Emigración francesa (1789-1815)

Adversarios a la Revolución francesa

Apenas tres días tras la Toma de la Bastilla, el 17 de julio de 1789, el conde de Artois, el futuro Carlos X de Francia, acompañado de Jules de Polignac y algunos otros grandes señores de la corte de Luis XVI, fueron los primeros aristócratas franceses en emigrar al extranjero. Se reunieron primero en Turín, en la corte del Reino de Cerdeña, cuyo monarca era suegro del conde de Provenza, en dicho lugar se les unieron el conde de Artois y su hermana Clotilde de Francia y después se trasladaron al Electorado de Tréveris, donde reinaba el tío materno del conde de Artois, Clemente de Sajonia. El marqués de Bouillé, Charles Alexandre de Calonne, el príncipe de Bourbon-Condé y la mayoría de los aristócratas cercanos a la corte francesa no tardaron en seguirlos.

Conforme los Estados generales de Francia primero y la Asamblea Nacional después, empezaban a reducir sustancialmente el poder efectivo de Luis XVI, aumentaba la alarma entre la aristocracia francesa, en tanto los cambios políticos incluían la notable reducción de la influencia de la nobleza francesa en el poder. Desde 1789 el marqués de Bouillé incitó a los partidarios a la corona a que se trasladasen masivamente al extranjero, y para tal fin estableció despachos en París y en las principales ciudades de Francia para acelerar la emigración. También empezaba el exilio de oficiales del ejército y de la marina hostiles a la Revolución, así como de prelados católicos que rechazaban la Constitución civil del clero, votada por la Convención Nacional el 12 de julio de 1790 (y rechazada por el Papado ).

La fallida fuga de Varennes y el posterior arresto de Luis XVI el 21 de junio de 1791 provocó una nueva ola de partidas, ante la hostilidad creciente de jacobinos y girondinos contra el rey Luis y la aristrocracia. Se constató que alrededor de 30 000 personas se marcharon de Francia entre julio de 1789 y el 10 de agosto de 1792, fecha del asalto revolucionario a las Tullerías. Por su parte, el conde de Provenza, futuro Luis XVIII, no se marchó de Francia sino hasta la tarde del 20 de junio de 1791, en la misma jornada de la tentativa de fuga de Luis XVI, pero siguiendo otro itinerario: el de los Países Bajos Austríacos.

Finalmente, los que emigraron más tarde (tras la Masacres de septiembre de 1792 y el principio del Terror) fueron aquellos que se oponían a la Primera República francesa pero que procedían de todo tipo de grupos sociales: artesanos, comerciantes y un gran número de pequeños propietarios campesinos cuyas opiniones políticas causaban riesgo a sus vidas. En su obra Memorias de ultratumba, François-René de Chateaubriand describía "este conjunto confuso de hombres adultos, ancianos que bajaron de sus palomares, "[...] viejos caballeros [...] con capa rasgada, [...] que se arrastran con un bastón y apoyados por el brazo de uno de sus hijos".^[1]

Las zonas de establecimiento de los emigrantes

Los diferentes lugares de asentamiento de estos emigrados dependen especialmente de dónde provienen geográficamente los emigrantes, de ahí que sean muy variados:

• El Bajo Canadá (colonia británica).
• Gran Bretaña, donde el gobierno británico autoriza la apertura de capillas católicas en Londres debido al gran flujo de emigrantes franceses, especialmente en el sur del país (Southampton) y las islas anglonormandas de Jersey y Guernsey;
• Suiza, principalmente los cantones de Neuchâtel, Friburgo, Berna y Basilea. Se cuentan 3700 franceses en el cantón de Friburgo en 1793, siendo dos tercios de ellos eclesiásticos;
• Alemania, en ciudades como Hamburgo, Colonia y sobre todo en la zona de Tréveris, fronteriza con Francia y donde reinaba el tío materno de Luis XVI de Francia;
• España, hacia las entonces Provincias Vascongadas o Cataluña;
• Italia, como en Trieste, Palermo y Turín;
• Estados Unidos, como el caso de Talleyrand.

