Los antecedentes de la identificación civil en Uruguay se remontan a comienzos del siglo XX. En 1905, la Policía de Montevideo estableció la Oficina de Identificación Dactiloscópica, en un contexto de creciente incorporación de técnicas científicas aplicadas al reconocimiento individual, entre ellas la dactiloscopía. Este avance marcó el inicio de un proceso de institucionalización de la identificación personal basado en criterios técnicos y sistemáticos.
En 1914 se aprobó la primera ley que reguló la expedición de cédulas de identidad, definiendo las competencias de la Oficina de Identificación y facultándola para emitir libretas de identidad. Posteriormente, en 1946, se promulgó el Reglamento General de cédulas de identidad, que organizó el funcionamiento de las oficinas de identificación en cada Jefatura de Policía del país. Durante varias décadas, el sistema se mantuvo descentralizado: cada Jefatura departamental expedía documentos con numeración propia, lo que dificultaba la consolidación de un registro único a nivel nacional.[1]
En paralelo al desarrollo de la cédula de identidad, el Estado uruguayo fue estructurando la expedición de pasaportes como documento habilitante para el tránsito internacional. En sus primeras etapas, la emisión de pasaportes se encontraba vinculada a autoridades administrativas y policiales, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dado el carácter internacional del documento. Con el proceso de centralización institucional que se consolidaría décadas más tarde, ambas funciones —identificación interna y documentación para viajes al exterior— tenderían a integrarse bajo un mismo sistema técnico y registral.
Un punto de inflexión se produjo en febrero de 1978, con la promulgación del Decreto Ley N. º 14.762, que instituyó un sistema nacional de identificación sustentado en documentación habilitante y en la confrontación dactiloscópica centralizada. En forma complementaria, el 30 de junio de 1978, la Ley N. º 14.800 dispuso la creación de la Dirección Nacional de Identificación Civil como órgano con competencia en todo el territorio nacional, bajo la órbita del Ministerio del Interior, consolidando así la centralización y unificación del régimen de identificación civil en Uruguay.
Desde finales del siglo XX y especialmente en el siglo XXI, tanto la cédula como el pasaporte experimentaron un proceso sostenido de modernización tecnológica. Se incorporaron sistemas informatizados, bases de datos centralizadas y mecanismos de verificación biométrica. La adopción de documentos de lectura mecánica y posteriormente electrónicos, ajustados a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, fortaleció las garantías de seguridad, autenticidad y reconocimiento internacional de la documentación uruguaya.[2]
