Elecciones municipales de 2027 en Las Palmas de Gran Canaria

Tras las elecciones municipales de 2023, el Partido Socialista se impuso con 12 concejales (uno más que en 2019) en unos comicios muy reñidos, con apenas 500 votos de diferencia respecto al Partido Popular, manteniendo el gobierno para las izquierdas por la mínima al no haber obtenido los populares el décimo concejal. Durante la noche electoral, el PP mantuvo la expectativa de alcanzar el último concejal del PSOE, aunque finalmente se quedó con 9 representantes. Carolina Darias, exministra de Sanidad, fue elegida alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar el cargo (la primera fue Pepa Luzardo, del PP, entre 2003 y 2007). Su elección se produjo por 15 votos a favor: los 12 del PSOE, los 2 de Nueva Canarias y el de la concejala de Podemos, conformando así por tercera vez un tripartito de izquierdas en la capital grancanaria.

Resultados de las elecciones de 2023

Candidatura		Portavoz	Concejales	Notas
	Partido Socialista de Canarias (PSOE)	Francisco Spínola	12
	Partido Popular de Canarias (PP)	Jimena Delgado	9
	Vox	Alberto Rodríguez	3	Clotilde Sánchez abandonó en septiembre de 2025 el Grupo Municipal de VOX para pasar a ser no adscrita.[1]
	Nueva Canarias-F. Amplio (NC-FAC)	Pedro Quevedo	1	José Eduardo Ramírez, concejal de transporte y presidente del Distrito Centro, pasó a ser no adscrito al darse de baja del grupo de Nueva Canarias por su marcha al partido del alcalde de Gáldar, el populista Teodoro Sosa, Primero Canarias[2]
	Unidas Sí Podemos (USP)	Gemma Martínez	1
	Coalición Canaria (CCa)	David Suárez	1
	No adscritos	José Eduardo Ramírez Clotilde Sánchez	2

La situación de Las Palmas de Gran Canaria a mediados de la década de 2020 se caracteriza por un contexto de transformación urbana y controversia política. Desde la llegada de Carolina Darias a la alcaldía en junio de 2023, la ciudad ha experimentado tanto avances en proyectos de renovación y políticas sociales como críticas relacionadas con la limpieza urbana, la seguridad ciudadana, la gestión administrativa y diversas investigaciones sobre contratos municipales. Durante el mandato de Darias, el clima político municipal se ha visto marcado por un notable aumento de la confrontación entre el grupo de gobierno y la oposición.

El Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) han denunciado en repetidas ocasiones lo que consideran una “persecución institucional” contra concejales críticos, técnicos y exresponsables del consistorio, a través de expedientes disciplinarios y decisiones administrativas que —según la oposición— tendrían motivaciones políticas. Diversos portavoces de la oposición han acusado al equipo de Darias de utilizar los recursos municipales para hostigar a adversarios políticos o desacreditar públicamente sus denuncias sobre gestión y contratos.

La alcaldesa ha respondido que dichas acusaciones forman parte de una estrategia de “judicialización de la vida pública” y ha defendido la legalidad y transparencia de todas las actuaciones municipales. En 2024 y 2025, se registraron múltiples enfrentamientos en plenos municipales, con intervenciones suspendidas y acusaciones mutuas de manipulación informativa. Medios locales como Canarias7 y La Provincia han señalado que la tensión política ha afectado el debate público, con declaraciones cruzadas sobre presuntas irregularidades, “censura” en actos vecinales y la supuesta utilización partidista de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento.

Asimismo, representantes de colectivos ciudadanos han denunciado represalias indirectas por parte de concejalías ante críticas públicas en redes o medios de comunicación, algo que el consistorio ha negado oficialmente. La alcaldesa ha subrayado en varias ocasiones que su gobierno “actúa con rigor, legalidad y respeto institucional”, y ha acusado a la oposición de crear “una narrativa de persecución sin fundamento”.

