Caso Neymar
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El caso Neymar fue un proceso judicial iniciado por la Audiencia Nacional de España, y posteriormente juzgado por la Audiencia Provincial de Barcelona, por los presuntos delitos cometidos en el traspaso, efectivo en 2013, del jugador brasileño Neymar del Santos FC al Fútbol Club Barcelona. La acusación fue ejercida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la empresa brasileña DIS (de los hermanos Delcir e Idi Sonda), propietaria en su día del 40% de los derechos federativos del jugador, y la asociación de deportivas brasileños FAAP.
Previamente a la resolución de este proceso, el Barcelona ya admitió su culpabilidad en dos delitos fiscales, de 2011 y 2013, cometidos durante el fichaje del jugador.[1] Como consecuencia, el club pagó una multa superior a los 5,5 millones de euros a la Hacienda Pública española. Más allá de sus consecuencias judiciales, el caso Neymar provocó, previamente, la dimisión de Sandro Rosell como presidente del Barcelona.[2]
En mayo de 2017, el magistrado José de la Mata Amaya decretó la apertura de juicio oral y estableció una fianza de tres millones de euros.[3] Posteriormente, tras un recurso de la defensa del jugador, en 2019 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal del Audiencia Nacional trasladó el caso a la Audiencia Provincial de Barcelona, al considerarla el órgano competente para juzgar el caso.[4] A pesar de que las partes acusadoras recurrieron este extremo, el Tribunal Supremo falló a favor de la defensa y consideró que debía ser la Audiencia Provincial quien juzgara el caso.[5]
A finales de 2022, la Audiencia de Barcelona absolvió al jugador y el resto de acusados.[6]
- Sandro Rosell, entonces presidente del Barcelona.
- Josep Maria Bartomeu, entonces vicepresidente del Barcelona.
- Neymar da Silva Santos (padre del jugador).
- Nadine Gonçalves (madre del jugador).
- Neymar.
- Odílio Rodrigues.
- Fútbol Club Barcelona.
- Santos FC.
- N&N Consultoría Esportiva e Empresarial (empresa familiar de los Neymar).
Acusación
- Fiscalía de la Audiencia Nacional
- DIS
- FAAP
Se basan en los artículos 251 y 286 del Código Penal para acusar de los delitos de corrupción entre particulares y estafa. DIS y FAAP (que actúan conjuntamente) acusa de estos delitos a los nueve procesados, mientras que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ejerce ninguna acusación contra Josep Maria Bartomeu.
