Controversias en la presidencia de Yamandú Orsi
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La presidencia de Yamandú Orsi (Frente Amplio), que comenzó el 1 de marzo de 2025, enfrentó varias controversias desde sus primeros meses. Estos episodios generaron debates públicos, críticas de la oposición (principalmente del Partido Nacional y el Partido Colorado) y caídas en las encuestas de aprobación del mandatario y su gobierno.
Renuncia de ministra de Vivienda
En abril de 2025, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, presentó su renuncia tras revelarse que no había declarado una propiedad donde residía Orsi y que no pagó impuestos por más de 30 años.[1] Cairo admitió las irregularidades pero inicialmente resistió dejar el cargo. La presión mediática y política obligó a su salida, lo que constituyó el primer escándalo mayor del nuevo gobierno.[1] Según la información difundida, la propiedad no estaba correctamente registrada ante la Dirección Nacional de Catastro, y la ministra abonó durante años montos significativamente inferiores a los correspondientes.[1] Tras la divulgación del caso y las críticas de la oposición, Cairo reconoció la situación e inició trámites de regularización. Sin embargo, la presión política derivó en su renuncia al cargo, convirtiéndose en la primera baja del gabinete de Orsi.[1]
Caso de Rodrigo Arim
Poco después, surgió un segundo debate que involucró a Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).[1] Investigaciones periodísticas señalaron que Arim construyó una vivienda en el balneario Solís (Maldonado) entre 2015 y 2016 y que la propiedad no fue regularizada ante Catastro, figurando como una edificación de menor tamaño. Debido a esta situación, el inmueble fue considerado de bajo valor fiscal, lo que implicó que no abonara el Impuesto de Primaria. El jerarca sostuvo que la obra no estaba finalizada y que por ello no había completado los trámites correspondientes.[1] Finalmente la Dirección Nacional de Catastro archivó el expediente y se estableció la necesidad de regularizar la situación mediante declaración jurada.[2] La oposición cuestionó la resolución y planteó dudas sobre la equidad en la aplicación de las normas tributarias.[1]