Como otras situaciones que eran susceptibles de ser polémicas, el gobierno mexicano implementó una estrategia mediática para ocultar el escándalo. La revista Proceso publicó un reportaje al respecto sobre el incidente en 1988, tras reportes de casos de cáncer infantil.[1]
El 21 de enero de 1988 el ecologista Grupo de los cien emitió una protesta por la compra pidiendo su devolución. A la denuncia se sumó la organización Greenpeace.[6] Luego de la polémica pública el 18 de febrero de 1988 la Secretaría de Salud ordenó oficialmente la devolución de los cargamentos de leche, hecho que ocurrió el 18 de febrero de 1988. Como consecuencia del hecho se creó la Norma Oficial Mexicana 316 en donde se estableció que el máximo de bequereles por kilogramo en la leche importada no podía ser más de 50.[5]
Existen registros de integrantes de la Marina denunciados por el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, de la Marina Armada de México que reportaron casos de cáncer que probablemente enfermaron al recibir los cargamentos.[2]Por ello Rodríguez encargó al físico nuclear Miguel Ángel Valdovinos, quien laboraba en la Central Nuclear Laguna Verde, un estudio de una muestra de los cargamentos. En dicho análisis Valdovinos detectó partículas de Cesio-137 y estroncio-90. Debido a presiones políticas, la Marina Armada de México determinó ocultar la información. Tanto Rodríguez como Valdovinos fueron cesados de sus cargos y acusados de difamación.
Médicos del Hospital Infantil “Federico Gómez”, sin poder tener pruebas concluyentes, reportan que de 1987 a 1990 hubo un aumento súbito de casos de cáncer.[1]
El 30 de noviembre de 1995 diputados del PAN, el PRD y el PRI aprobaron la creación de la Comisión CONASUPO, un grupo de investigación de ese cuerpo legislativo con el fin de investigar un largo historial de denuncias de corrupción, malversación de fondos y otras irregularidades así como el escándalo por la leche comprada entre 1986 y 1987.[6]Dicha comisión buscó la comparecencia de todos los funcionarios de primer nivel involucrados como Guillermo Soberón, José Ernesto Costemalle y Jaime Martuscelli, incluyendo además al vicealmirante Rodríguez Gordillo y el físico nuclear Miguel Ángel Valdovinos. Legisladores del PRI bloquearon dicha acción, al igual que ejercieron presión política para los resultados públicos del caso. Finalmente, la Comisión CONASUPO, además de confirmar el desfalco a los fondos del estado vía esa paraestatal, informó lo siguiente:[6]
- CONASUPO fue negligente al importar la leche contaminada, ya que no sólo contaba con información suficiente para saber de la contaminación, sino que contaba con otros proveedores de leche sin contaminación por el mismo precio.
- Un total de 12,920.63 toneladas métricas no pudieron ser analizadas por la Conasenusa para determinar si era riesgosa o no, dado que ya se habían vendido parte de ellas entre septiembre de 1986 y enero de 1987.
- La leche que ingresó al país en 1987 fue devuelta y el importe de su costo, restituido al Estado Mexicano.
- La Secretaría de Salud no contaba con evidencia suficiente para evaluar daños por la leche, y estableció que realizaría vigilancia epidemiológica para conocer futuras afectaciones.