Uno de los episodios más controvertidos del mandato de Carolina Darias como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha sido el relativo al proceso de expropiación de viviendas en el barrio de Las Torres, en la zona alta de la ciudad. El conflicto se originó a raíz del proyecto de urbanización y renovación urbana impulsado por el Ayuntamiento, que contempla la reordenación de varias parcelas y la cesión de terrenos para nuevos equipamientos y espacios públicos. Dentro de este plan, se incluyó la declaración de utilidad pública y la expropiación forzosa de una serie de viviendas ocupadas por familias desde hace décadas, algunas de las cuales alegan haberlas adquirido legalmente o haberlas heredado.

El consistorio argumentó que la actuación responde a la necesidad de regularizar y reordenar un área edificada de manera irregular, en la que parte de las viviendas carecen de título de propiedad formal o de licencia de obra. Según la alcaldesa, el objetivo del plan es “garantizar el derecho a una vivienda digna y a un entorno urbano seguro”, ofreciendo a los afectados alternativas de realojo o compensación económica conforme a la ley. Sin embargo, vecinos y colectivos sociales han acusado al Ayuntamiento de actuar con opacidad, sin diálogo ni participación real, denunciando que los propietarios afectados no fueron informados adecuadamente ni consultados antes de que se iniciaran los procedimientos expropiatorios. Algunas familias afirman que recibieron las notificaciones con apenas días de margen, sin acceso a los expedientes completos ni posibilidad efectiva de presentar alegaciones.

Durante 2024 y 2025, se organizaron manifestaciones y concentraciones vecinales frente al edificio consistorial y en la propia barriada, reclamando la paralización del proceso y la apertura de una mesa de diálogo. Los portavoces del movimiento vecinal denunciaron que el Ayuntamiento habría tasado las viviendas a precios muy inferiores al valor de mercado, ofreciendo indemnizaciones insuficientes para adquirir otra residencia en la ciudad. Partidos de la oposición como el Partido Popular (PP), VOX y Coalición Canaria (CC) han respaldado las protestas vecinales, acusando al gobierno municipal de “insensibilidad social” y de promover un “urbanismo de desalojo” que perjudica a familias de bajos ingresos. Por su parte, la alcaldesa Darias ha negado cualquier intención de desahuciar sin alternativas y ha asegurado que “ninguna familia quedará desamparada”, comprometiéndose a revisar caso por caso y a mantener reuniones personales con los afectados.

El conflicto ha generado un debate público más amplio sobre la gestión del suelo urbano en Las Palmas de Gran Canaria, el acceso a la vivienda y el modelo de ciudad. Urbanistas y asociaciones cívicas han cuestionado la falta de planificación previa y la ausencia de un plan general actualizado que contemple soluciones de vivienda asequibles sin recurrir a la expropiación forzosa. Hasta mediados de 2025, el proceso continúa pendiente de resoluciones judiciales y administrativas. Algunas familias han presentado recursos contencioso-administrativos contra los decretos de expropiación, mientras que el Ayuntamiento mantiene su compromiso de ejecutar el plan “dentro del marco legal y con criterios de justicia social”.

• En agosto de 2025 se informó que la Fiscalía Anticorrupción investiga 34 contratos adjudicados “a dedo” por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por un montante de unos 354.517 € en menos de 23 meses. Se apunta al posible fraccionamiento de contratos y a la concentración de adjudicaciones en empresas vinculadas entre sí.^[3] Entre las empresas investigadas figuran Exyum Pro21, Azur Pro24 y Horus Pro24, administradas por una misma persona, que habrían obtenido contratos culturales y de ocio. Se ha informado que la Fiscalía ha pedido una prórroga para analizar más de 20.000 documentos administrativos vinculados a unas 12 empresas que recibieron adjudicaciones directas o fraccionadas, sin concurso público.^[4] La Sociedad de Promoción de Las Palmas está bajo investigación por la adjudicación de contratos a empresas supuestamente sin solvencia o con vínculos ocultos, lo que ha generado críticas sobre la opacidad institucional.^[5]

• La Operación Valka investiga supuestas irregularidades urbanísticas y de contratación en la empresa pública de gestión urbanística Geursa, incluyendo posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. En 2024 se realizaron registros policiales.^[6] En ese contexto, cinco personas fueron investigadas por su presunta participación en una trama organizada dedicada a favorecer a determinados empresarios con decisiones urbanísticas irregulares. Las críticas de partidos de la oposición también apuntan a demoras en obras previstas: por ejemplo, una obra en San Roque con plazo inicial de seis meses sigue sin terminar varios años después. L

