Detención de inmigrantes en Estados Unidos

La detención de inmigrantes en Estados Unidos contó desde 1855 con unas primeras instalaciones en Castle Clinton, Manhattan (junto con el Hospital Bayley Seton en Staten Island para cuarentena) y se trasladó en la década de 1890 a Ellis Island. Se utilizó como centro de detención permanente para ciudadanos extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial, pero cayó en desuso en la década de 1950. En la década de 1980, Ronald Reagan reaccionó a la migración masiva de solicitantes de asilo que llegaban en embarcaciones desde Haití estableciendo un programa para interceptarlos (es decir, detener y registrar ciertas embarcaciones sospechosas de transportar haitianos indocumentados).^[8] A medida que aumentaba el número de inmigrantes indocumentados que huían de condiciones económicas y políticas, el presidente Bush padre intentó encontrar una ubicación regional para gestionar el flujo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dispuso que varios países de la región —Belice, Honduras, Trinidad y Tobago y Venezuela— ofrecieran refugio temporal a los haitianos; sin embargo, la Guardia Costera se vio rápidamente desbordada y, el 18 de noviembre de 1991, los Estados Unidos devolvieron por la fuerza a 538 haitianos a Haití.^[9] Estas opciones también resultaron inadecuadas ante la magnitud del éxodo haitiano, y la Guardia Costera los trasladó a la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, donde fueron pre-evaluados para solicitar asilo en los Estados Unidos.

En 2003 se creó la agencia Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo el Departamento de Seguridad Nacional. ICE hace cumplir las leyes de inmigración y aduanas de los Estados Unidos, con el papel principal de utilizar técnicas de investigación para detener y encarcelar a quienes se sospecha que las violan. La Oficina de Operaciones de Ejecución y Expulsión (ERO), integrada dentro de ICE, lleva a cabo «el proceso de aplicación de la ley migratoria, incluida la identificación, arresto, detención y expulsión de no ciudadanos sujetos a expulsión o presentes ilegalmente en los Estados Unidos».^[10]

A los inmigrantes detenidos se les asigna un número de identificación único denominado Número de Registro de Extranjero (“A-número”), siempre que no dispongan ya de uno en virtud de su estatus legal, y son enviados a una prisión del condado, estatal, federal o privada, donde permanecen hasta ser deportados o puestos en libertad tras el proceso judicial.

Existían cuatro divisiones dentro de ICE que trabajaban para investigar la inmigración ilegal, hacer cumplir las leyes migratorias y detener y deportar a los infractores: Operaciones de Ejecución y Expulsión (ERO), Oficina de Investigaciones (OI), Oficina de Inteligencia (Intel) y Oficina de Asuntos Internacionales (OIA). ERO es la división que se ocupa directamente de la detención de inmigrantes. ERO, bajo ICE, opera ocho centros de detención denominados “Service Processing Centers”, en Aguadilla, Puerto Rico; Batavia, New York; El Centro, California; El Paso, Texas; Florence, Arizona; Miami, Florida; Los Fresnos, Texas; y San Pedro, California. ICE también mantiene contratos con siete empresas privadas que operan instalaciones en Aurora, Colorado; Houston, Texas; Laredo, Texas; Tacoma, Washington; Elizabeth, New Jersey; Queens, New York; y San Diego, California. Otras instalaciones que albergan a inmigrantes detenidos incluyen centros de detención juvenil y albergues. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes son detenidos en cárceles estatales y locales que tienen contratos con ICE. Al final del año fiscal 2007, el sistema de detención migratoria de los Estados Unidos comprendía 961 sitios.^[11]

A partir de 2025, ICE contaba con las siguientes cuatro divisiones, ahora denominadas direcciones: Operaciones de Ejecución y Expulsión (ERO), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA) y Gestión y Administración (M&A).^[12]

En 2007, el programa de Comunidades Seguras (Secure Communities en inglés) fue creado dentro de ICE para identificar a extranjeros criminales, priorizarlos según la gravedad de los delitos cometidos y transformar los procesos necesarios para su expulsión aumentando la eficiencia. Secure Communities identifica a inmigrantes indocumentados mediante el uso de tecnología moderna, en particular técnicas de identificación biométrica. Estas se emplearon por primera vez en Houston, Texas en 2008.^[13] A partir de abril de 2011, la capacidad de intercambio biométrico del programa Secure Communities se utilizaba en 1 210 de las 3 181 jurisdicciones (cárceles y prisiones estatales, del condado y locales) en los Estados Unidos. Entre 2008, cuando comenzó el programa, y marzo de 2011, 140 396 extranjeros criminales condenados fueron ingresados bajo custodia de ICE, lo que resultó en 72 445 deportaciones.^[14]

Bajo el programa Secure Communities, las huellas dactilares de toda persona arrestada e ingresada en custodia no solo se comparan con los registros de antecedentes penales del FBI, sino también con los registros migratorios del DHS. Si las huellas coinciden con registros del DHS, ICE determina si se requiere una acción de cumplimiento migratorio, considerando el estatus migratorio del extranjero, la gravedad del delito y sus antecedentes penales.^[15] ICE entonces coloca un detenedor migratorio sobre la persona, que es una solicitud para que la cárcel mantenga a esa persona detenida hasta 48 horas después de su liberación programada, de modo que ICE pueda entrevistarla o posiblemente tomarla bajo custodia.^[16]

La administración de Obama fue una gran promotora del programa, ampliándolo de 14 jurisdicciones bajo el presidente George Bush a más de 1 210 jurisdicciones hasta marzo de 2011.^[14][17][18] ICE planeaba expandir el programa a nivel nacional para 2013.^[19]

En un memorando fechado el 20 de noviembre de 2014, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, suspendió el programa Secure Communities.^[20] En enero de 2017, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 13768, que ordenó al Departamento de Seguridad Nacional restablecer el programa Secure Communities.^[21]