Causa por presuntas coimas en la ANDIS
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| Presuntas coimas en la ANDIS | ||
|---|---|---|
| Fecha | 21 de agosto de 2025 – presente | |
| Sentencia | En curso | |
| Jueces | Sebastián Casanello | |
La Causa por presuntas coimas en la ANDIS[n 1] es una investigación judicial en Argentina iniciada en agosto de 2025 tras la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En los audios se mencionaban supuestos sobornos vinculados con la compra de medicamentos. El caso generó repercusión política y mediática debido a la cercanía de Spagnuolo con el presidente Javier Milei, y la investigación quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11, a cargo del juez Sebastián Casanello.
Diego Orlando Spagnuolo, abogado de profesión, fue designado por el presidente Javier Milei como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante el Decreto 96/2023, publicado el 28 de diciembre de 2023.[7] El organismo, que depende del Ministerio de Salud según lo establecido en el Decreto 8/2023,[8] tiene a su cargo la implementación de políticas públicas vinculadas a las personas con discapacidad.[5]
Spagnuolo se sumó a La Libertad Avanza desde sus inicios: en 2021 fue 13.º candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista encabezada por Milei, y más tarde se desempeñó como su abogado en distintas causas.[9] Mantuvo vínculos estrechos con la Presidencia, llegando a registrar 38 ingresos a la Quinta de Olivos entre 2024 y 2025.[9]
Difusión de los audios
El 20 de agosto de 2025, el canal de streaming Carnaval difundió grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las que se describía un presunto esquema de retornos y sobornos en torno a la compra de medicamentos.[9][4][10][11] La organización Chequeado encargó un análisis técnico a la consultora especializada BlackVOX, que mediante el software Forensia comparó las grabaciones con registros públicos en YouTube de Spagnuolo y concluyó que existía una «fuerte evidencia» de correspondencia entre ambas voces.[9][12]
Trámite judicial
El 21 de agosto de 2025, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal tras la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.[13] La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, a cargo del juez federal Sebastián Casanello,[14] con intervención del fiscal Franco Picardi.[15] En ese marco se dispusieron allanamientos y el secuestro de teléfonos y otros dispositivos electrónicos.[16] La investigación continuó bajo secreto de sumario hasta el 18 de septiembre, cuando se levantó la medida.[3]
El 1 de septiembre, el juez en lo Civil y Comercial Federal Patricio Maraniello dictó una medida cautelar que ordenó «el cese inmediato de la difusión» de los audios en los que se mencionaba a Karina Milei, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.[17] La resolución consideró que la divulgación implicaba «una violación grave a la privacidad institucional».[18] El 18 de septiembre, al levantarse el secreto de sumario, las partes pudieron acceder al expediente. En esa etapa, un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) señaló que Spagnuolo había borrado mensajes de su teléfono celular e intentado acceder a su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo antes de la entrega del aparato a la Justicia.[19] En el marco del expediente, la fiscalía incorporó la declaración testimonial del empresario Luis Cella, quien reconoció gestiones para que Prevent S.A. fuera incluida como proveedora del programa Incluir Salud y describió un presunto esquema de acuerdos entre droguerías para fijar precios y repartirse pacientes.[20] El testimonio fue acompañado por correos electrónicos intercambiados con Diego Spagnuolo, que según el dictamen reflejarían tensiones por la exclusión de la empresa y posibles coordinaciones entre proveedores del sector.[21]
El 18 de noviembre, la funcionaria Ornella Calvete —entonces directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía y representante del Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial— presentó su renuncia luego de que su nombre apareciera mencionado en la causa.[22] La medida se produjo tras un allanamiento en su domicilio en el que se secuestraron USD 700 000, cuyo origen no pudo ser justificado en ese momento.[23] En paralelo, su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un intermediario informal con vínculos directos con Spagnuolo y distintas droguerías, fue citado a declaración indagatoria pero se negó a declarar ante Casanello y el fiscal Picardi.[24] El dictamen lo ubica como una de las figuras centrales del presunto entramado, con influencia en decisiones del organismo y contacto directo con proveedores del sector.[25]