La política del gobierno republicano ante los emigrados

Si en 1789 y 1790 era relativamente fácil emigrar desde Francia, incluso portando los fugitivos sus bienes y dinero en efectivo, esto se hizo mucho más complicado a partir de 1791. Las autoridades revolucionarias temieron una fuga de capitales en gran escala que podría ser nefasta para la economía francesa si continuaba. Además, los emigrantes pronto se dedicaron a hacer propaganda contra el gobierno revolucionario de Francia, promovieron la Primera Coalición para que otros estados europeos se enfrentasen al nuevo régimen por las armas y restablecieran el absolutismo real y desde mediados de 1792 formaron el Ejército de los emigrados para apoyar militarmente a la Primera Coalición.

Ante ello, la Asamblea Nacional emitió leyes para restringir la movilización de posibles emigrantes: el 28 de junio de 1791 quedaba prohibido salir de Francia sin pasaporte, emitido por las autoridades revolucionarias tras invetigar al solicitante, y el 31 de octubre de 1791, por un decreto se ordenó a los emigrantes su regreso antes del primero de enero de 1792 bajo amenaza de ser declarados rebeldes y privados de sus derechos ciudadanos. Un segundo decreto, firmado el 1 de febrero de 1792, reforzaba la obligatoriedad del pasaporte.

Continuando tales esfuerzos, el gobierno revolucionario ordenó el 9 de febrero de 1792 el retorno de los emigrantes bajo pena de una condena a pagar una triple contribución, además de quedar declarados como traidores, y se ordenó a los funcionarios públicos, a la Guardia Nacional y a los soldados del ejército revolucionario francés que arrestaran a todas las personas que fuesen atrapadas intentando salir de Francia sin permiso. Igualmente se prohibió -sin permiso del gobierno revolucionario- sacar de Francia dinero en efectivo, así como objetos de oro y plata, y hubo retenciones de armas, municiones, coches y caballos.

Se tomaron medidas especiales para todos aquellos "cómplices" de ayudar a los emigrantes, se ordenó la confiscación de sus bienes (30 de marzo de 1792), e incluso la pena de muerte para todos los emigrados sorprendidos "llevando armas encima". Muy pronto se formó fuera de Francia el Ejército de los emigrados, compuesto por realistas ansiosos de aprovechar la primera oportunidad que se les brindara para derrocar a la joven República.

En mitad de este proceso, la Asamblea Nacional Constituyente promulgó el 3 de septiembre de 1791 la Constitución francesa de 1791, la primera constitución escrita de la historia francesa, aprobada por Luis XVI, estableciendo una monarquía constitucionaly suprimiendo el absolutismo.

Pocos emigrantes, sin embargo, volvieron a Francia, y continuaron su organización en la frontera. El Legislativo recurrió a duras medidas cuando advirtió de sospechas serias de conspiración contra los franceses más allá de las fronteras del país, llegando a dictar la pena de muerte contra los gobernantes y funcionarios públicos del Estado residentes fuera del reino, así como contra todo aquel que se alistara en el ejército realista.

Los emigrantes se repartieron por casi todos los países de Europa. Aunque fue más especial en las zonas de Alemania, Austria, Rusia, Inglaterra, o en ciudades como Niza, Turín y Coblenza, así como en zonas al otro lado del Atlántico, en la región del Canadá. Sin embargo, con el apoyo de Prusia y Austria, pronto se levantaron un pequeño ejército, y para mediados de 1792, 4000 de ellos llegaron a Trier y se reunieron con los prusianos. Ese mismo año, los emigrantes asolaron las fronteras del noreste.

Durante la sesión del 20 de octubre de 1792, Pierre Victurnien Vergniaud explica delante de la Asamblea Nacional Constituyente el poco temor que deben inspirar "estos rebeldes tan ridículos como insolentes [cuyo] aumento de número no hace más que [...] acrecentar más rápidamente la penuria más absoluta". Afirma que: "Pronto veremos a estos maravillosos mendiants expiar en la vergüenza y la miseria los crímenes de su orgullo.»^[2] De todos modos, la Convención Nacional el 22 de octubre de 1792 castiga a los emigrados vetándolos permanentemente del territorio de la República, condenándolos a muerte si regresan. Estos emigrados ya habían sido condenados a la misma pena de muerte (guillotina) por un decreto precedente. Otro decreto anula después las donaciones realizadas por ellos el 1 de julio de 1789 y una carta del Ministro del Interior dispone la demolición de sus castillos.

