburgo, de las cuales se desconocían sus beneficiarios.^[16] En marzo se diría que los más de 4 millones de dólares restantes depositados en el Banco Rotschild pertenecerían a los hermanos Dadone, ellos son Aldo Dadone, expresidente del Banco Nación y allegado a Cavallo^[17] y Mario, que también fue director del banco.^[18] Pero unos días más tarde la versión cambiaría a que el dueño de esa cuenta era Guillermo Juan Hunt, el cónsul argentino en San Pablo; Hunt ratificaría que la cuenta es suya en una entrevista y que figura a nombre de la firma Vesley, pero que no tenía nada que ver con el Proyecto Centenario o con las empresas vinculadas.^[19]

«Yo sólo conozco las PC que he ido utilizando desde 1983. En cuanto al software, sólo conozco las que se utilizan en las computadoras personales. No sé distinguir las características diferenciales de las grandes computadoras de distintas marcas, ni prestaciones particulares».^[6]

Aldo Dadone ante la Cámara de Diputados, 1998.

En la Cámara de Diputados también declararía Alfredo Aldaco en 1998, aquí diría que Aldo Dadone «recibía instrucciones del ministro (Cavallo), y no hacía nada sin consultarlo», que la empresa Delloite fue la que recomendó a IBM, y que el hermano del exministro, Jorge Cavallo, «se presentó como proveedor de software de IBM cuando nunca había vendido software».^[20]

En medio de las especulaciones por la posible devolución o no del dinero de las cuentas bancarias en Suiza, Michael Graber, el juez ginebrino que levantó el secreto bancario a pedido de la justicia argentina, declaró que mientras la justicia argentina comprobase la comisión de un ilícito con sentencia definitiva o por acuerdo entre las partes, el dinero podría retonar a la Argentina. Y afirma que Hunt quedó vinculado a las cuentas bancarias por un error.^[21]

Luego de una conversación entre el juez ginebrino Graber y el juez Adolfo Bagnasco se reconoció que el monto depositado en las cuentas suizas no era de 3 millones de dólares, sino de 6 millones. Eso representaba que el monto de las cuentas era mayor a lo que se habría trabado embargo en un principio y que, de haber accedido Bagnasco al pedido de los abogados de las sociedades uruguayas de devolver el dinero a la Argentina, los 2.4 millones que se desconocían hubieran quedado liberados y podrían haberse sacado de las cuentas suizas.^[22]

El 21 de diciembre de 2004, la causa era elevada a juicio oral por el entonces juez federal Guillermo Montenegro.^[23]

En junio de 2007, la Corte Suprema de Justicia ratificó la no prescripción de la causa IBM-Banco Nación pedidas por las defensas de Juan Carlos Cattaneo, Alejandro De Lellis, Gustavo Soriani y Mario Dadone. Los miembros de la Corte ratificaron que la causa debía llevarse a juicio oral al Tribunal Oral n.º 3 en 2008, pese a que el expediente llevaba trece años abierto.^[23]

El 11 de noviembre de 2009, la fiscal Sabrina Namer negoció con ocho de los quince acusados su culpabilidad en el caso, por lo que se cerró definitivamente la posibilidad de un juicio oral y público. Además la fiscal pidió que Ricardo Martorana, expresidente de IBM, fuese absuelto por falta de pruebas que «acrediten con certeza su supuesto conocimiento y participación».^[24]

Al finalizar el juicio se detectaron un total 5.380.656 dólares en cuentas suizas pertenecientes a los tres exdirectores del Banco Nación Alfredo Aldaco, Genaro Contartese, Mario Dadone y Hugo Gaggero. Suiza devolvió 4.5 millones de dólares, que sumando el interés se transformaron en 17.1 millones de pesos, en tanto que Dadone y Gaggero se comprometieron a restituir al Estado argentino unos 1.114.000 de pesos a modo voluntario en el juicio abreviado. En total se recuperaron unos 18.286.682,7 pesos y se estipuló que la sobrefacturación oscilaba entre los 75.032.611 y 120.699.682 pesos.^[10][25] Tres jueces federales fueron los que atendieron la causa: Adolfo Bagnasco, Jorge Urso y Guillermo Montenegro en casi 16 años de trámites.^[26][27]

Al resolver nuevos recursos se declaró otra vez la prescripción de los delitos involucrados, reolución que dejó sin efecto la Cámara Federal de Casación Penal en una nueva sentencia. En su voto el juez Gustavo Hornos afirmó que "quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado atenta contra el sistema democrático" cuando se producen mediante maniobras delictivas que por su complejidad, su daño o extensión puedan socavar las instituciones o los valores de la democracia por lo que conforme a artículo 36 de la Constitución Nacional resultan imprescriptibles.^[28]