Comisión Ad Hoc de Indultos
La Comisión Ad Hoc de Indultos, conocida informalmente como Comisión Lanssiers, fue una comisión creada en 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori, con la finalidad de evaluar y proponer indultos de personas que fueron, de forma injusta, condenadas o procesadas por los delitos de terrorismo o traición a la Patria. Tras expirar su mandato en el año 1999, sus funciones fueron retomadas por la «Comisión n.º 27234» durante el gobierno de Valentín Paniagua.
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| Comisión Ad Hoc de Indultos | |||||
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| Parte de Época del terrorismo en el Perú | |||||
| Localización | |||||
| País | Perú | ||||
| Datos generales | |||||
| Tipo | Comisión | ||||
| Objetivo | Proponer indultos, al presidente de la República, a personas injustamente condenadas o procesadas por el cargo de terrorismo o traición a la Patria | ||||
| Histórico | |||||
| Fecha de inicio | 1996 | ||||
| Fecha de fin | 1999 | ||||
| Cronología | |||||
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La Comisión Ad Hoc de Indultos, conocida informalmente como Comisión Lanssiers,[1][2][3] fue una comisión creada en 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori, con la finalidad de evaluar y proponer indultos de personas que fueron, de forma injusta, condenadas o procesadas por los delitos de terrorismo o traición a la Patria.[4] Tras expirar su mandato en el año 1999, sus funciones fueron retomadas por la «Comisión n.º 27234» durante el gobierno de Valentín Paniagua.[5]
El gobierno de Alberto Fujimori promulgó la «Ley de arrepentimiento en los casos de terrorismo» por Decreto Ley n.º 25499 en mayo de 1992.[6] Si bien, su implementación permitió que los arrepentidos revelaran el nombre y la ubicación de miembros de Sendero Luminoso, se detectó que muchos de ellos ofrecieron información falsa o imprecisa lo que resultó en la detención de muchas personas inocentes y la subsecuente condena arbitraria a éstas, además de atraso judicial.[7]
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lanzó una campaña denominada «En nombre de los inocentes», que se centró en ganar apoyo de sectores clave de la sociedad peruana, lograr cobertura favorable de la prensa, buscar respaldo internacional y documentar el número de personas presas que eran inocentes. Producto de la campaña, para mediados de la década de 1990, se logró que las simpatías de la opinión pública fueran en favor de los encarcelados, llegando a reconocer Fujimori que se habían cometido algunos errores que iban a ser revisados. Ante ello, el gobierno indicó su disponibilidad para la conformación de una comisión ad hoc para la revisión de los casos.[5]
