Concejo Municipal de Rafaela

Fue creado el 26 de enero de 1913 al declararse Rafaela como ciudad. Recién el 31 de agosto de ese mismo año, fue formado por elección del pueblo.

Los primeros en asumir fueron 5: Nicolás Gutiérrez (Presidente), Emilio Galassi, Eduardo Chiarella, Antonio Cossettini y Carlos Mochnaschi. Como Secretarios actuaron: Luis Hayer y Conrado Cabrera.^[1]

El Concejo Municipal de Rafaela es uno de los poderes del gobierno municipal, se encarga de revisar y controlar los actos del departamento ejecutivo municipal que encabeza el Intendente. Es un órgano legislativo que crea las normas de la ciudad. Estas normas reciben el nombre de ordenanzas y el ejecutivo municipal es el encargado de hacerlas cumplir.

Se compone de 10 concejales y 2 funcionarios, que se agrupan en Bloques Políticos de acuerdo a sus afinidades partidarias. Los mandatos de los concejales duran cuatro años y el Concejo Municipal se renueva bienalmente por mitades. Sus integrantes son designados en las elecciones generales a través de una votación secreta, universal y obligatoria, en cumplimiento de la Constitución.

Su función es defender los derechos de los vecinos que representan y desarrollar iniciativas que promuevan una mejor calidad de vida, creando normas jurídicas que luego el Departamento Ejecutivo aplicará en el ámbito territorial de la ciudad. Si bien es un poder independiente, actualmente su espacio físico se ubica dentro de las instalaciones de la Municipalidad de Rafaela.^[1]

Para ser concejal se requiere tener no menos de veintidós años de edad y dos años de residencia inmediata en el municipio si fuera argentino y ser elector del municipio. Los extranjeros deberán tener veinticinco años de edad, cuatro de residencia inmediata en el municipio y estar comprendidos dentro de las exigencias que esta ley determina para ser elector. ^[2]

1. El Intendente y los empleados municipales.
2. Los incapacitados legalmente y los fallidos y concursados que no hubieren obtenido su rehabilitación.
3. Los representantes, accionistas o empleados de empresas que exploten concesiones municipales, provinciales o nacionales dentro del radio del municipio o que tengan contratos pendientes con la Municipalidad o que en cualquier form a tengan relaciones de negocio con la misma.
4. Los que estuvieren interesados directa o indirectamente en cualquier contrato oneroso con la Municipalidad, aún como fiadores, o negociaren con la misma.
5. Los funcionarios o empleados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Nación o de la Provincia, excepto los jubilados de cualquier Caja; los que desempeñen cargos técnicos propios de su profesión y cuyo ejercicio no traiga aparejada incompatibilidad moral y los que ejerzan el profesorado secundario o universitario.
6. Los deudores del tesoro municipal o provincial, que ejecutados legalmente no pagaren sus deudas.^[2]