En 2012 se creó la plataforma llamada Campaña por el Cierre de los CIE de Barcelona, a raíz de la muerte de Idrissa Diallo, estando bajo custodia.[2] Tras el suceso, sumado a nuevas denuncias por malos tratos, el Ministerio del Interior permitió la entrada a la prensa en las instalaciones.[3]
Varias entidades sociales han reclamado reiteradamente el cierre del CIE al considerar que violan los derechos humanos. En enero del 2016 un millar de personas reclamaron su cierre simulando un juicio popular en la entrada. Había representantes de Barcelona en Comú, la CUP, ERC, el Colegio de Abogados de Cataluña, el Centro Catalán de Atención al Refugiado, el Sindicato de Manteros, Òmnium Cultural y Sos Racisme.[4]
En octubre de 2016, 69 de los 165 internos iniciaron una huelga de hambre para pedir su liberación.[5] En marzo de 2017 hubo dos casos de tuberculosis, en uno de los 179 internos y uno de los 29 trabajadores.[6]
El Ayuntamiento de Barcelona abrió un expediente el 28 de abril de 2016 por falta de adecuación de la licencia de actividad, con motivo de la falta de seguridad contra incendios del edificio. El 4 de julio de 2016 dictó el cese de la actividad después de la ausencia de respuesta del gobierno estatal, que se personó en el trámite administrativo pero ni presentó recurso ni se personó ante el juez. El Ministerio del Interior cerró la instalación los meses de abril y mayo de 2016 para realizar unas mejoras, pero después de las obras, según un informe de los bomberos, la falta de seguridad persistía. A finales de marzo de 2017 el Ayuntamiento de Barcelona amenazó con llevar a la Audiencia Nacional el Ministerio del Interior si en un período de dos meses no cerraba el CIE. Según el consistorio, la voluntad de cerrar el centro era compartida con el Parlamento de Cataluña y la Generalidad de Cataluña.[7]
En marzo de 2020, con motivo de la pandemia por COVID-19, los internos iniciaron una huelga de hambre en protesta por la prohibición de recibir visitas de familiares y oenegés, la falta de medidas sanitarias ante la crisis del coronavirus, y exigiendo su liberación dado que el cierre de fronteras impedía efectuar ninguna deportación.[8] Según fuentes de la asociación de derechos humanos Irídia, a lo largo de la tarde del jueves 19 de marzo, la Policía Nacional dejó marchar del CIE a todos los internos que quedaban confinados y cerró provisionalmente las instalaciones.[9]
El centro estuvo cerrado seis meses, de marzo a septiembre de 2020.[10] En junio de 2021 un manifiesto firmado por 160 entidades y una manifestación a las puertas del centro denunciaron "opacidad y arbitrariedad" porque desde la reapertura no se permitían las visitas al centro.[11]
