Diana Salazar Méndez

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Nació el 5 de junio de 1981, en la ciudad ecuatoriana de Ibarra. Vivió su niñez en su ciudad natal, hasta mudarse a Quito junto a su familia a los dieciséis años.^[2]

Estudió Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo una maestría en Derecho procesal en la Universidad Tecnológica Indoamérica. Tiene una especialización en Derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y en Derecho Penal Económico por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Inició su carrera en el cargo de amanuense en 2001. En 2006 pasó a ocupar el cargo de secretaria, para luego ascender a fiscal en 2011. En 2016 tomó el caso FIFA Gate en Ecuador, y procesó bajo el cargo de lavado de activos a Luis Chiriboga Acosta.^[3] El 19 de febrero de 2018 fue designada por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico,^[4] unidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.^[5][6]

En medio de los múltiples procesos de recambio de autoridades, durante el gobierno de Lenín Moreno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, encabezado por Julio César Trujillo, realizó un concurso de méritos y oposición, en el que Salazar obtuvo el puesto como fiscal general del Estado, con un puntaje de 88,17 puntos, el más alto de todos los postulantes.^[7] Por su parte, Salazar calificó de «honesta» su participación.^[8][9]

Salazar asumió el cargo, el 8 de abril de 2019.^[10] Para aquel entonces, había estallado mediáticamente el Caso Ina Papers, en el que se expuso una red de corrupción que involucraba al presidente Lenín Moreno y su familia. Sin embargo, la Fiscalía destapó una estructura mucho más grande, el caso llamado Sinohydro^[11]y cuya investigación destapó varias decenas de millones de dólares entregados en coimas y luego repartidos a familiares, amistades y otros del círculo íntimo de Lenin Moreno, cuando fue vicepresidente de Rafael Correa.^[12]

En enero de 2020, fue designada miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, cargo que ostenta sin perjuicio de sus funciones como fiscal general.^[13]

En el Caso Sobornos 2012-2016, su proceder fue contundente, puesto que a los pocos días de su posesión, la fiscal inició las investigaciones,^[14]y acusó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, bajo la figura de «cohecho agravado» (Art. 280 COIP, recibir beneficios para alterar decisiones públicas), bajo el cual, según la fiscal, «a través de su influencia, hicieron que sus ministros, secretarios y asesores de estado, cometan los delitos».^[15] El caso estuvo respaldado por pruebas claras de la existencia de una estructura liderada por el Expresidente para exigir pagos y otras dádivas para su partido político, a contratistas del Estado, so pena de detener pagos de grandes obras de infraestructura. Es así que empresarios de la construcción pagaron, sin explicación, eventos masivos, movilizaciones proselitistas, vallas publicitarias en carreteras, miles de prendas y combos de alimentación, entre otros, que tenían como beneficiarios al propio Rafael Correa y a su partido político, que permanecía, con esos recursos, en constante campaña política, lo cual se constató en el proceso con facturas de las empresas, transferencias y servicios devengados por proveedores, así como testimonios, confesiones, declaraciones y disculpas públicas de varios de los involucrados y condenados.^[16]

La resolución del caso, se dio a pocos días de la inscripción de Correa como candidato en las elecciones de 2021, impidiendo su participación en dichos comicios, por lo que este caso ha sido catalogado por sectores cercanos al Expresidente^[17]como un caso de guerra jurídica (lawfare).^[18][19]Sin embargo, el proceso tiene sentencia ejecutoriada de última instancia en el sistema judicial ecuatoriano (corroborado por más de 10 jueces en distintas instancias), siendo ese uno de los motivos para las constantes arremetidas de simpatizantes del ahora prófugo de la justicia, que han intentado cooptar el sistema judicial en todas sus instancias, así como el Consejo de Participación Ciudadana, ente que lleva adelante los procesos de las autoridades de control en Ecuador.

La presidencia de Moreno fue sucedida por el gobierno de Guillermo Lasso, en el que, al igual que durante el periodo de Moreno, la Fiscalía actuó con fuerza en los casos que implicaban a políticos. Es así que, en octubre de 2021, cuando se publicaron los Pandora Papers, en el que se exhibieron varias empresas offshore que habrían estado a nombre de Lasso antes de su participación política (pues la legislación ecuatoriana prohíbe a personas ser candidatos o ejercer un cargo público al tener propiedades en paraísos fiscales), Salazar abrió la investigación correspondiente.^[20] Incluso, la denuncia presentada por el excandidato presidencial Yaku Pérez, contra el entonces presidente Lasso por evasión de impuestos, fue atendida por la Fiscalía.^[20] Durante la presidencia de Lasso estallaron múltiples casos de corrupción como el Caso Encuentro, en el que se descubrieron los vínculos del gobierno de Lasso con la mafia albanesa.^[21]

