Hija de los docentes ancashinos Alberto Espinoza Alegre y Bernardina Valenzuela Palacios. Estudió derecho y ciencia política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), obteniendo su título en 1993. Posteriormente, realizó un doctorado en la misma universidad. En 1996, fue fiscal adjunta provincial provisional hasta el año 2001. Desde el 2002 hasta el 2009 fue fiscal provincial titular. Luego, fue nombrada fiscal superior titular hasta el año 2022, cuando asumió el cargo de fiscal supremo provisional. En noviembre de aquel año, fue designada por el Ministerio Público como reemplazo de la fiscal Martha Maisch ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que era presidido por Jorge Salas Arenas, ostentando el cargo hasta diciembre del 2023. Además, desde diciembre de 2021, se desempeñó como Directora del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas Del Ministerio Público (CAIPM) y representante alterna del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).[2][3]
El 18 de octubre de 2024, Espinoza fue nombrada como nueva fiscal de la nación, en reemplazo del fiscal Juan Carlos Villena.[4] El 8 de noviembre del mismo año, Espinoza juramentó como fiscal de la nación en la sede principal del Ministerio Público.[5] El 19 de setiembre del 2025 la Junta Nacional de Justicia decide suspenderla provisionalmente del cargo como fiscal suprema y fiscal de la nación, debido a que se negó a que la investigada Patricia Benavides continuara ejerciendo sus funciones.[6][7] Fue sucedida en el cargo de fiscal de la nación por el fiscal supremo Pablo Sánchez.[8]
En 2025, fue inhabilitada por el Congreso de la República por 10 años[9] a partir de un informe aprobado por la Comisión Permanente, que contó con el apoyo de Perú Libre y Fuerza Popular.[10] El informe de inhabilitación se basaba en que Espinoza había denunciado a 11 congresistas por aprobar que los pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú recibieran sueldo y pensión a la vez.[11] Organizaciones como el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos condenaron el juicio político y respaldaron la labor de Espinoza en la lucha contra el crimen organizado.[12]
Tras la inhabilitación, Tomás Gálvez autorizó que el Ministerio Público formalizara la investigación en su contra.[13] En enero de 2026, estando destituida, participó como invitada especial en las ceremonias por la conmemoración por el tercer aniversario de la masacre de Juliaca en esa ciudad del departamento de Puno.[14][15]
