Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es una persona jurídica de derecho público, creada por Ley Nacional 23.187 en el año 1985, que tiene por objeto controlar el ejercicio de la profesión de abogado y llevar la matrícula de los profesionales del derecho en el ámbito geográfico de la Capital Federal de la República Argentina, en la que deben inscribirse obligatoriamente quienes pretendan litigar en dicha jurisdicción.
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| Colegio Público de Abogados de la Capital Federal | ||
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| Acrónimo | CPACF | |
| Tipo | Colegio de Abogados | |
| Fundación | 25 de junio de 1985 | |
| Sede central | Av. Corrientes 1441, Ciudad de Buenos Aires, Argentina | |
| Área de operación | CABA | |
| Presidente | Dr. Ricardo Gil Lavedra | |
| Sitio web | cpacf.org.ar | |
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (conocido también por su acrónimo CPACF) es una persona jurídica de derecho público, creada por Ley Nacional 23.187 en el año 1985,[1] que tiene por objeto controlar el ejercicio de la profesión de abogado y llevar la matrícula de los profesionales del derecho en el ámbito geográfico de la Capital Federal de la República Argentina, en la que deben inscribirse obligatoriamente quienes pretendan litigar en dicha jurisdicción.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tiene a su cargo el gobierno de la matrícula de los abogados que ejerzan su profesión en la Capital Federal; el ejercicio del poder disciplinario sobre los matriculados; la defensa de sus miembros para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velando por la dignidad y el derecho profesional de los abogados y afianzando la armonía entre ellos; la promoción y organización de la asistencia y defensa jurídica de las personas que carezcan de recursos económicos y la cooperación con los poderes públicos para el logro integral de esta finalidad; la contribución al mejoramiento de la administración de justicia haciendo conocer y señalando las deficiencias e irregularidades que se observaren en su funcionamiento; la evacuación de las consultas que le sean requeridas en cuanto a la designación de los magistrados; el dictado de las normas de ética profesional, que deben observar los abogados en la jurisdicción, y la aplicación de las sanciones que aseguren su cumplimiento; y la colaboración con los poderes públicos en la elaboración de legislación en general.[2] Además el CPACF ofrece un servicio de consultorio jurídico gratuito para personas de bajos recursos, siempre y cuando sus consultas se encuentren enmarcadas dentro del ámbito penal, civil o comercial.