Después de la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793, los emigrantes proclamaron "Rey de Francia" en la ciudad alemana de Willengen al joven delfín Luis XVII, que estaba prisionero en la Torre del Temple. La Convención determinó la gravedad de dicha situación, redoblando los esfuerzos para acabar con los emigrados y sus posibles "cómplices" con una nueva ola de arrestos masivos. La radicalización de la Revolución durante el Terror, junto a los triunfos militares de los revolucionarios en la Batalla de Valmy (setiembre de 1792) y la Batalla de Jemappes (noviembre de 1792) habían reducido la fuerza de la coalición antifrancesa y disminuido la importancia militar de los emigrados, a quienes desde setiembre de 1793 era aplicable la Ley de los Sospechosos, que autorizaba arrestos (y condenas) basados en simples sospechas de "actividad contrarrevolucionaria".

A pesar de estas medidas, los leales a la corona que no habían emigrado empezaron revueltas en los departamentos de Francia, como en la Guerra de la Vendée, y la Guerra de los Chuanes, pero la mayor expedición militar ejecutada solamente por el Ejército de los emigrados terminó en fracaso siendo vencidos en el desembarco de Quiberon el 20 de julio de 1795/2 de termidor del año III.

Cuando Robespierre cayó en julio de 1794 y la Reacción termidoriana puso fin al Terror jacobino, muchos emigrantes regresaron con el objetivo de restaurar en el trono de Francia a Luis XVII y por un tiempo la desaparición del joven infante levantó efímeras esperanzas de que hubiera podido huir, hasta que su muerte fue confirmada. Sin embargo, este episodio acabó quedando a un lado, pues en Francia el objetivo de la restauración había quedado a un margen debido a las luchas entre los insurrectos contra la Convención, que acabó estallando en la Insurrección realista del 13 vendimiario del año IV.

Bajo el Directorio, algunos emigrados se encontraban entre los conspiradores del golpe de Estado del 18 de fructidor del año V. y de hecho la sospecha contra ellos se mantuvo como en la "Ley de los rehenes" emitida en julio de 1799. Tras una serie de resoluciones relativas a su expulsión y a su regreso, poco a poco se dan medidas cada vez más tolerantes durante el Consulado de Bonaparte, quien permite a los emigrados el retorno mienras juren lealtad a la Constitución en un intento de superar las divisiones ideológicas entre franceses, hasta que finalmente son amnistiados por el Primer Cónsul, Napoleón Bonaparte, quien permite el retorno de emigrados sin restricciones en abril de 1802.

Las tentativas contrarrevolucionarias

• Ejército de los emigrados: en el electorado de Tréveris, en Coblenza, los emigrantes levantaron tropas bajo el mando del príncipe de Condé con el apoyo del conde de Provenza, futuro Luis XVIII y hermano del rey Luis XVI. Estas manifestaciones armadas alarmaron a la Asamblea Nacional y el 29 de noviembre de 1791 se emite un decreto invitando al rey Luis XVI que pida a los príncipes alemanes dispersar a los emigrados y prohibir que formaran un ejército. El 14 de diciembre de ese año, el gobierno revolucionario avisa al Electorado de Tréveris que si el 15 de enero de 1792 los emigrantes no se han dispersado, el Electorado será considerado enemigo. Reacio a que invadieran su territorio, el Elector prohibió las reuniones militares y el reclutamiento del ejército de emigrados en sus estados, por lo cual el Ejército de los emigrados pasó a formarse en territorios de Reino de Prusia o del Imperio austríaco.
• La conspiración de Jean-Charles Pichegru contra el Directorio en 1797: después de estar a la cabeza del ejército republicano, el general Jean-Charles Pichegru entró en contacto con los emigrados a través de Louis-Borel Fauche. Expulsado del ejército, Pichegru fue depuesto y deportado a la Guyana francesa después del descubrimiento de su participación en el Golpe de Estado del 18 de fructidor del año V (4 de septiembre de 1797). Pichegru se escapó, se unió a los emigrados en Londres y estuvo implicado en la conspiración de Georges Cadoudal para restaurar la monarquía tras volver a Francia de modo clandestino. Tras fracasar el levantamiento realista contra el Directorio, Pichegru fue arrestado y enviado a prisión, donde fue encontrado muerto por estrangulación.
• La conspiración de Georges Cadoudal, en febrero de 1804. Anteriormente, Cadoudal se vio envuelto en el complot de Saint-Pierre, y huyó a Gran Bretaña. Regresó a Francia en 1803 para llevar a cabo un nuevo atentado contra Napoleón Bonaparte esperando con ello una restauración de la monarquía, Aunque Cadoudal logró evadir a las autoridades bonapartistas durante seis meses, finalmente fue arrestado y posteriormente, le declararon culpable y condenado a muerte. Cadoudal se negó a pedir perdón alguno a Bonaparte y fue guillotinado en París, junto a once de sus compañeros.

