Conflicto diplomático entre Argentina e Irán de 2026
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| Conflicto diplomático entre Argentina e Irán de 2026 | ||||
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| Fecha | 17 de enero de 2026 | |||
| Jurisdicción/es | ||||
| Causas | El gobierno argentino firmó un decreto que designa como terroristas a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. | |||
| Suscripción(es) (Tratado o acuerdo) | El gobierno iraní catalogó el decreto argentino como una grave afrenta a su pueblo. | |||
| Hechos más relevantes | En paralelo, Buenos Aires rompe relaciones con Irán por la cuestión de AMIA y en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. | |||
| Entidades enfrentadas | ||||
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| Representantes | ||||
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| Posiciones internacionales | ||||
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El 17 de enero de 2026, el presidente argentino Javier Milei firmó un decreto en el que designa como entidad terrorista a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a 13 individuos afiliados.[1] En el decreto se indica que «La Fuerza Quds es una división del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, especializada en el entrenamiento para llevar a cabo ataques terroristas en otros países». También incluye una aclaración de sus implicaciones: «Esta decisión significa que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados están ahora sujetos a sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, así como a proteger el sistema financiero argentino para que no se utilice para apoyar económicamente sus actividades». El decreto también señala a Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds en el momento del atentado a la AMIA, como objeto de una notificación roja de Interpol; Vahidi era subcomandante en jefe del CGRI en el momento del decreto.
El 1 de abril de 2026, el gobierno argentino declaró persona non grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán (máximo representante diplomático en el país), exhortándolo a salir del territorio nacional dentro de las siguientes 48 horas. La medida se adoptó tras la condena emitida por la cancillería iraní a raíz de la decisión argentina de incorporar a la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro nacional de entidades terroristas.[2][3] En dicha declaración el gobierno la calificó como «amenaza para la seguridad nacional» y sostuvo que los integrantes de la organización «ponen en riesgo la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación».[4]