En esta etapa, el fiscal Picardi también detalló diversos indicios que comprometerían a Spagnuolo, entre ellos presuntos movimientos de dinero vinculados a Calvete, un incremento patrimonial no justificado, la existencia de divisas no declaradas y la entrega a la Justicia de un teléfono con información eliminada. Durante el allanamiento en su domicilio se encontró además una máquina de contar billetes, considerada relevante para la investigación.[26] El 19 de noviembre, Diego Spagnuolo fue citado a declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py.[27] El exdirector de la ANDIS se presentó ante el juez Casanello y el fiscal Picardi, pero se negó a declarar y no respondió preguntas, aunque negó informalmente los hechos que se le imputan.[28] Su abogado, Mauricio D'Alessandro, sostuvo públicamente que los audios atribuidos a Spagnuolo habrían sido «manipulados con inteligencia artificial» y que la defensa presentó un peritaje que así lo indicaría, postura que será analizada en instancias judiciales.[29] Según el dictamen fiscal, Spagnuolo habría cumplido un rol «clave» en el presunto esquema de direccionamiento de compras, pagos indebidos y maniobras económicas dentro del organismo, y mantenía una relación operativa con Miguel Ángel Calvete y otros imputados.[30]
Reacciones políticas
Oficialismo
El presidente Javier Milei calificó las acusaciones como «burdas difamaciones» y señaló que se trataba de un intento de frenar el proceso de reformas de su gobierno.[14] Durante una caravana realizada el 27 de agosto de 2025 en la ciudad de Lomas de Zamora, afirmó: «Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió».[31] En una conferencia de prensa brindada el 28 de agosto, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno había iniciado una auditoría interna en la ANDIS, designado un interventor y desplazado al exfuncionario investigado,[32] además de advertir que la difusión de los audios se producía «en un contexto electoral».[33]
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculó la difusión de los audios con «una operación de inteligencia extranjera», en la que mencionó a Rusia y Venezuela como posibles actores.[34] Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Gestión Institucional, rechazó las versiones, mientras que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, las calificó como «una operación política».[35] El 16 de septiembre, en una nueva conferencia en Casa Rosada, Adorni volvió a referirse al caso, ratificando la confianza del presidente en Karina Milei, Eduardo «Lule» Menem y Martín Menem, y afirmó que «los funcionarios […] están confirmados y ratificados por el Presidente».[36] Además, sostuvo que «el contenido de los audios es falso» y que corresponde a la Justicia determinar su origen y validez, reiterando que el gobierno «no tolera ningún acto de corrupción».[36]
Oposición parlamentaria
En paralelo al desarrollo judicial, distintos bloques en la Cámara de Diputados de la Nación impulsaron la creación de una comisión investigadora sobre la Agencia Nacional de Discapacidad. El 21 de agosto de 2025, Juan Marino (Unión por la Patria) presentó la primera iniciativa en ese sentido.[37] Ese mismo día, Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal) promovió otra propuesta, acompañada por legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Republicano Federal y la Coalición Cívica.[38] El 9 de septiembre, Christian Castillo (Frente de Izquierda Unidad) registró el expediente 4963-D-2025 con el mismo objetivo.[39] En la Cámara de Senadores, Mariano Recalde (Frente Nacional y Popular)[40] impulsó un pedido a la Comisión Revisora de Cuentas para que la Auditoría General de la Nación investigara los contratos de la ANDIS, acompañado por Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pablo Blanco.[41]
Opinión pública y medios
La medida cautelar dictada por el juez Patricio Maraniello para ordenar «el cese de la difusión» de los audios en los que se mencionaba a Karina Milei fue cuestionada por organizaciones periodísticas y sindicales —entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)—, que la calificaron como un caso de «censura previa».[42] Diversos dirigentes de la oposición y constitucionalistas también rechazaron la resolución en el mismo sentido, señalando que implicaba «una restricción a la libertad de expresión».[43]