Lista de emigrantes

En 1793, la Convención Nacional mandó registrar el nombre de los emigrantes divididos por comunas. Tras el triunfo revolucionario en la batalla de Valmy se encontró un libro que indicaba los principales nombres del "Ejercito de Condé". La Convención decretó que de este libro se extraerían los nombres de los emigrados y que esta lista sería impresa, guardada y enviada a todos los municipios.

En noviembre de 1792, el nombre de todos los emigrantes proscritos fueron incluidos en la lista. En esta época, se publica una en la que se refleja la identidad de aquellos que vivían en París. En febrero de 1795, los diputados de la Convención, tras haber excluido a los ciudadanos que no habían rellenado los formularios requeridos por las leyes o no se habían inscrito en las listas, decretan que en adelante todas las inscripciones serían sometidas a un examen por parte del comité de legislación para ser confirmadas o desmentidas por éste.

El 25 de abril del mismo año, con objetivo de impedir la vuelta a Francia de numerosos emigrados, que conseguían obtener falsos certificados de residencia, la Asamblea decide que las decisiones tomadas por este comité serían impresas y que únicamente la Convención nacional tendría poder en este asunto.

La inscripción en esta lista, con un total de 32 000 nombres, equivalía a la pena de muerte.

Leyes y decretos contra los emigrados

Las acciones hostiles de los emigrados llevaron pronto al gobierno revolucionario a tomar una serie de medidas más estrictas contra ellos, pero ello no detuvo su hostilidad -dentro o fuera de Francia- hacia la Revolución.

• 28 de junio de 1791: la salida de Francia sin pasaporte está prohibida;
• En el mismo año, se adopta una triple imposición sobre sus bienes;
• 9 de noviembre de 1791: decreto que declara el "estado de conspiradores" contra la multitud de franceses que han huido del reino;
• 1 de enero de 1792: pena de muerte contra los emigrados que no deseen deponer las armas.^[3]
• 15 de agosto de 1792: mientras el ejército austriaco asaltaba Thionville, el Legislativo, convencido de que el plan y la época de este ataque ya se conocían en París, decreta en la sesión de la tarde del miércoles 15 de agosto de 1792 que las esposas y los hijos de los emigrantes, serían considerados como rehenes;
• 12 de septiembre de 1792: decreto sobre el estado de las rentas y las pensiones para excluir de ellas a los emigrados;
• 13 de septiembre de 1792: decreto sobre el secuestro de bienes de los emigrados, relacionado con la ley del 8 de abril de 1792;
• 14 de septiembre de 1792: ley sobre el divorcio. La emigración de uno de los esposos se considera como una causa justificada de divorcio;
• 7 de octubre de 1792: se autoriza ejecutar a los emigrados condenados a muerte veinticuatro horas después de su juicio;
• 23 de septiembre de 1792: los emigrados son expulsados a perpetuidad del territorio de la República y aquellos que retornen son castigados con la muerte;
• 28 de marzo de 1793: ley relacionada con la deportación de los emigrados a la Guayana Francesa;
• 22 de julio de 1793: los ciudadanos de las ciudades rebeldes contra la República son considerados como emigrados y se confiscan sus bienes;
• 5 de marzo de 1794: decreto en el que se considera como emigrados a las personas que les envían dinero;

Bajo el Terror una serie de decretos ordena el secuestro de los bienes de los emigrados, incluidos aquellos de sus padres. Éstos eran asimismo privados de libertad, marcados con impuestos especiales, y declarados incapaces de ejercer las funciones públicas. El Directorio continuó con estas mismas exigencias.

