Desalojo
acto mediante el cual se despoja a una persona de la posesión material de un inmueble por orden de la autoridad gubernativa o judicial
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El desalojo, desalojamiento o lanzamiento es el acto mediante el cual se despoja a una persona de la posesión material de un inmueble por orden de la autoridad gubernativa o judicial, en ejecución de una resolución que declare el desahucio del arrendatario o del poseedor precario o como presupuesto previo a la entrega de la posesión al nuevo adquiriente en procesos de enajenación forzosa de bienes inmuebles o de expropiación en favor de la administración pública.
Desalojo en España
En el Derecho español, el desalojo o lanzamiento se ejecuta mediante mandato judicial, habitualmente con la intervención de una comisión judicial compuesta por uno o varios funcionarios, que materializan y documentan la Diligencia, con el apoyo de la fuerza pública y, en su caso, de un cerrajero.
Tras la ejecución del lanzamiento, corresponde al propietario cambiar las cerraduras de la vivienda con el fin de asegurar el inmueble y prevenir accesos no autorizados. El coste inicial de este servicio recae sobre el propietario, si bien puede reclamarse posteriormente al ocupante desalojado como gasto derivado del procedimiento. Se recomienda realizar el cambio de cerraduras de forma inmediata, a través de un profesional, y documentar el proceso (facturas, fotografías, estado previo y posterior) para respaldar eventuales reclamaciones. El cambio de cerraduras sin autorización judicial previa puede considerarse un delito de coacciones, penado con entre seis meses y tres años de prisión, multas y, en algunos casos, la obligación de restituir la posesión al ocupante. Existen precedentes en los que se han impuesto sanciones de varios miles de euros y se ha ordenado la reinstalación del inquilino.[1]
Ley por el derecho a la vivienda
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, introdujo modificaciones en los procedimientos de desahucio cuando la vivienda constituye el domicilio habitual de personas en situación de vulnerabilidad económica o social. La normativa establece mecanismos de comunicación con las administraciones públicas y permite que el órgano judicial valore la situación de vulnerabilidad y, en determinados supuestos, acuerde la suspensión temporal del procedimiento para facilitar la adopción de medidas de protección habitacional.[2]
La regulación también establece requisitos específicos para determinados procedimientos cuando el demandante tiene la condición de gran tenedor, especialmente en relación con los mecanismos de conciliación o intermediación con las administraciones públicas.
Las medidas extraordinarias de suspensión de determinados desahucios por vulnerabilidad han sido objeto de sucesivas prórrogas y modificaciones. El Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, estableció inicialmente una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026, pero dicha norma fue posteriormente derogada tras su no convalidación por el Congreso de los Diputados.[3]
Para una explicación divulgativa de los principales cambios introducidos por la legislación de vivienda en los procedimientos de desahucio puede consultarse el artículo ¿Se puede echar a tu inquilino? Todo sobre la Ley de La Vivienda, publicado por Serviguest.[4]
Desalojo en Colombia
La figura del desalojo o lanzamiento para amparar la tenencia de predios urbanos y rurales, sin o con explotación económica, está regulada por el artículo 15 de la ley 57 de 1905, Decreto 992 de 1930 y Decreto 947 de 1992 (Ley 200 de 1936 y Decreto 1355 de 1970). La normativa para predios urbanos y rurales sin explotación económica fue estudiada por la Corte Constitucional en Sentencia C-241 de 2010, declarándose inhibida para realizar juicio de mérito por considerar subrogada la ley 57/05 por el Decreto 1355/70. Implicaciones de la sentencia C-241-2010
Desalojo en Uruguay
En Uruguay, el desalojo es un procedimiento legal destinado a recuperar la posesión de una propiedad en casos de ocupación ilegal o incumplimiento de contrato de arrendamiento. La legislación uruguaya, incluyendo el Decreto-Ley 14219, la Ley 8153 (régimen de libre contratación) y la Ley 19889, conocida como Ley de Urgente Consideración (LUC), establece procedimientos específicos para los desalojos. Estos procedimientos varían dependiendo de la naturaleza del desalojo, ya sea por ocupación ilegal o por incumplimiento de contrato.[5][6][7][8]
Véase también
Portal:Derecho. Contenido relacionado con Derecho.- Desahucio
- Movimiento okupa
- Ejecución hipotecaria
