Código Penal portugués
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El Código Penal portugués (en portugués: Código Penal Português) es el compendio de leyes que contiene los principios y las normas de Derecho Penal que rigen el sistema de justicia de Portugal. El código actual fue aprobado en 1982 a través del Decreto Ley n.º 400/82 y reformulado de manera significativa en 1995 por el Decreto Ley n.º 48/95, tras la adopción de la Constitución portuguesa de 1976.[1][2]
El nuevo Código Penal reemplazó al antiguo de 1886 después del fin del régimen autoritario del Estado Novo en 1974 y la restauración de las leyes democráticas en Porugal.
Códigos anteriores
- Proyecto de 1837: Tras un concurso público en 1836, se adoptó el proyecto de José Manuel da Veiga como Código Penal el 4 de enero de 1837. Sin embargo, nunca entró en vigor debido a la inestabilidad política de la época, que culminó con la aprobación de la "Constitución Septembrista" en abril de ese año.[3]
- Código Penal de 1852: Aprobado durante el gobierno del Duque de Saldanha, fue el primer código penal efectivo. Sin embargo, recibió numerosas críticas por su falta de originalidad, al ser casi una copia de códigos extranjeros. Su principal objetivo era la prevención general y sustituyó los castigos corporales por penas de prisión.
- Código Penal de 1886: Este código consolidó las soluciones de las sucesivas reformas del código de 1852 y fue el que más tiempo estuvo en vigor en Portugal, siendo sustituido finalmente por el código actual. El Código Penal de 1886 también se aplicó en Macao hasta la adopción del Código Penal de Macao en 1996, y en Angola hasta febrero de 2021, cuando se adoptó el Código Penal de 2020.[4][5]
Reformas importantes
El Código de 1852 fue objeto de varias reformas, destacando dos por su importancia:
1. Reforma Penal de Barjona de Freitas (1867): El 1 de julio de 1867 se aprobó una ley que, entre otras innovaciones, abolió la pena de muerte para crímenes civiles, convirtiendo a Portugal en un país pionero en esta materia.
2. Reforma Penal de Sampaio e Melo (1884): El ministro Lopo Vaz de Sampaio e Melo propuso una nueva reforma que revisó sustancialmente el código de 1852 y abolió todas las penas de carácter vitalicio.[6][7]