Bienes de los emigrados

Algunos refugiados en el extranjero se negaban a obedecer el decreto de 1791 que les ordenaba volver a Francia antes del 1 de enero de 1792 bajo pena de muerte y retirada de sus bienes, por lo que muchos de esos bienes fueron agregados por el gobierno revolucionario a las propiedades eclesiásticas y las de dominio real ya pertenecientes a los bienes nacionales.

Numerosos decretos aparecieron de forma sucesiva durante los años siguientes, todos relativos a la venta de estos bienes, a su nacionalización, a promover la rapidez de su venta, y al depósito de los fondos y títulos pertenecientes a los emigrados. Los bienes muebles e inmuebles también pasaron a ser propiedad de la República. Se otorgaron recompensas a aquellos que informaban de los bienes de emigrados que habían escapado, así como aquellos que descubrían dinero o bienes de valor escondidos. En 1793, la Convención decretó que quienes rechazaran nacionalizar los bienes de emigrados serían castigados a diez años de cárcel.

El 25 de abril de 1802 (6 floreal del año X), Bonaparte declareó que los emigrados podían regresar en posesión de los bienes que todavía pertenecían a la nación, a excepción de bosques e inmuebles pertenecientes al servicio público. Ello no era extensivo a los bienes que ya habían sido adquiridos por nuevos propietarios, pues éstos seguirían siendo de propiedad de los nuevos dueños.

Le Journal des émigrés

Este periódico facilitó en sus páginas un listado con todos los nombres de los emigrantes, ubicados por departamento, y añadiendo su hogar, situación y renta familiar, así como la universalidad de sus bienes, cuya venta fue ordenada en un decreto por la Convención. De efímera existencia, desapareció en 1793.

El Concordato y la vuelta de los religiosos

El 15 de julio de 1801 (25 mesidor del año IXIX^[4]) se firma el Concordato entre el gobierno francés y el papa Pío VII, que vuelve a poner en causa la Constitución civil del clero en 1790. En efecto, en 1790, los eclesiásticos franceses habían debido jurar fidelidad a la Constitución, lo que les convertía en una especie de funcionarios estatales. El Concordato de 1801 anula este acto de 1790. y el gobierno de Bonaparte reconocía así que la religión católica, apostólica y romana era la religión de la gran mayoría de ciudadanos franceses (lo que constituye el comienzo de la desaparición progresiva de la iglesia galicana^[5] en Francia) y el papado vuelve a ser la fuente de la institución canónica ya que vuelve a nombrar a los obispos. En este contexto, los religiosos que habían emigrado o se refugiaban en el extranjero desde 1789 firman las actas de sumisión, aceptando la nueva organización de la Iglesia de Francia.

El obispo de Pamiers Joseph-Mathieu d'Agoult en 1786, posteriormente presidente de los Estados de Foix, había emigrado al comienzo de la revolución. Además de por sus numerosos panfletos políticos, también era conocido por sus estudios económicos. En una carta del 5 de agosto de 1802, comunica su sumisión al consulado de Francia en Hamburgo: "Charles, Constant, César, Loup, Joseph, Mathieu d'Agoult, antiguo obispo de Pamiers, deseando volver a mi patria, declaro que estoy en comunión con los obispos de Francia nombrado en ejecución del concordato entre el gobierno francés y su Santidad Pío VII y que seré fiel al gobierno establecido por la Constitución y no establecer, ni directa ni indirectamente ninguna relación ni correspondencia con los enemigos del Estado".^[6]

El retorno de los emigrados

Bajo el Consulado, la vuelta de los emigrados a Francia se acelera. Napoleón Bonaparte tiene como objetivo poner un fin a las divisiones nacidas durante la Revolución. El establecimiento de certificados de residencia había favorizado una primera ola de retornos: estos certificados debían permitir distinguir a los emigrados verdaderos de los aparentes emigrados. Debían ser verificados por testigos y por autoridades municipales cuya veracidad se autentificaba. Durante el régimen consulario, numerosas medidas de pacificación regulaban estas vueltas. Los emigrados, a cambio, debían jurar fidelidad durante los veinte días posteriores a estas medidas bajo la fórmula simple "Prometo fidelidad a la Constitución". El Senado bonapartista acuerda la amnistía general a los emigrados^[7]pero muchos de ellos, leales a los Borbones y fieles a la memoria de Luis XVII de Francia se mantienen fuera de Francia.