Durante el mandato de Carolina Darias, la limpieza urbana en Las Palmas de Gran Canaria ha sido un tema recurrente de debate y controversia. Varias zonas de la ciudad, en particular los barrios periféricos y algunos sectores históricos como Vegueta, Triana y San José, han experimentado problemas relacionados con la acumulación de residuos, presencia de roedores, maleza en aceras y parques, así como el deterioro del mobiliario urbano. Vecinos y asociaciones vecinales han denunciado que en determinados días la recogida de basura es irregular, especialmente durante fines de semana o festivos, y que las campañas de concienciación ciudadana han resultado insuficientes para mantener la limpieza constante.

El Ayuntamiento ha respondido con la implementación de planes de mantenimiento progresivos, incluyendo

• Refuerzo de la recogida de residuos en barrios críticos, con equipos especializados en limpieza de vías públicas y gestión de desechos voluminosos.

• Contratación de servicios de control de plagas para ratas y otros roedores, con un presupuesto superior a 800.000 €, según informes municipales.
• Sanciones a particulares por incumplimiento de la normativa de residuos, incluyendo abandonos de basura en la vía pública y alimentación de palomas en lugares no autorizados.
• Mantenimiento de parques y zonas verdes, aunque la cobertura no siempre ha sido uniforme y algunos espacios han permanecido descuidados durante períodos prolongados. Algunos medios de comunicación y colectivos vecinales han subrayado que la gestión de limpieza refleja desigualdades territoriales, con un mantenimiento más efectivo en las zonas turísticas y céntricas frente a barrios periféricos. Esta percepción ha generado malestar ciudadano y ha sido objeto de cobertura mediática. El PP ha criticado la actuación municipal, señalando falta de planificación y supervisión en los contratos de limpieza, y acusando al gobierno de priorizar la estética de zonas centrales en detrimento de barrios populares. No obstante, la alcaldesa Darias ha defendido la legalidad y transparencia de los contratos, así como la progresividad de las actuaciones, argumentando que la mejora de la limpieza urbana requiere tiempo y coordinación con empresas, vecinos y entidades municipales. En conjunto, la situación de la limpieza urbana durante este periodo ha reflejado un equilibrio entre avances parciales en la gestión y persistencia de problemas estructurales, con impacto en la percepción vecinal y en la cobertura mediática sobre la administración local.

La oposición ha denunciado un aumento de delitos graves como homicidios y agresiones sexuales en la ciudad, acusando al equipo de gobierno de minimizar la inseguridad. En contraste, el Ayuntamiento reporta una reducción del 1,9 % en la criminalidad convencional en el primer semestre de 2025. En septiembre de 2025 surgió una polémica sobre la falta de bomberos tras incendios en Vegueta y el Puerto: el cuerpo denunció escasez de personal, y la alcaldesa afirmó que los turnos estaban establecidos y que investigaría por qué algunos efectivos no se presentaron. En el ámbito institucional, el PP ha exigido explicaciones sobre los viajes oficiales de Darias, señalando que habría estado 87 días fuera del municipio durante su primer año, lo que consideran excesivo para una alcaldesa. Otra crítica gira en torno a la falta de un Servicio de Intervención de Calle en horario nocturno, según denuncias del PP, VOX y CC, y que algunas zonas verdes permanecen sin atención adecuada.

• Carolina Darias y su equipo argumentan que muchas de las denuncias responden a maniobras políticas de la oposición para “judicializar” su gestión más que a hechos probados.
• En cuanto a limpieza y control de plagas, la alcaldesa mencionó que se adjudicó un contrato de control de roedores por más de 800.000 €, y que se retirarán gallos y gallinas presentes en barrios que podrían propiciar presencia de roedores.
• En relación con vivienda y recursos institucionales, Darias afirmó que el Gobierno canario le notificó recientemente que no hay recursos disponibles para políticas habitacionales, algo que atribuye a limitaciones externas a su gestión local.
• También ha dicho que se reunirá “casa a casa” con vecinos para abordar controversias sobre posibles expropiaciones y otros conflictos urbanos, y negó que decisiones sobre vivienda estén ya tomadas.