Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos | ||
|---|---|---|
| Tipo | Comisión interministerial | |
| Fundación | 16 de enero de 2009 | |
| Sede central | Buenos Aires, Argentina | |
La Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) fue una comisión interinstitucional creada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 21/2009, dictado el 16 de enero de 2009 y publicado el 19 de enero de ese año. Su objetivo fue investigar, prevenir, asistir y tratar los casos de intoxicación o afectación de la salud de la población y del ambiente vinculados al uso de productos agroquímicos en la Argentina.[1][2]
El Decreto 21/2009 creó la CNIA en la órbita y con sede en el Ministerio de Salud, presidida por su titular e integrada por representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (de la entonces Jefatura de Gabinete), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En sus considerandos se mencionan denuncias de intoxicaciones por fumigación en el Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba).[3]
Integración y estructura
La CNIA fue presidida por la persona titular del Ministerio de Salud e integrada por organismos de salud, ambiente y producción antes mencionados. En marzo de 2009, el Ministerio de Salud difundió una «Propuesta de trabajo» para la Comisión que precisó objetivos y líneas de acción iniciales.[4]
Objetivos y funciones
De acuerdo con el decreto de creación, la CNIA debía, entre otras funciones: investigar hechos denunciados y situaciones similares; proponer acciones, planes y programas; delinear pautas de uso racional de químicos y agroquímicos; impulsar herramientas de información pública; identificar problemas sanitarios; desarrollar estrategias de atención; reunir indicadores; proponer normativa; y coordinar acciones interjurisdiccionales.[5]
Organización de trabajo
En 2009 se establecieron seis grupos de trabajo para abordar la problemática desde distintos ejes: «Desarrollo del conocimiento», «Legislación y normalización», «Prensa y comunicación», «Capacitación», «Acciones en el terreno» y «Gestión de envases».[6] El 28 de mayo de 2009 la CNIA aprobó su reglamento interno, que definió acciones y productos esperados de cada grupo, según relevó posteriormente la Auditoría General de la Nación (AGN).[7]
Actividades
Capacitación y guías
Bajo el eje de capacitación y difusión, la CNIA impulsó el Plan Nacional de Capacitación en Uso Responsable de Agroquímicos y promovió la difusión de materiales técnicos, entre ellos la Guía de Uso Responsable de Agroquímicos (GURA) utilizada como referencia para unidades y sitios centinela del Programa de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas del Ministerio de Salud.[8]
Consejo Científico Interdisciplinario (glifosato)
En el marco del grupo «Desarrollo del conocimiento», y bajo coordinación de la Presidencia del CONICET, se convocó en 2009 a un Consejo Científico Interdisciplinario para evaluar la literatura científica disponible sobre los efectos del glifosato en salud y ambiente. El informe resultante (julio de 2009) destacó la necesidad de más investigación local y no emitió una conclusión categórica respecto de la inocuidad o el daño del herbicida.[9][10]
Recepción y debates
El informe del CCI-CONICET fue objeto de interpretaciones encontradas: sectores académicos y organizaciones sociales lo criticaron por la falta de definiciones contundentes; en cambio, actores del sector agroindustrial valoraron la ausencia de pruebas concluyentes de efectos adversos en las condiciones de uso declaradas.[10] Años más tarde, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó al glifosato como «probablemente cancerígeno para los seres humanos» (Grupo 2A) en marzo de 2015, lo que reavivó el debate público y regulatorio.[11]
Seguimiento institucional
En 2012, la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó regularizar el funcionamiento de la CNIA y la publicación periódica de sus informes y actividades.[12] En 2016, la AGN auditó programas de «uso responsable de agroquímicos» desarrollados en el marco de la CNIA durante 2009–2014, describiendo su planificación y ejecución.[13][14] Diversas organizaciones civiles solicitaron en 2015 la reactivación de la Comisión, señalando una discontinuidad práctica de sus tareas.[15] En 2018 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para declarar la emergencia sanitaria, social y ambiental y poner en marcha las acciones de la CNIA, que no llegó a ser tratado.[16]
