La Escuelita era el principal centro clandestino de detención de Neuquén, enmarcado en las políticas de terrorismo de Estado llevadas a cabo por la dictadura militar, que consistían en la tortura y el asesinato de personas que estaban en desacuerdo con el régimen.
Ocupaba dos edificios del Batallón, separados por 10 metros aproximadamente.[1] Uno de ellos era una casa vieja, que servía para el alojamiento de los detenidos, con literas superpuestas en cada habitación. Las paredes estaban blanqueadas, el piso era de cemento y el techo de chapas. Entre la pared y la chapa del techo quedaba un espacio por donde corría aire. Había un hueco en el techo para torreta de vigilancia. Los detenidos que pasaron por allí eran trasladados a la cárcel, vueltos a llevar para ser torturados o bien a otros penales, incluso hubo detenidos desaparecidos que pasaron por esta unidad. La construcción tenía un baño con lavatorio chico, letrina y ducha y la puerta de acceso era de color marrón con visor.
El otro edificio, que luego fue demolido, era un galpón de chapas, techo a medio arco, puerta corrediza color rojo antióxido, con un piso de ladrillos.[1] Había una comunicación peatonal con el Batallón. El acceso principal a través de una tranquera, controlada por el Puesto de Guardia 5.[3]
El 8 de febrero de 2009, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a ocho exmilitares y ordenó que se mantengan las actuales condiciones de detención oportunamente dispuestas por el Tribunal en la unidad penal 5 de General Roca (Causa 666/08).
Se condenó al médico Hilarión de la Pas Sosa (quien se desempeñaba como Jefe de Sanidad del Comando de Brigada de la Subzona 52 y prestaba servicio en La Escuelita) a 20 años de prisión por ser partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y asociación ilícita.
En diciembre de 2015, comenzaron los juicios a 22 imputados por delitos cometidos contra 28 personas, de las cuales 14 se encuentran desaparecidas. Actuaron como querellantes en la causa la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).[1]
En enero de 2016, dos exintegrantes de las fuerzas armadas, que habían sido absueltos, resultaron condenados, luego de que la Cámara de Casación revirtiera un fallo del tribunal. Uno de ellos fue Jorge Osvaldo Gaetani, oficial jefe de la Sección de la Compañía “B” del Batallón, quien fue condenado a tres años de prisión. Además, se aumentaron las penas a otros once exmilitares y policías que habían sido condenados en el año 2012.[4]
En 2021 fueron condenados con perpetua para el jefe de Inteligencia del Comando en Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, además a Di Pasquale, Molina Ezcurra, San Martín, Guglielminetti, Páez, Condal, Granada, Taffarel y Tejada. En tanto, se sentenció a doce años de prisión a Capella, a seis a Penchulef, a cinco años y seis meses a Cancrini, y a cinco años a Huircaín. Fue absuelto, Jorge Soza.
