Eduardo Saiegh

El 31 de octubre de 1980, Saiegh fue detenido sin orden judicial por integrantes de la División Bancos de la Policía Federal. Según su testimonio, permaneció secuestrado en la sede del Banco Nación, donde fue sometido a torturas y fue liberado el 6 de noviembre. Saleigh sostuvo que el operativo tuvo como objetivo apropiarse del BLA. La liquidación del banco se concretó en enero de 1981.^[9]

El BLA era acreedor del grupo Austral Líneas Aéreas por siete millones de dólares y contaba en ese momento con cuatro compradores en firme por un valor total de 35 millones de dólares; todos fueron derivados hacia otras operaciones, según Saiegh, con intervención de funcionarios del Banco Central de la República Argentina.^[10][11]

El 5 de noviembre de 1982, Saiegh inició una causa penal por extorsión y desapoderamiento. En 2009 amplió la denuncia para incluir delitos de lesa humanidad y con un agravante antisemita ("plus de ensañamiento en razón de su condición de judío").^[12][13][14]

En 2011, el gobierno argentino creó la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad con Motivación Económica, y la Secretaría de Derechos Humanos se constituyó como co-querellante en la causa, que quedó a cargo de la jueza federal María Romilda Servini. A fines de 2012, la Sala 2 de la Cámara Federal reabrió la causa tras un dictamen del fiscal Eduardo Taiano. La denuncia señala que el secuestro de Saiegh formó parte de un ataque sistemático contra empresarios, en gran parte miembros de la comunidad judía, con el objetivo de apropiarse de sus bienes. Entre los denunciados figuran el expresidente de facto Jorge Rafael Videla, su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, Alejandro Reynal (exvicepresidente del BCRA) y varios jefes policiales.^[15][16]

La Cámara de Apelaciones rechazó en reiteradas oportunidades anular el sobreseimiento por prescripción dictado en favor de Alejandro Reynal en el año 2000. El 6 de julio de 2018, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por las juezas Angela E. Ledesma y Ana María Figueroa y el juez Alejandro W. Slokar— hizo lugar al recurso de Saiegh, casó la resolución de la Cámara de Apelaciones y ordenó continuar la sustanciación de la causa sin dilaciones (Registro Nº 853/18, causa CFP 1875/2009/15/RH3).^[12]

Saiegh presentó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2003 y 2010. En 2009, el juez español Baltasar Garzón calificó el caso como terrorismo de Estado.^[17]

En 2020, la CIDH invitó al Estado argentino al Programa de Soluciones Amistosas. Ante la falta de respuesta, en febrero de 2021 abrió el caso Nº 14.394 para su eventual elevación al Tribunal de San José de Costa Rica.^[18]

En diciembre de 2021, el fallo fue anulado por unanimidad por la Corte Suprema, que consideró que la Cámara había hecho una lectura arbitraria y había mostrado un apego exclusivo a la pretensión del querellante.^[2] En 2024, la jueza Servini sobreseyó a Alejandro Reynal afirmando que "ha quedado sumamente demostrada la certeza negativa y la inexistencia de los (falsos) hechos denunciados".^[19][3]

Tras el sobreseimiento, diversas fuentes señalaron que la recaracterización de la causa como delito de lesa humanidad en 2009 respondió a una lógica indemnizatoria. Dado que la liquidación del BLA había ocurrido en 1981, todos los reclamos patrimoniales estaban prescriptos, salvo que los hechos pudieran encuadrarse como crímenes de lesa humanidad, categoría jurídicamente imprescriptible. En ese contexto, Saiegh reformuló su denuncia incorporando por primera vez el relato de torturas y secuestro como parte de un operativo de terrorismo de Estado, pese a que la detención original de 1980 había sido reconocida en causas anteriores sin esa caracterización. El fallo de sobreseimiento de la jueza Servini de 2024 señaló que los hechos así descritos no habían sido denunciados en ningún momento anterior.^[19][3]

En 2024, el periodista y abogado Jorge Eduardo Bustamante —que había participado como investigador en la defensa de Reynal— publicó Querida Andina, un libro que reconstruye el proceso desde la perspectiva de la defensa. Bustamante sostuvo que Saiegh había inventado la historia de secuestro y torturas a partir de una detención real ocurrida en 1980, originada en una denuncia de un gerente infiel al que el propio Saiegh había retenido ilegalmente para recuperar fondos sustraídos. La reseña del libro fue publicada por La Nación en septiembre de 2024.^[20] El periodista Hernán Iglesias Illa publicó en la revista Seúl una nota en la que afirma que Saiegh mintió durante toda la causa, y que casi todos los involucrados en la causa lo sabían.^[21][3]