En agosto de 2024 Drop Site News y The Intercept publicaron un pseudorreportaje con 1500 supuestos chats entre Diana Salazar y Ronny Aleaga, asambleísta del correísmo, quien luego de ser vinculado con varios casos de corrupción y con vínculos comprobados con grupos de delincuencia organizada, huyó del Ecuador y se refugió en Venezuela. En uno de los chats Salazar dijo que Estados Unidos estaba en contra del Movimiento Revolución Ciudadana por sus vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, encabezados por Rafael Correa.^[22]

En 2024, la bancada correísta intentó llamar a juicio político a Diana Salazar en la Asamblea Nacional sin conseguirlo.^[23]

La gestión de Diana Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado incluyó casos emblemáticos de lucha contra la corrupción, narcotráfico, lavado de activos, cuyos tentáculos habían llegado a las propias instituciones de control de la administración pública,^[24] al sistema de justicia, seguridad, etc., entre ellos los casos Metástasis, Purga, Plaga, Vocales, Pampa, Independencia Judicial, Jaque, Ligados, entre muchos otros.^[25]

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En mayo de 2023, el colectivo jurídico Acción Popular, un pequeño grupo de reciente creación y liderado por una activista política, hoy condenada por violencia política de género contra la propia Diana Salazar, denunció a la entonces Fiscal, ante el Consejo de la Judicatura, por un el plagio del 40% en su tesis de pregrado, por lo que solicitó su suspensión y destitución. Sin embargo, la denuncia fue encontrada maliciosa y temeraria, luego de ser desestimada por la justicia ordinaria, con base en informes de la propia Universidad Central del Ecuador (UCE) y las conclusiones del Honorable Consejo Universitario (HCU), que encontró que el porcentaje de coincidencia no llegaba al 1%.

La denuncia llegó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entonces controlado por el correísmo, que llamó a la fiscal en tres ocasiones a audiencias públicas para tratar el tema. Como no era el foro correspondiente, Salazar no asistió a las audiencias, alegando en derecho que el CPCCS no tiene competencia en dicho caso.^[26] Por su parte, la UCE, liderada por el rector Fernando Sempértegui, tampoco se presentó a la comparecencia a la que le citó el CPCCS, para tratar el caso.^[27][28] Incluso, en una entrevista, Sempértegui justificó el proceso académico que revisó la documentación y descartó la denuncia, por infundada.^[29]

Quedó establecido en la opinión pública que tales acciones respondían a un complot político encabezado por el propio Rafael Correa y el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión (que luego de ser desvinculado de la Cruz Roja Ecuatoriana por una auditoría que reveló malos manejos de recursos del terremoto de Manabí), fue designado Defensor del Pueblo, cargo que ocupaba cuando fue detenido en estado de embriaguez, luego de agredir físicamente e intentar abusar sexualmente de una mujer (dueña de la casa en la que libaba, a pesar del toque de queda y ley seca vigentes por la pandemia) y de agredir brutalmente al marido de esta, que habría salido en su defensa. Carrión fue procesado por la fiscal Salazar y condenado por un tribunal por el delito de abuso sexual. ^[30]Su sentencia fue ratificada en todas las instancias y Carrión guardó prisión y cumplió su pena.

Sin embargo, la esposa del sentenciado Carrión, Priscila Schetini, quien también había denunciado a Carrión años antes por violencia física y psicológica (documentada con su propio testimonio ante la autoridad), fue quien sorprendentemente encabezó las denuncias contra Diana Salazar a través de un supuesto colectivo, que buscó espacios en medios de comunicación y portales digitales para desprestigiar a Salazar por cualquier vía, pero que solo trajo como consecuencia que Schetini y su patrocinadora fuesen condenadas por violencia política y privadas de sus derechos políticos por tres años.^[31]

En enero de 2021, la revista colombiana Semana publicó una noticia, en la que aseveraba que el Ejército de Liberación Nacional habría financiado la campaña presidencial de Andrés Arauz.^[32] La Fiscalía empezó a investigar dicha acusación, basándose en la publicación de Semana y la información que el propio Francisco Barbosa, Fiscal General de Colombia, le entregó en cadena de custodia.^[33] Barbosa viajó a Quito, para entregar a Salazar supuesta evidencia, recibiendo la reunión una amplia cobertura mediática.^[34][35][36]

•⁠ ⁠En 2021, el Gobierno de Estados Unidos, reconoció su labor como fiscal y su lucha contra la corrupción.^[37]

•⁠ ⁠En 2021, en homenaje a su gestión se bautizó con su nombre a una orquídea ecuatoriana.^[38]

•⁠ ⁠El 18 de diciembre de 2023, la Asamblea Nacional del Ecuador, con 74 votos a favor, 46 en contra y seis abstenciones, aprobó una resolución de respaldo y apoyo a su accionar en el denominado caso Metástasis.^[39]

•⁠ ⁠En abril de 2024, la revista La revista Time describió el trabajo de Salazar, como uno de los más desafiantes y riesgosos del hemisferio occidental,^[40][41] encontrándose entre las 100 personas más influyentes del mundo según la lista anual denominada Time 100, elaborada por dicha revista estadounidense.^[42]

•⁠ En marzo de 2024 recibe la Distinción Internacional “Mensajero por la Paz” por parte de la ONU.