Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
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| Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad | ||||
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| Localización | ||||
| País | Costa Rica | |||
| Información general | ||||
| Sigla | DINADECO | |||
| Tipo | Órgano adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía | |||
| Sede |
Vía Nacional 204, Avenida 34 10105 Zapote, San José | |||
| Organización | ||||
| Director Nacional | Roberto Alvarado Astúa | |||
| Depende de | Ministerio de Gobernación y Policía | |||
| Presupuesto | ₡11.683 millones (2021)[1] | |||
| Historia | ||||
| Fundación | 7 de abril de 1967 (hace 59 años) | |||
| Sucesión | ||||
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| Sitio web oficial | ||||
La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) es la institución adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica encargada de facilitar procesos de promoción, organización y fortalecimiento a las organizaciones de desarrollo comunal del país, para promover su participación social, democrática y activa en el desarrollo local y nacional.[2] Su actual titular es Franklin Corella Vargas.[3]
Antecedentes
La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad fue establecida por medio de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, N.º 3859, del 7 de abril de 1967. Antes de su creación acontecieron varios hechos y se ejecutaron programas que sirvieron de base para el establecimiento de la anterior ley y como instrumento básico para la creación de la DINADECO y del desarrollo de las organizaciones comunitarias del país.[4]
El 21 de julio de 1920, el presidente Julio Acosta García crea las Juntas Patrióticas de Salud, pequeñas organizaciones locales que tuvieron el fin de buscar apoyo popular para algunas medidas de carácter social y de salud pública. Estas fueron las primeras organizaciones de este tipo en existir en el país.[4]
En la década de 1930, del siglo XX, mientras que Costa Rica sufría las consecuencias de la crisis económica internacional, se comenzaron a desarrollar en el país varias organizaciones comunales denominadas como “juntas progresistas” o “comités de barrio”, las cuales se encargaron de organizar, entre los habitantes de diferentes de las comunidades afectadas por la crisis, maneras de presionar al gobierno para que solucionara lo que les aquejaba. Posterior a la crisis, estas organizaciones permanecieron vigentes y desarrollaron nuevas funciones, entre ellas las de capacitar líderes comunales y continuar presionando a los diferentes gobiernos ante los nuevos problemas que aquejían a las comunidades.[5]
En 1955, después de los acontecimientos sucedidos alrededor de la Guerra Civil de 1948, las juntas progresistas se organizan en un solo organismo, la Federación Nacional de Juntas Progresistas (FENAJUP), que se destinó a estudiar y organizar acciones conjuntas entre las diferentes organizaciones locales del país para cumplir con las nuevas necesidades comunales. El gobierno, ante el surgimiento de este nuevo organismo, se dedicó a buscar asesoría internacional para implementar un programa nacional para el desarrollo de las comunidades. Uno de los resultados fue la organización de un equipo de trabajo, liderado por el entonces Ministerio de Salubridad Pública y Protección Social en 1958, para la ejecución de políticas y programas comunitarios, de la mano de la Organización de las Naciones Unidas. A partir de ello, surge el Programa Nacional de Desarrollo Social y de la Comunidad, encargado de estudiar y valorar la creación de un organismo público encargado de coordinar con las organizaciones locales.[5]
Después de varios años de estudio y de presión por parte de las organizaciones comunales, el gobierno de Francisco Orlich Bolmarcich acuerda crear, en marzo de 1964, la Oficina Nacional de Desarrollo Social y de la Comunidad, adscrita a la entonces Oficina de Planificación Nacional. Este organismo fue dirigido por un Consejo Consultivo, conformado por representantes de otras instituciones públicas. En septiembre de 1965, se crea la Oficina para el Desarrollo de las Comunidades Rurales, la cual colaboró de la mano de la Oficina Nacional con las organizaciones comunales rurales del país. Posteriormente, en 1966, el gobierno de la República comenzó a organizar el Proyecto sobre Desarrollo Integral de la Comunidad y el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, cuya misión era la de dirigir la política nacional en la materia con una base regional. El proyecto además sirvió para la creación de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad.[5]
Establecimiento
El 7 de abril de 1967, después de varios años de planificación, y durante la presidencia de José Joaquín Trejos Fernández, el proyecto de Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad es aprobado por la Asamblea Legislativa. Su primer reglamento se promulgó el 27 de junio del mismo año y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1968. Mediante esta Ley, la Oficina para el Desarrollo de las Comunidades Rurales es transformada en la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). En febrero de 1971, se establecieron las primeras oficinas regionales, localizadas en San José, San Isidro de El General, Heredia, Alajuela, Naranjo, Ciudad Quesada, Cartago, Cañas, Nicoya, Puntarenas, Golfito y Limón.[5]
En 1982, al Luis Alberto Monge Álvarez asumir la presidencia de la República, la DINADECO es trasladada al Ministerio de Gobernación y Policía como un órgano adscrito.[5]
Funciones
De acuerdo con su ley orgánica, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad tiene, entre algunas de sus funciones, las siguientes:[2]
- Promover la creación de oportunidades para el perfeccionamiento integral de la persona humana, descubrir sus capacidades y cualidades y canalizarlas en beneficio de la comunidad y del país.
- Establecer el clima propicio para la creación de nuevos valores y la adaptación de nuevos hábitos y actitudes, a través de un proceso de perfeccionamiento interno de la población que asegure su participación activa y consciente en la decisiones y acciones para resolver los problemas económicos y sociales que la afectan.
- Crear, por medio de un proceso educativo de perfeccionamiento individual y de las instituciones democráticas, una conciencia colectiva de responsabilidad mutua por el desarrollo nacional en todos los órdenes, por medio del estímulo y orientación de organizaciones distritales, cantonales, provinciales, regionales y nacionales.
- Coordinar y orientar los programas públicos y privados para la aplicación de los principios, métodos y técnicas del desarrollo de la comunidad.
- Realizar estudios e investigaciones sociales y contribuir a establecer los canales adecuados en ambas direcciones entre las comunidades y los organismos técnicos, administrativos, legislativos y políticos en general.
- Planear y promover la participación activa y organizada de las poblaciones en los programas nacionales, regionales o locales de desarrollo económico y social.
- Evaluar permanentemente los programas de desarrollo de la comunidad, para garantizar su ajuste a los principios y técnicas adoptados por la presente ley y su respectivo reglamento.
- Entrenar al personal necesario en los distintos niveles, especialidades y categorías, en el uso y manejo de las técnicas de desarrollo de la comunidad.
- Asesorar técnicamente en los aspectos de investigación, planeamiento, ejecución, organización y evaluación, a personas y entidades que tengan bajo su responsabilidad programas de desarrollo de la comunidad.
- Coordinar la asistencia técnica y económica internacional de cualquier clase que se dé al país, para promover el desarrollo comunal.
- Inscribir, conforme a esta ley, a las asociaciones y grupos para el desarrollo de la comunidad, ya existentes o que lleguen a establecerse.